Y unas FFMM lideradas por unos oficiales apátridas más pendientes de llenarse el buche que defender la soberanía y la integridad territorial por encima de esos gobernantes ineptos y cobardes
Parece que nunca se te olvida, Shogun, de que país hablas; es lamentable decir que tienes razón. saludos
Bueno mientras que el sector politico y militar de Colombia se enredan contando tres gallinas amarradas para equipar mejor las ffmm ya hay un interés vivo entre Rusia y China por el canal de Nicaragua, con los acontecmientos de Ucrania y la geopolitica en america empezaron ellos a mover las piezas de ajedrez:
Bueno mientras que el sector politico y militar de Colombia se enredan contando tres gallinas amarradas para equipar mejor las ffmm ya hay un interés vivo entre Rusia y China por el canal de Nicaragua, con los acontecmientos de Ucrania y la geopolitica en america empezaron ellos a mover las piezas de ajedrez:
Y Colombia…. o mejor el gobierno de Colombia, que?… bien gracias desconociendo su soberanía a cambio de que no digan que somos guerristas (a pesar de que no tenemos con que defender a nuestra gente y territorio)… nos ponen a temblar solo con que nos califiquen así… como sería si nos plantean otra vez conflicto?… el gobierno se caga del miedo… los políticos sacan a sus hijos del país y la canciller a buscar rodilleras. saludos
Eso sí está como raro. Si Colombia desconociera su soberanía, entonces, ¿qué carajos están haciendo las OPV-80 en el M82?.
Lo que yo tenggo entendido es que no se está acatando el fallo y por eso la ARC está en el M82 de forma permanente.
A veces no entiendo sus contradicciones...
Andrés pero yo tengo entendido que también las lanchas nicas entran más allá del meridiano 82, osea se podría decir que actualmente la soberanía es compartida.
Otro paso que se da para desconocer el fallo de La Haya
El 'no' del magistrado González al fallo de La Haya
El Espectador conoció la ponencia de 277 páginas del magistrado Mauricio González, en la que se advierte que el territorio colombiano sólo puede ser modificado mediante un tratado aprobado por el presidente y no por orden de un juez internacional.
Por: Juan Sebastián Jiménez Herrera / Juan David Laverde Palma
Ese alto tribunal se apresta a decidir si avala o no la ponencia de 277 páginas presentada por el magistrado Mauricio González Cuervo, en la que plantea una tesis sencilla aunque controversial: que el territorio colombiano no puede ser modificado sin un tratado aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, y ratificado por el presidente. En redondo, lo que traduce esa interpretación es que el fallo de la CIJ es inconstitucional e inaplicable para Colombia, tal como lo ha advertido desde noviembre de 2012 el jefe de Estado.
En la ponencia conocida por El Espectador, González Cuervo sostiene que aunque el fallo de La Haya es inconstitucional, esto no implica que el Pacto de Bogotá deba ser declarado inexequible como lo solicitaron en sus demandas el presidente Santos y el abogado Juan Carlos Moncada. La ponencia sostiene que “el Pacto de Bogotá es constitucional siempre y cuando se entienda que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en las materias a las que alude, no puede comprender la decisión de asuntos que puedan implicar la variación de la situación general del territorio o afectar la integración del mismo en los términos establecidos en el artículo 101 de la Constitución”.
En palabras castizas, la ponencia reconoce la competencia de la CIJ para dirimir conflictos entre Estados, excepto cuando ese tribunal emite fallos que puedan variar las fronteras del territorio colombiano. Y apoya esa tesis en el artículo 101 de la Carta Política de 1991, que advierte que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.
De esta manera, asegura González Cuervo, “no es adecuado afirmar que la adopción de una decisión por parte de la CIJ tenga la aptitud, desde la perspectiva del derecho interno, de fijar o modificar directamente los límites de Colombia. Según el magistrado, reconocer la competencia de la CIJ para fallar sobre temas relativos al territorio “enfrentaría al Estado colombiano al dilema de respetar su Constitución y asumir una eventual responsabilidad internacional o de atender la obligación internacional y vulnerar su Carta”.
Y luego le lanza un salvavidas al presidente Juan Manuel Santos: “El Estado colombiano, por medio del Gobierno, está en la obligación de abstenerse de aceptar el mecanismo que suponga una dificultad de carácter constitucional”. Pero, ¿cómo hacer para que Colombia no quede como un paria ante la comunidad internacional al no reconocer la competencia de la CIJ en este aspecto? ¿Cómo hacer para que Colombia no quede como un mal perdedor, como un Estado que incumple sus compromisos y que se vale de sus cortes para avalar la inaplicabilidad del fallo? Este aspecto será medular en la discusión, según fuentes consultadas en la Corte.
La ponencia de González Cuervo dice al respecto que, primero que todo, no se puede obligar a un Estado a que acate fallos que vayan en contra de su voluntad y ordenamiento y, segundo, que en virtud del deber de resolver pacíficamente sus controversias con otros Estados, Colombia puede acudir a otros mecanismos para resolver esta controversia, “como los previstos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario”.
Al respecto establece que el Gobierno está en la obligación de “acudir a otro medio de solución de controversias —aun si no está previsto en el tratado— para resolver pacíficamente una disputa”, ya que, dice González, “la decisión que adoptará esta corporación no implica el desconocimiento o la conclusión de la obligación internacional de no recurrir al uso de la fuerza para resolver las disputas (…). El Estado colombiano continúa obligado a tramitar y resolver pacíficamente las controversias internacionales que se puedan suscitar en materia de fijación o modificación de límites”.
Y agrega la ponencia: “Así las cosas, las consecuencias que para el Estado colombiano puedan derivarse en derecho internacional como resultado de no cumplir una decisión judicial, no conducen inequívocamente a un resultado contrario a la Carta, dado que las autoridades disponen de la facultad o autorización —bajo el derecho internacional— y la obligación —bajo el derecho interno— de emplear los medios, mecanismos, formas o medidas para cumplir previstos en la Constitución”.
En esa perspectiva de encontrar un punto intermedio en el debate, la ponencia “sugiere como alternativas o bien la modificación del vínculo internacional de manera que no se oponga a la Constitución, mediante la utilización de los remedios jurídicos correspondientes, o bien la adopción de medidas de derecho interno que hagan posible superar la incompatibilidad”. Aunque González refiere vehemente que “en cada situación, las autoridades políticas competentes —y no la Corte Constitucional— deberán determinar el procedimiento que debe seguirse”, lo que sí deja claro la ponencia es que, de darse un tratado con Nicaragua, habría que consultar previamente a las comunidades que se verían afectadas por el mismo antes de que éste entre en vigor.
Si la Corte aprueba la ponencia de González, esto significaría una victoria para el gobierno Santos, ya que aunque no se declara inconstitucional el Pacto de Bogotá, sí se declara inconstitucional su competencia para decidir sobre los límites de Colombia. Una victoria determinante en momentos en los que Santos ve tambalear su reelección. Sea cual sea el sentido del fallo, ya hay roncha en el interior de la Corte. Algunos magistrados consideran que el alto tribunal terminará perdiendo con cara y con sello. Si se obliga al presidente a acatar el fallo de La Haya, muchos podrían interpretar que la Corte es entreguista. Si ocurre lo contrario, añaden las mismas fuentes, la Corte quedaría como un tribunal que desconoce fallos de jueces internacionales. La encrucijada queda planteada.
Eso sí está como raro. Si Colombia desconociera su soberanía, entonces, ¿qué carajos están haciendo las OPV-80 en el M82?.
Lo que yo tenggo entendido es que no se está acatando el fallo y por eso la ARC está en el M82 de forma permanente.
A veces no entiendo sus contradicciones...
Andrés pero yo tengo entendido que también las lanchas nicas entran más allá del meridiano 82, osea se podría decir que actualmente la soberanía es compartida.
Las que están pasando son las lanchas nicas CIVILES que ya tenían permisos aprobados de hace rato, no de ahora ni tampoco lanchas militares nicas....
Y dura batalla en la Corte, lo bueno es que la tienen clara: de no aceptar la ponencia = TRAIDORES...
Y complementando aún más, traigo éste aparte de la nota de El Tiempo:
En varias oportunidades la Corte ha señalado que los tratados y obligaciones internacionales que obligan, sin ningún tipo de esguince, son los que se refieren al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. Sobre ese tema no hay discusión.
Pero hay otros tratados anteriores al 91 que sí están abiertos al examen de la Corte y, dice el documento, entre ellos está el Tratado de Bogotá, y que lo que este establece en materia de límites va en contravía de la Carta del 91. La ponencia apunta a que el Presidente, como lo señaló el año pasado, está impedido para cumplir el fallo de La Haya porque estaría violando la Constitución.
González recuerda también que no es la primera vez que la Corte Constitucional tomaría una decisión en contra de un tratado vigente. En 1993, en una de sus decisiones más sonadas, la primera Corte Constitucional tumbó parte del Concordato, firmado con la Santa Sede y vigente desde un siglo antes. En ese momento, la Corte decidió que los apartes de ese tratado que se referían al matrimonio civil y algunos referentes a la educación de las comunidades indígenas iban en contravía de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y el derecho interno.
ziker escribió:
En palabras castizas, la ponencia reconoce la competencia de la CIJ para dirimir conflictos entre Estados, excepto cuando ese tribunal emite fallos que puedan variar las fronteras del territorio colombiano. Y apoya esa tesis en el artículo 101 de la Carta Política de 1991, que advierte que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.
Esa! Esa! debe ser la actitud, así de contundente. Posición que contrasta con la del Candidato Óscar Iván Zuluaga quien sugiere una Consulta Popular para preguntarle a los Colombianos si se aplica o no el Fallo.
"ARTICULO 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.
Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales."
Le agrego que la misma constitución mas adelante:
"ARTICULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección."
En definitiva... en este asunto de tanta delicadeza... que se haga una consulta popular y que sea el pueblo colombiano el que decida... especialmente el pueblo san andresano... y que sea Dios y el pueblo el que decida. saludos
Pero según la noticia dice que se están entrenando para fortalecerse de esta manera: "estamos fortaleciendo el patrullaje y vigilanciaen las aguas restituidas a Nicaragua” ¿estan mandando a decir algo con estos entrenamientos?
Ellos siempre van a mandar a decir algo. Es como si acá cogiéramos y empezáramos a decirles:
Señores Nicas, compramos LAVIII para ponérselos en Providencia y en San Andrés para defender lo nuestro.
Señores Nicas, vamos a comprar F-16 Block 50/52 para ponerlos en el aeropuerto de San Andrés
Señores Nicas, vamos a comprar unas Bremen Class para ponérselas en el M82 y ver qué intentan hacer.
Señores Nicas, vamos a construir 6 fragatas de última tecnología para ponérselas en la raya allá a ver qué hacen.
Claro que en honor a la verdad, las OPV que se han construido todas han ido para la raya, y la CPV-40 de Fassmer, y demás cosas que hemos construido, modernizado y comprado... jejejeje
La Arc tiene ojos sobre todo eso, nada militar pasa del meridiano,es mas les comento que la Arc no quiere que ocurra una situacion tipo Tupolev, estan atentos a todo eso.
La Arc tiene ojos sobre todo eso, nada militar pasa del meridiano,es mas les comento que la Arc no quiere que ocurra una situacion tipo Tupolev, estan atentos a todo eso.
donde están los emociones… por favor quiero poner unos aplausos… señor administrador, mire a ver si se puede poner emoticones; quiero saludar este post… ojalá así sea, que nuestras fuerzas militares y de defensa hagan precisamente esto… que defiendan nuestra soberanía, sea donde sea (pero nuestro territorio). saludos
Comentarios
Parece que nunca se te olvida, Shogun, de que país hablas; es lamentable decir que tienes razón. saludos
http://www.laproximaguerra.com/2014/04/china-y-rusia-se-embarcan-en-un-gran-juego-geopolitico-nuevo-canal-de-panama.html
Y Colombia…. o mejor el gobierno de Colombia, que?… bien gracias desconociendo su soberanía a cambio de que no digan que somos guerristas (a pesar de que no tenemos con que defender a nuestra gente y territorio)… nos ponen a temblar solo con que nos califiquen así… como sería si nos plantean otra vez conflicto?… el gobierno se caga del miedo… los políticos sacan a sus hijos del país y la canciller a buscar rodilleras. saludos
Eso sí está como raro. Si Colombia desconociera su soberanía, entonces, ¿qué carajos están haciendo las OPV-80 en el M82?.
Lo que yo tenggo entendido es que no se está acatando el fallo y por eso la ARC está en el M82 de forma permanente.
A veces no entiendo sus contradicciones...
Andrés pero yo tengo entendido que también las lanchas nicas entran más allá del meridiano 82, osea se podría decir que actualmente la soberanía es compartida.
El 'no' del magistrado González al fallo de La Haya
El Espectador conoció la ponencia de 277 páginas del magistrado Mauricio González, en la que se advierte que el territorio colombiano sólo puede ser modificado mediante un tratado aprobado por el presidente y no por orden de un juez internacional.
Por: Juan Sebastián Jiménez Herrera / Juan David Laverde Palma
Ese alto tribunal se apresta a decidir si avala o no la ponencia de 277 páginas presentada por el magistrado Mauricio González Cuervo, en la que plantea una tesis sencilla aunque controversial: que el territorio colombiano no puede ser modificado sin un tratado aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional, y ratificado por el presidente. En redondo, lo que traduce esa interpretación es que el fallo de la CIJ es inconstitucional e inaplicable para Colombia, tal como lo ha advertido desde noviembre de 2012 el jefe de Estado.
En la ponencia conocida por El Espectador, González Cuervo sostiene que aunque el fallo de La Haya es inconstitucional, esto no implica que el Pacto de Bogotá deba ser declarado inexequible como lo solicitaron en sus demandas el presidente Santos y el abogado Juan Carlos Moncada. La ponencia sostiene que “el Pacto de Bogotá es constitucional siempre y cuando se entienda que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en las materias a las que alude, no puede comprender la decisión de asuntos que puedan implicar la variación de la situación general del territorio o afectar la integración del mismo en los términos establecidos en el artículo 101 de la Constitución”.
En palabras castizas, la ponencia reconoce la competencia de la CIJ para dirimir conflictos entre Estados, excepto cuando ese tribunal emite fallos que puedan variar las fronteras del territorio colombiano. Y apoya esa tesis en el artículo 101 de la Carta Política de 1991, que advierte que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República”.
De esta manera, asegura González Cuervo, “no es adecuado afirmar que la adopción de una decisión por parte de la CIJ tenga la aptitud, desde la perspectiva del derecho interno, de fijar o modificar directamente los límites de Colombia. Según el magistrado, reconocer la competencia de la CIJ para fallar sobre temas relativos al territorio “enfrentaría al Estado colombiano al dilema de respetar su Constitución y asumir una eventual responsabilidad internacional o de atender la obligación internacional y vulnerar su Carta”.
Y luego le lanza un salvavidas al presidente Juan Manuel Santos: “El Estado colombiano, por medio del Gobierno, está en la obligación de abstenerse de aceptar el mecanismo que suponga una dificultad de carácter constitucional”. Pero, ¿cómo hacer para que Colombia no quede como un paria ante la comunidad internacional al no reconocer la competencia de la CIJ en este aspecto? ¿Cómo hacer para que Colombia no quede como un mal perdedor, como un Estado que incumple sus compromisos y que se vale de sus cortes para avalar la inaplicabilidad del fallo? Este aspecto será medular en la discusión, según fuentes consultadas en la Corte.
La ponencia de González Cuervo dice al respecto que, primero que todo, no se puede obligar a un Estado a que acate fallos que vayan en contra de su voluntad y ordenamiento y, segundo, que en virtud del deber de resolver pacíficamente sus controversias con otros Estados, Colombia puede acudir a otros mecanismos para resolver esta controversia, “como los previstos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario”.
Al respecto establece que el Gobierno está en la obligación de “acudir a otro medio de solución de controversias —aun si no está previsto en el tratado— para resolver pacíficamente una disputa”, ya que, dice González, “la decisión que adoptará esta corporación no implica el desconocimiento o la conclusión de la obligación internacional de no recurrir al uso de la fuerza para resolver las disputas (…). El Estado colombiano continúa obligado a tramitar y resolver pacíficamente las controversias internacionales que se puedan suscitar en materia de fijación o modificación de límites”.
Y agrega la ponencia: “Así las cosas, las consecuencias que para el Estado colombiano puedan derivarse en derecho internacional como resultado de no cumplir una decisión judicial, no conducen inequívocamente a un resultado contrario a la Carta, dado que las autoridades disponen de la facultad o autorización —bajo el derecho internacional— y la obligación —bajo el derecho interno— de emplear los medios, mecanismos, formas o medidas para cumplir previstos en la Constitución”.
En esa perspectiva de encontrar un punto intermedio en el debate, la ponencia “sugiere como alternativas o bien la modificación del vínculo internacional de manera que no se oponga a la Constitución, mediante la utilización de los remedios jurídicos correspondientes, o bien la adopción de medidas de derecho interno que hagan posible superar la incompatibilidad”. Aunque González refiere vehemente que “en cada situación, las autoridades políticas competentes —y no la Corte Constitucional— deberán determinar el procedimiento que debe seguirse”, lo que sí deja claro la ponencia es que, de darse un tratado con Nicaragua, habría que consultar previamente a las comunidades que se verían afectadas por el mismo antes de que éste entre en vigor.
Si la Corte aprueba la ponencia de González, esto significaría una victoria para el gobierno Santos, ya que aunque no se declara inconstitucional el Pacto de Bogotá, sí se declara inconstitucional su competencia para decidir sobre los límites de Colombia. Una victoria determinante en momentos en los que Santos ve tambalear su reelección. Sea cual sea el sentido del fallo, ya hay roncha en el interior de la Corte. Algunos magistrados consideran que el alto tribunal terminará perdiendo con cara y con sello. Si se obliga al presidente a acatar el fallo de La Haya, muchos podrían interpretar que la Corte es entreguista. Si ocurre lo contrario, añaden las mismas fuentes, la Corte quedaría como un tribunal que desconoce fallos de jueces internacionales. La encrucijada queda planteada.
Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-no-del-magistrado-gonzalez-al-fallo-de-haya-articulo-489227
Las que están pasando son las lanchas nicas CIVILES que ya tenían permisos aprobados de hace rato, no de ahora ni tampoco lanchas militares nicas....
Y dura batalla en la Corte, lo bueno es que la tienen clara: de no aceptar la ponencia = TRAIDORES...
http://www.eltiempo.com/justicia/argumentos-de-la-ponencia-que-impide-aplicar-fallo-de-la-haya_13895618-4
Esa! Esa! debe ser la actitud, así de contundente. Posición que contrasta con la del Candidato Óscar Iván Zuluaga quien sugiere una Consulta Popular para preguntarle a los Colombianos si se aplica o no el Fallo.
En eso NO apoyo a Zuluaga.
Auf Wiedersehen.
"ARTICULO 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.
Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.
Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales."
Le agrego que la misma constitución mas adelante:
"ARTICULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección."
En definitiva... en este asunto de tanta delicadeza... que se haga una consulta popular y que sea el pueblo colombiano el que decida... especialmente el pueblo san andresano... y que sea Dios y el pueblo el que decida. saludos
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/318357-rusos-nicas-forman-muro-de-contencion-antidrogas
Señores Nicas, compramos LAVIII para ponérselos en Providencia y en San Andrés para defender lo nuestro.
Señores Nicas, vamos a comprar F-16 Block 50/52 para ponerlos en el aeropuerto de San Andrés
Señores Nicas, vamos a comprar unas Bremen Class para ponérselas en el M82 y ver qué intentan hacer.
Señores Nicas, vamos a construir 6 fragatas de última tecnología para ponérselas en la raya allá a ver qué hacen.
Claro que en honor a la verdad, las OPV que se han construido todas han ido para la raya, y la CPV-40 de Fassmer, y demás cosas que hemos construido, modernizado y comprado... jejejeje
donde están los emociones… por favor quiero poner unos aplausos… señor administrador, mire a ver si se puede poner emoticones; quiero saludar este post… ojalá así sea, que nuestras fuerzas militares y de defensa hagan precisamente esto… que defiendan nuestra soberanía, sea donde sea (pero nuestro territorio). saludos
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