el sentimiento Patrio aflora y aunque no lo creas somos Millones los Andinos a los que SÍ nos importa lo nuestro.
en esto si lamento contradecirlo y decirle que esos millones no pasan de ser unos cuantos que postearan en facebook imágenes de rechazo y hasta crearan grupos donde tendrán cientos de likes. pero donde vemos gente en las calles haciendo una marcha nacional exigiéndole al gobierno el desacato total de ese fallo? donde están esos millones en las calles o agolpados exigiendo que se defiende incluso por las armas nuestra soberanía. ?????????'en ninguna parte ni caribes ni andinos. a duras penas los isleños hicieron una marchita y eso por que son ellos los mas perjudicados. yo no veo dolor patrio cuando la guardia venezolana se mete a los caseríos colombianos a extorsionar a robar y maltratar campesinos? yo no veo esos millones señor spiderman siento mucho contradecirlo
“Por decisión del Gobierno se ha permitido que ustedes permanezcan en esta área ejerciendo labores de pesca”, dice Armada de Colombia a faeneros de Nicaragua. También han avisado a Fuerza Naval de este país que no aplicarán fallo
Los pescadores nicaragüenses que aprovechan las aguas que fueron recuperadas por Nicaragua a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el 19 de noviembre 2012, aseguran que en la zona la presencia de las fragatas colombianas es permanente e incluso, hasta con medios aéreos, mientras que la Fuerza Naval nicaragüense tiene limitada presencia. Los colombianos les comunican vía radiocomunicadores que ese territorio es de Colombia.
De acuerdo con grabaciones hechas por pescadores nicaragüenses, desde los buques colombianos se envían advertencias a embarcaciones nacionales y a la misma Fuerza Naval, de que no acatan la sentencia de la CIJ en favor de Nicaragua.
El 29 de enero de 2014, la armada colombiana dijo por radio a la Fuerza Naval de Nicaragua, que “no es aplicable el fallo de La Haya, por lo tanto, las unidades de la Armada de la República de Colombia continuarán ejerciendo soberanía sobre estas aguas”.
Los miembros de la Fuerza Naval de Nicaragua respondieron que ese era territorio nicaragüense y para cerrar le dicen a los colombianos “que tengan buen día”.
BUQUE RECIBE MENSAJE
Ese mismo día, la embarcación Snayder de bandera nicaragüense, que salió del Bluff, se encontraba faenando en la zona y recibió el mensaje de la misma fragata militar colombiana: “son aguas jurisdiccionales de Colombia y seguiremos ejerciendo soberanía”.
El capitán de la embarcación nicaragüense les respondió que esa orden no sería acatada porque “hasta donde yo sé, estamos en aguas nicaragüenses, sino aceptan es problema de ustedes”.
De la fragata colombiana aseguran que “por decisión del Gobierno se ha permitido que ustedes permanezcan en esta área ejerciendo labores de pesca”.
En la conversación en poder de LA PRENSA se escucha que los pescadores dicen que “se iba a armar (un conflicto)”, pues habían dos fragatas colombianas y apenas una embarcación nicaragüense.
LA PRENSA consultó con el coronel Manuel Guevara Rocha, jefe de Relaciones Públicas del Ejército, pero este refirió que harían las consultas correspondientes para luego pronunciarse sobre el caso.
PESCADORES NICAS NO SE AMEDRENTAN
Dijo que los pescadores nicaragüenses antes del fallo entraban a faenar por la noche, para no ser abordados por buques colombianos, pero que a partir del fallo los mensajes de las patrulleras colombianas son a cada rato, sin embargo, los pescadores no se amedrentan y siguen faenando.
Otro pescador que no quiso ser identificado dijo que la presencia militar colombiana en la zona es mayor que la de nuestro país. “De los colombianos andan varias fragatas, y hasta helicópteros, y de la Fuerza Naval de Nicaragua, con costo anda un buque que no tiene capacidad para cubrir todo el territorio marítimo asignado”, explicó.
PREOCUPA ACTITUD DE COLOMBIA
Guillermo Membreño Zelaya, maquinista de la embarcación Delfín 3, dijo que lleva nueve años de faenar en las aguas del Caribe, y para los nacionales fue un gran logro el fallo de La Haya, sin embargo, explicó que les preocupa que los colombianos no quieran acatarlo y los presionen con mensajes de que andan faenando en aguas colombianas.
Desde que la pesca artesanal en el Pacífico se ha visto afectada por los cambios climáticos y la pesca inadecuada, varios pescadores de San Juan del Sur y de otras partes del Pacífico se han ido a faenar al Caribe.
Pobres nicas, los miembros de la ARC incluso le dicen en sus narices a los de la naval nica que el fallo es inaplicable, muy buena la grabación que esta en esa pagina, hay que reconocerle este merito a Santos.
Si a mi casa llegara alguien y se metiera en mi sala,no solamente le diria,estas en mi casa sin permiso, tambien le diria salga inmediatamente. y si no lo hace lo saco a empujones o en el peor de los casos a garrote corrido.
Viendo un informe sobre el mismo tema presentado por RCN hoy (emisión de las 7pm), creo que desde el mismo buque Snyder le contestan a la armada que si el fallo no se aplica es problema de colombia, como dando a entender que no se van y seguramente buscando provocar un incidente internacional que a todas luces les conviente.
Si a mi casa llegara alguien y se metiera en mi sala,no solamente le diria,estas en mi casa sin permiso, tambien le diria salga inmediatamente. y si no lo hace lo saco a empujones o en el peor de los casos a garrote corrido.
El problema aquí es que según el banco esa ya no es tu casa. Es la casa del vecino, el tiene las escrituras y tu la estas ocupado ilegalmente.
La nota es muy clara: Colombia no ha implementado el fallo al día de hoy.
El problema es que el banco se valio de triquiñuelas, de abuso, de documentos invaalidos, prevaricando para quitarte tu casa y tu la tienes que seguir defendiendo antes que el vecino entre y te robe hasta los cucos
Shogun23 escribió:
Y lo que falta cuando Venezuela se le de por ir por la Guajira , ya saben que los cachacos la entregaran alegremente , este es un país de cafres mal gobernado por orangutanes con sacoleva como dijo Echandia , estos Andinos han sido y siguen siendo nefastos para Colombia y el Caribe estos son los verderos enemigos de Colombia , sólo son valientes para matarse entre ellos mismos y a mansalva y sobreseguro , donde firmo para independizarnos de la región Andina de Colombia ? , todo el Caribe Colombiano incluyendo el archipielago de San Andres y todo el Pacifico Colombiano deberian secesionarse de la region Andina Colombiana , que se queden como Bolivia sin salida al mar no se lo merecen y nunca han luchado por el mar , que se jodan.
1) Venezuela y una invasión a La Guajira es una hipótesis, sólo eso.
2) No se puede generalizar al afirmar que somos un "país de cafres", pués eso aplicaría para cada ciudadano que haya nacido en nuestro suelo, incluyéndote Shogun23.
3) Tampoco se puede generalizar y decir que nos han gobernado Orangutanes.
4) ¿Independizarte de la Región Andina? ¿Quieres que busque lo que tú mismo has dicho sobre la región Caribe, Shogun? ¿No has dicho que Barranquilla es un Editado por el sistema? ¿Que has dicho de los Char, Lafaurie y cía? ¿O es que esos también son cachacos?
Yo también soy Andino, ¿Cuál es mi "pecado"? Reitero, no se puede generalizar.
5) El Laudo Arbiral nos obligaba a ceder
6) En la perdida de Panamá (1903) conspiró contra nosotros una emergente Potencia Militar....EEUU. La misma potencia que 5 años atrás derrotó a tu amada España.
7) Por último, es cierto lo que dices respecto a que hemos estado de espaldas al mar, pero ni siquiera ahora en esta disputa con Nicaragua en una era de comunicaciones, en una era de declaraciones que se hacen virales en la red, en esta era de la información y la inmediatéz TAN diferente a otras en las que se cedió territorio el sentimiento Patrio aflora y aunque no lo creas somos Millones los Andinos a los que SÍ nos importa lo nuestro.
PD: ¿Shogun, cuando hablamos de los Milloncitos de kilómetros que perdió España cuando fué Imperio?
Auf Wiedersehen.
Spider… analisando lo que se ha dicho de la falta de gobierno de estos cachacos…. solo sirven para robar para sus hijos y dejar a los otros a merced de la necesidad…. creo que deberíamos dejarlos solos e independizarnos los santanderes y boyada por un lado y del otro la costa… este gobernante es un fiasco. saludos
Se puede entender claramente que el gobierno tiene en su mente aceptar el fallo,solo basta con leer lo que dice la super canciller cuando dice.DEBEMOS APRENDER DE OTROS PAISES QUE NOS HAN DADO LECCIONES RECIENTEMENTE EN ESTE SENTIDO.
Que canallada de esa miserable.
El gobierno siempre ha dicho que no se desacata el fallo, pero que no se puede implementar como está. Colombia en éste momento no puede decirle a los nicas que les acepten por las buenas la Zona Contigua integral y que deje pescar a los colombianos en las aguas que ya en derecho les otorgó la haya, por eso lo hace por la vía de la fuerza. A demás existen en curso otras d{os demandas de Nicarag[ua que hacen imposible negociar unos términos "aceptables" para la implementación del fallo. Hoy los nicas sencillamente no van a negociar nada y por lo tanto no será posible implementar el fallo, como sí lo harán Perú y Chile.
La mayoría de intervenciones en la Corte Constitucional lo pidieron
'Hay que acatar el fallo de La Haya'
El Espectador conoció los conceptos del Gobierno, la Procuraduría y las facultades de derecho de prestigiosas universidades que fueron enviados al alto tribunal en desarrollo de la controversia por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia en noviembre de 2012.
El presidente Juan Manuel Santos el día que explicaba por qué no aceptaba la decisión emitida por la Corte de La Haya. / Presidencia
Entró en la recta final la definición de la demanda que interpusieron ante la Corte Constitucional el presidente Juan Manuel Santos y tres ciudadanos más contra el Pacto de Bogotá, que en 1961 reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver controversias entre países que suscribieron dicho tratado. El magistrado Mauricio González Cuervo está a punto de entregar su ponencia sobre este polémico asunto, que tuvo como origen el desacato del Gobierno al fallo adverso que le quitó al país 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo en la frontera con Nicaragua.
El 19 de noviembre de 2012, casi 11 años después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ, este alto tribunal con sede en Holanda delimitó marítimamente la frontera y reiteró la soberanía de Colombia sobre todas las islas, los islotes y cayos que se encuentran al este del meridiano 82. No obstante, dicha sentencia fue objetada de inmediato por el gobierno Santos, que declaró la inaplicabilidad de dicho fallo y anunció el retiro del Estado del Pacto de Bogotá. De inmediato se abrió un debate jurídico que aún no termina y que tendrá que dirimir la Corte Constitucional en la primera semana de mayo.
El Espectador conoció la esencia de las intervenciones que llegaron a la Corte por parte del Estado colombiano, la Procuraduría, varias universidades y académicos internacionalistas. Tan sólo la Academia Colombiana de Jurisprudencia y un par de profesores de Derecho Internacional apoyaron la tesis del gobierno Santos de que no puede aceptarse el fallo de La Haya, pues el artículo 101 de la Constitución establece que los límites de Colombia sólo pueden definirse a través de un tratado aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. El resto, la gran mayoría, de conceptos enviados al alto tribunal no dejan lugar a dudas: debe acatarse sin reparo alguno la sentencia de la CIJ.
Además del presidente Santos, los ciudadanos Juan Carlos Moncada, Jéssica Alejandra Mancipe y Carlos Eduardo Borrero demandaron la inconstitucionalidad de la Ley 137 de 1961 aprobatoria del Pacto de Bogotá. La Cancillería envió a la Corte un concepto en el que pidió tumbar dicha norma porque viola la constitución y puso como antecedente la sentencia que derogó el Concordato entre el Vaticano y Colombia en 1993. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese precedente muestra que la Corte Constitucional sí puede modificar tratados internacionales cuando estos continúan produciendo efectos en el país.
Por último, la Cancillería sostuvo que aunque la Carta de las Naciones Unidas habla de la naturaleza vinculante de la CIJ, no hace mención alguna a la obligación de su cumplimiento inmediato. En ese contexto, según el gobierno, Colombia y Nicaragua podrían negociar un tratado limítrofe para aplicar la sentencia de noviembre de 2012. La Procuraduría le pidió a la Corte declararse inhibida por falta de competencia, ya que revisar un tratado internacional perfeccionado va contra la Constitución, el principio de legalidad y el respeto al Derecho Internacional. E introdujo un argumento preciso: los tratados no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que los Estados cambien su ordenamiento jurídico interno.
La Universidad del Rosario señaló que cualquiera que sea la decisión de la Corte Constitucional, sólo tendrá efectos en el derecho interno y no en el Derecho Internacional. Asimismo, respaldó el poder de la CIJ para fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Su conclusión es que Colombia tiene que acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012, porque de lo contrario se generaría un precedente de responsabilidad internacional. Así las cosas, pidió no acoger la demanda del gobierno y los particulares, pues hubo en su momento una voluntad política del Estado colombiano y de los demás estados que hacen parte del Pacto de Bogotá para respetarlo.
La Facultad de Derecho de la Universidad Externado recalcó que la Carta de las Naciones Unidas consagra una serie de normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otras, el arreglo pacífico de controversias y la buena fe para acatar el resultado de los fallos. Y añadió que cuando Colombia ratificó este pacto, aceptó someter su política exterior a los principios del Derecho Internacional y asumió la obligación de someterse a la jurisdicción de la CIJ. Asimismo, consideró que los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional.
La Universidad Sergio Arboleda coincidió con los conceptos anteriores en el sentido de que la Corte de La Haya puede definir asuntos limítrofes y que Colombia al ser parte del tratado tiene que cumplir el fallo. Entre otras cosas, advirtió que la actitud del Estado colombiano de presentarse en todo momento ante el tribunal internacional para defender sus intereses constituye una prueba concluyente de que hasta que conoció la sentencia adversa, sí reconocía la competencia de la CIJ. Es decir, reprochó que apenas se perdió el territorio marítimo, ahí sí el gobierno denunció el Pacto de Bogotá y lo declaró inaplicable.
La Academia Colombiana de Derecho Internacional (Acoldi) concluyó que el respeto de Colombia por el Derecho Internacional ha sido una práctica y una costumbre de naturaleza constitucional y que, por tanto, no hay salida distinta, ni política ni jurídica, que entregar esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Además indicó que el pacto cuestionado no se opone al artículo 101 de la Constitución, pues el Congreso participó de forma voluntaria y espontánea en la adopción de la ley aprobatoria del tratado, transmitiendo de forma parcial sus poderes para que en un evento controversial un caso fuera decidido por la justicia internacional.
También intervinieron el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, el exmagistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy y el profesor Ricardo Abello. Casi todos los conceptos enviados a la Corte aseguran que Colombia quedaría muy mal parqueada en el concierto internacional si no acata el fallo de noviembre de 2012. El presidente y los tres demandantes más están convencidos de que tienen la razón, que ese llamado Pacto de Bogotá va en contravía de la Carta Política y que no se puede aceptar la entrega de ese territorio marítimo. La Corte dirimirá la controversia a tres semanas de la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y, qué duda queda, su decisión traerá sus coletazos en la contienda política.
La denuncia al Pacto de Bogotá
El pasado 27 de noviembre entró en vigencia la denuncia hecha por el Estado colombiano al Pacto de Bogotá ante la OEA, acto que se realizó en protesta al fallo emitido por la CIJ que determinó los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.
Esta acción fue una jugada que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos para evitar que mientras se resuelva la denuncia, Colombia no pueda ser demandada ni demandar ante la CIJ.
Sin embargo, según explicaron diferentes expertos, esta situación sólo representa un alejamiento parcial de la corporación internacional, ya que para dejar de ser parte de ésta se requeriría que se retirara de la Carta de la ONU y eso por lo pronto no va a suceder. Además, esto tampoco significa que el fallo a favor de Nicaragua quede sin efecto. Esta reacción de Colombia no fue bien vista en el ámbito internacional, porque lo deja mal parado frente a futuros pleitos internacionales.
El costo de la defensa ante la CIJ
Casi US$2 millones es lo que se ha gastado el Gobierno colombiano para defender sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego de que esta corporación en noviembre de 2012 le arrebatara un pedazo de mar al país, para entregárselo a Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos empezó a contratar una serie de abogados para saber qué salidas jurídicas tenía el país. En medio de la tensa situación se contrató a Juan Daniel Jaramillo (en dos ocasiones), quien recibió por su primera asesoría un pago de $10 millones y por el segundo, $58 millones. Por su parte, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000. Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió uno que fue finalizado antes de tiempo, sin embargo, tuvo un costo de $139’200.000. Además de los abogados colombianos, también a la firma británica Volterra Fietta por US$800.000.
jlaverde@elespectador.com
Aunque muchos académicos sugieran que hay que entregar esta parte del territorio nacional, se les olvida que al no reconocer el pacto de Bogota, la costa occidental de Nicaragua nos pertenece.
Y unas FFMM lideradas por unos oficiales apátridas más pendientes de llenarse el buche que defender la soberanía y la integridad territorial por encima de esos gobernantes ineptos y cobardes
Comentarios
en esto si lamento contradecirlo y decirle que esos millones no pasan de ser unos cuantos que postearan en facebook imágenes de rechazo y hasta crearan grupos donde tendrán cientos de likes. pero donde vemos gente en las calles haciendo una marcha nacional exigiéndole al gobierno el desacato total de ese fallo? donde están esos millones en las calles o agolpados exigiendo que se defiende incluso por las armas nuestra soberanía. ?????????'en ninguna parte ni caribes ni andinos. a duras penas los isleños hicieron una marchita y eso por que son ellos los mas perjudicados. yo no veo dolor patrio cuando la guardia venezolana se mete a los caseríos colombianos a extorsionar a robar y maltratar campesinos? yo no veo esos millones señor spiderman siento mucho contradecirlo
http://www.laprensa.com.ni/2014/02/07/portada/181499-colombia-sigue-desacato
El problema aquí es que según el banco esa ya no es tu casa. Es la casa del vecino, el tiene las escrituras y tu la estas ocupado ilegalmente.
La nota es muy clara: Colombia no ha implementado el fallo al día de hoy.
Spider… analisando lo que se ha dicho de la falta de gobierno de estos cachacos…. solo sirven para robar para sus hijos y dejar a los otros a merced de la necesidad…. creo que deberíamos dejarlos solos e independizarnos los santanderes y boyada por un lado y del otro la costa… este gobernante es un fiasco. saludos
Que canallada de esa miserable.
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/nicaragua-no-debe-ser-tema-de-campana-articulo-473756
Yo diría que no solo la señora canciller… TODO EL PERSONAL DE LA CASA DE NARIÑO en cabeza del señor santos
'Hay que acatar el fallo de La Haya'
El Espectador conoció los conceptos del Gobierno, la Procuraduría y las facultades de derecho de prestigiosas universidades que fueron enviados al alto tribunal en desarrollo de la controversia por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia en noviembre de 2012.
El presidente Juan Manuel Santos el día que explicaba por qué no aceptaba la decisión emitida por la Corte de La Haya. / Presidencia
Entró en la recta final la definición de la demanda que interpusieron ante la Corte Constitucional el presidente Juan Manuel Santos y tres ciudadanos más contra el Pacto de Bogotá, que en 1961 reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para resolver controversias entre países que suscribieron dicho tratado. El magistrado Mauricio González Cuervo está a punto de entregar su ponencia sobre este polémico asunto, que tuvo como origen el desacato del Gobierno al fallo adverso que le quitó al país 75.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo en la frontera con Nicaragua.
El 19 de noviembre de 2012, casi 11 años después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ, este alto tribunal con sede en Holanda delimitó marítimamente la frontera y reiteró la soberanía de Colombia sobre todas las islas, los islotes y cayos que se encuentran al este del meridiano 82. No obstante, dicha sentencia fue objetada de inmediato por el gobierno Santos, que declaró la inaplicabilidad de dicho fallo y anunció el retiro del Estado del Pacto de Bogotá. De inmediato se abrió un debate jurídico que aún no termina y que tendrá que dirimir la Corte Constitucional en la primera semana de mayo.
El Espectador conoció la esencia de las intervenciones que llegaron a la Corte por parte del Estado colombiano, la Procuraduría, varias universidades y académicos internacionalistas. Tan sólo la Academia Colombiana de Jurisprudencia y un par de profesores de Derecho Internacional apoyaron la tesis del gobierno Santos de que no puede aceptarse el fallo de La Haya, pues el artículo 101 de la Constitución establece que los límites de Colombia sólo pueden definirse a través de un tratado aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. El resto, la gran mayoría, de conceptos enviados al alto tribunal no dejan lugar a dudas: debe acatarse sin reparo alguno la sentencia de la CIJ.
Además del presidente Santos, los ciudadanos Juan Carlos Moncada, Jéssica Alejandra Mancipe y Carlos Eduardo Borrero demandaron la inconstitucionalidad de la Ley 137 de 1961 aprobatoria del Pacto de Bogotá. La Cancillería envió a la Corte un concepto en el que pidió tumbar dicha norma porque viola la constitución y puso como antecedente la sentencia que derogó el Concordato entre el Vaticano y Colombia en 1993. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese precedente muestra que la Corte Constitucional sí puede modificar tratados internacionales cuando estos continúan produciendo efectos en el país.
Por último, la Cancillería sostuvo que aunque la Carta de las Naciones Unidas habla de la naturaleza vinculante de la CIJ, no hace mención alguna a la obligación de su cumplimiento inmediato. En ese contexto, según el gobierno, Colombia y Nicaragua podrían negociar un tratado limítrofe para aplicar la sentencia de noviembre de 2012. La Procuraduría le pidió a la Corte declararse inhibida por falta de competencia, ya que revisar un tratado internacional perfeccionado va contra la Constitución, el principio de legalidad y el respeto al Derecho Internacional. E introdujo un argumento preciso: los tratados no pueden derogarse tan sólo con el hecho de que los Estados cambien su ordenamiento jurídico interno.
La Universidad del Rosario señaló que cualquiera que sea la decisión de la Corte Constitucional, sólo tendrá efectos en el derecho interno y no en el Derecho Internacional. Asimismo, respaldó el poder de la CIJ para fijar límites fronterizos y establecer la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones. Su conclusión es que Colombia tiene que acatar el fallo del 19 de noviembre de 2012, porque de lo contrario se generaría un precedente de responsabilidad internacional. Así las cosas, pidió no acoger la demanda del gobierno y los particulares, pues hubo en su momento una voluntad política del Estado colombiano y de los demás estados que hacen parte del Pacto de Bogotá para respetarlo.
La Facultad de Derecho de la Universidad Externado recalcó que la Carta de las Naciones Unidas consagra una serie de normas cuyo cumplimiento no puede soslayar Estado alguno, entre otras, el arreglo pacífico de controversias y la buena fe para acatar el resultado de los fallos. Y añadió que cuando Colombia ratificó este pacto, aceptó someter su política exterior a los principios del Derecho Internacional y asumió la obligación de someterse a la jurisdicción de la CIJ. Asimismo, consideró que los estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno para excusarse de cumplir una obligación internacional.
La Universidad Sergio Arboleda coincidió con los conceptos anteriores en el sentido de que la Corte de La Haya puede definir asuntos limítrofes y que Colombia al ser parte del tratado tiene que cumplir el fallo. Entre otras cosas, advirtió que la actitud del Estado colombiano de presentarse en todo momento ante el tribunal internacional para defender sus intereses constituye una prueba concluyente de que hasta que conoció la sentencia adversa, sí reconocía la competencia de la CIJ. Es decir, reprochó que apenas se perdió el territorio marítimo, ahí sí el gobierno denunció el Pacto de Bogotá y lo declaró inaplicable.
La Academia Colombiana de Derecho Internacional (Acoldi) concluyó que el respeto de Colombia por el Derecho Internacional ha sido una práctica y una costumbre de naturaleza constitucional y que, por tanto, no hay salida distinta, ni política ni jurídica, que entregar esos 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Además indicó que el pacto cuestionado no se opone al artículo 101 de la Constitución, pues el Congreso participó de forma voluntaria y espontánea en la adopción de la ley aprobatoria del tratado, transmitiendo de forma parcial sus poderes para que en un evento controversial un caso fuera decidido por la justicia internacional.
También intervinieron el internacionalista Enrique Gaviria Liévano, el exmagistrado de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy y el profesor Ricardo Abello. Casi todos los conceptos enviados a la Corte aseguran que Colombia quedaría muy mal parqueada en el concierto internacional si no acata el fallo de noviembre de 2012. El presidente y los tres demandantes más están convencidos de que tienen la razón, que ese llamado Pacto de Bogotá va en contravía de la Carta Política y que no se puede aceptar la entrega de ese territorio marítimo. La Corte dirimirá la controversia a tres semanas de la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y, qué duda queda, su decisión traerá sus coletazos en la contienda política.
La denuncia al Pacto de Bogotá
El pasado 27 de noviembre entró en vigencia la denuncia hecha por el Estado colombiano al Pacto de Bogotá ante la OEA, acto que se realizó en protesta al fallo emitido por la CIJ que determinó los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.
Esta acción fue una jugada que realizó el gobierno de Juan Manuel Santos para evitar que mientras se resuelva la denuncia, Colombia no pueda ser demandada ni demandar ante la CIJ.
Sin embargo, según explicaron diferentes expertos, esta situación sólo representa un alejamiento parcial de la corporación internacional, ya que para dejar de ser parte de ésta se requeriría que se retirara de la Carta de la ONU y eso por lo pronto no va a suceder. Además, esto tampoco significa que el fallo a favor de Nicaragua quede sin efecto. Esta reacción de Colombia no fue bien vista en el ámbito internacional, porque lo deja mal parado frente a futuros pleitos internacionales.
El costo de la defensa ante la CIJ
Casi US$2 millones es lo que se ha gastado el Gobierno colombiano para defender sus intereses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Luego de que esta corporación en noviembre de 2012 le arrebatara un pedazo de mar al país, para entregárselo a Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos empezó a contratar una serie de abogados para saber qué salidas jurídicas tenía el país. En medio de la tensa situación se contrató a Juan Daniel Jaramillo (en dos ocasiones), quien recibió por su primera asesoría un pago de $10 millones y por el segundo, $58 millones. Por su parte, Joaquín Polo Montalvo, contratado entre el 7 de marzo y el 7 de junio de 2013, recibió por su asesoría $34’800.000. Con Carlos Gustavo Arrieta la Cancillería suscribió uno que fue finalizado antes de tiempo, sin embargo, tuvo un costo de $139’200.000. Además de los abogados colombianos, también a la firma británica Volterra Fietta por US$800.000.
jlaverde@elespectador.com
Aunque muchos académicos sugieran que hay que entregar esta parte del territorio nacional, se les olvida que al no reconocer el pacto de Bogota, la costa occidental de Nicaragua nos pertenece.
Cordial saludo
con una canciller inútil con un gobierno inútil, con un montón de inútiles. en fin
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