ViceDefensa se reúne con Subsecretario Adjunto de Defensa de EE. UU.
Publicado el 29 ene. 2018
El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales,
Aníbal Fernández de Soto, se reunió con una delegación del gobierno de
Estados Unidos presidida por el subsecretario Adjunto de Defensa para el
hemisferio occidental, Sergio de la Peña y el Subsecretario de Defensa
adjunto para Amenazas Globales contra narcóticos. A la reunión también
asistieron los altos mandos Militares y de Policía colombianos.
“Colombia está lista y tiene las capacidades para participar en operaciones de paz”: ViceDefensa Martínez
Fuerte Militar Tolemaida, primero de febrero de 2018
Durante su recorrido estuvo acompañada por los Subsecretarios de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y para los asuntos Antinarcóticos y las Amenazas Globales, Sergio de la Peña y Thomas Alexander, respectivamente, quienes además tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los altos niveles de entrenamiento y las capacidades de los uniformados en áreas como el desminado humanitario, transporte helicoportado, manteniendo de aeronaves y operaciones especiales.
“Para Colombia es un honor contar con esta visita que ha consistido en poder constatar, por cuenta del Gobierno de Estados Unidos, que todo ese apoyo y cooperación que nos han dado durante tantos años, hoy podemos mostrarles las capacidades que hemos creado a lo largo de estas últimas décadas”, señaló la Viceministra.
Destacó igualmente que hoy Colombia cuenta, no solamente con los equipos técnicos, sino con personal altamente capacitado para el cumplimiento de convenios internacionales en materia de desminado humanitario.
“También hemos visto las capacidades recién creadas en el tema de desminado humanitario. En este momento ya tenemos más de 6.000 hombres entrenados y con los equipos necesarios y se está avanzado permanentemente para poder cumplir con las metas de la Convención de Ottawa”, afirmó Martínez.
Los subsecretarios de Defensa norteamericanos, de visita en el Fuerte Militar, conocieron además las capacidades adquiridas por las fuerzas especiales del Ejército Nacional, quienes en una estrecha colaboración con las demás especialidades de la Fuerza Pública, han logrado los más importantes golpes en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y en general contra los Grupos Armados Organizados.
Finalmente, la Viceministra destacó que las Fuerzas Militares colombianas y sus capacidades ya están listas para participar activamente en misiones de paz, lo que le permitirá al país retribuir al mundo todo el apoyo y cooperación multilateral que ha recibido en la últimas décadas para la lucha contra los principales actores armados que buscan desestabilizar social y económicamente a la nación.
“Colombia está lista y cuenta con altos niveles de entrenamiento, integridad y competencia para poder poner al servicio del mundo las capacidades de nuestro Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional”, puntualizó.
Se fortalecen relaciones de Seguridad y Defensa Colombia - Brasil
Publicado el 22 feb. 2018
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmó junto a su homólogo,
Raul Belens Jugmann, un acuerdo de entendimiento que corrobora la ayuda
de Brasil para Colombia en materia de desminado humanitario. Villegas dijo que se espera que en 2021, Colombia se declare un país libre de minas antipersona.
Ministros de Defensa y Relaciones Exteriores viajan a Brasil para fortalecer lazos de cooperación
Bogotá, 20 de febrero de 2018
Los
ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín, viajarán este miércoles a Brasil con el propósito
de fortalecer los lazos de cooperación entre los dos países.
En
el Palacio Itamaraty, de la ciudad de Brasilia, Villegas y Holguín, se
reunirán con sus homólogos de Defensa, Raul Belens Jugmann, Relaciones
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira y el ministro de Justicia y Seguridad
Pública, Torquato Lorena Jardim, para revisar temas de seguridad
fronteriza y cooperación en defensa y seguridad.
Posteriormente, la delegación colombiana será recibida por el
presidente de Brasil, Michel Temer, en una audiencia privada que se
realizará en el Palacio Planalto, sede del poder ejecutivo del Gobierno
Federal brasileño.
#ComunicadoDePrensa del @mindefensa en relación a las denuncias hechas por el Gobierno de Venezuela, sobre supuesto reclutamiento de venezolanos en las Fuerzas Armadas de Colombia.
Aca en Colombia lo único que se recluta son esa minoría de hampones venezolanos que le dañan la imagen al resto de gente decente de allá, para el servicio de las bandas criminales y del narcoterrorismo. Y con qué gusto que se regalan esos amantes de la inmoralidad y de la plata fácil.
Creeria que hasta que el gobierno les cumpla ahi si dejaran de hacer estas pendejadas de todos los años.
Una pregunta: que es lo que se les debe cumplir?
Esa es una muy buena pregunta y he aquí la respuesta: son muchos los problemas que aquejan a las población indígena desde la ausencia de puestos de salud y educación hasta los servicios públicos básicos energía, agua, alcantarillado entre otros pero el mas relevante según ellos es el tema de la tierra. Tierras que sirvan a la agricultura comunal como medio de subsistencia el cual esta amparado en la constitución el 91, de esas promesas incumplidas desde el año 99 esta el decreto 982 de 1999.
¿Qué hay detrás de las protestas de los indígenas en el Cauca?
Líderes dicen que Gobierno no ha entregado las más de 25 mil hectáreas pactadas. Mininterior rechaza vías de hecho
Diez mil indígenas se toman cuatro haciendas propiedad del ingenio Incauca en zona rural de Corinto, norte del Cauca, y el Gobierno da la orden a la Fuerza Pública de desalojarlos. Los indígenas dicen que resistirán. Que no se irán de ese lugar y se enfrentarán a quien tengan que hacerlo hasta que el Gobierno decida establecer una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la entrega de tierras que ellos llaman ancestralmente nuestras. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades nativas del norte del Cauca, que iniciaron el miércoles pasado, dejan más de 60 personas heridas, entre policías e indígenas, algunos por armas de fuego. ¿Qué hay detrás de los enfrentamientos? ¿Qué están exigiendo los indígenas? ¿Son justas esas exigencias? ¿Hasta cuándo seguirán los choques?De acuerdo con el consejero indígena del Cric, Feliciano Valencia, las manifestaciones que varios grupos de indígenas están llevando a cabo en el norte del Cauca se enmarcan dentro de un plan denominado liberación de la tierra madre, que busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con las obligaciones estipuladas en el decreto 982 de 1999, en lo que tiene que ver con la entrega de varios miles de hectáreas de tierras a las comunidades nativas del Cauca. Nosotros estamos presionando al Gobierno para que se siente a dialogar y lleguemos a un acuerdo de cumplimiento de la entrega de tierra que legalmente nos pertenece. Ya se ha ordenado la entrega de miles de hectáreas, pero aún no se ha cumplido, afirmó Valencia. El líder indígena hace referencia a las más de 25.000 hectáreas de tierra que el Gobierno se ha comprometido a entregar desde 1991. De acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en 2013, entre las promesas de restitución de tierras a las comunidades indígenas del Cauca, figuran la entrega de 15.663 hectáreas, como reparación a los indígenas Nasa por la masacre del Nilo, ocurrida en 1.991 en zona rural de Caloto.Tal entrega, según el documento de la Contraloría General, debió realizarse entre los años 1992 y 1994, sin embargo, aún no se cumple ni con el 50 % de las obligaciones. Otro de los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades indígenas, es el Acuerdo de La María, firmado en septiembre de 1995 en el que el Estado se comprometió a entregar 5182 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas de Totoró, centro del departamento. Asimismo, el 16 de diciembre de 2005, el Gobierno se comprometió a adquirir 7000 hectáreas de tierra que iban a ser entregadas a las comunidades del Cric, y otras 1000 hectáreas, para ser entregadas a los grupos indígenas de Caldono. Además, indica el documento de la Contraloría General, para el 2006 los indígenas debieron haber recibido otras 8000 hectáreas con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Cauca. De acuerdo con la auditoría llevada a cabo por la Contraloría en 2013, ninguno de los compromisos del Gobierno ha sido cumplido plenamente, por lo cual, la entidad concluyó que revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto. Rechazo a vías de hecho El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que a pesar del esfuerzo del Gobierno por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, aún no se ha podido entregar la totalidad de las tierras pactadas desde 1991. Sin embargo, Cristo rechazó de manera enfática los desórdenes que se han presentado tanto en zona rural de Corinto como en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Mondomo, que desde el pasado miércoles causan serios trastornos de movilidad en toda la zona. El Gobierno rechaza la violación de los derechos de la propiedad privada, que es lo que está pasando en estos momentos en las cuatro haciendas en las cuales los indígenas se han aposentado. Nosotros estamos con toda la disposición de dialogar y de llegar a acuerdos para cumplir con todos los compromisos, pero por ahora pedimos que se respete la propiedad privada, por un lado, y por otro, se respete el derecho a la movilidad de las personas que usan la vía Panamericana, dijo Cristo. De acuerdo con el Ministro, tanto Minagricultura con Mininterior enviarán delegados para dialogar con los líderes indígenas, de modo que se pueda resolver pacíficamente la tensa situación que se vive en las afueras de Corinto.Manuel Lis, vicegobernador del cabildo indígena Páez de Corinto, ha insistido en que las más de 10 mil personas que actualmente se encuentran en las tierras del ingenio Incauca no se retirarán de la zona hasta que no se llegue a un acuerdo. Nosotros estamos aquí a manera de protesta. No es que queramos robarle la tierra a nadie, ni a ninguna empresa ni a ninguna persona, lo que queremos es la reubicación de la gente que vive y trabaja en la zona montañosa del Cauca, pues esa zona es de vocación forestal, y por lo tanto, no podemos seguir llevando a cabo nuestras actividades de agricultura, dijo Lis. De acuerdo con el líder, la reubicación de esas comunidades en la zona plana del departamento es conveniente no solo para ellos sino para toda la industria que se desarrolla en el Cauca, pues la continuación de la agricultura en la zona montañosa terminaría por afectar los nacimientos de agua que alimentan las tierras bajas. Nosotros estamos pensando en el cuidado de la tierra y en el beneficio de todos. El mismo Gobierno sabe que si la agricultura se sigue dando en las montañas, las zonas bajas se irán quedando poco a poco sin agua debido a la deforestación. Líderes políticos de izquierda como Iván Cepeda y Aída Avella han pedido al Gobierno Nacional que atienda con celeridad a las comunidades, para que los enfrentamientos cesen y se pueda crear una hoja de ruta que permita cumplir con las obligaciones estatales. Urge habilitar un espacio de diálogo con los indígenas del Cauca. La confrontación con la Fuerza Pública no puede ser el camino, manifestó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.Aún continúan los choques entre Policía y comunidades indígenas en varias zonas del norte del Cauca. ONU hace llamado al diálogo La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió en la mañana de este sábado los esfuerzos tanto del Gobierno como de las comunidades indígenas del norte del Cauca, para que se establezca una mesa de diálogo que permita frenar la crisis que se vive en Corinto. "Es importante que se reúnan las partes a dialogar y que encuentren puntos en común para solucionar de forma negociada las diferencias. Nos preocupan los hechos de violencia ", dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. Pro otro lado, líderes de la Asociación de cabildos indígenas, Acín, y el Cric, dieron una rueda de prensa el sábado en la mañana en la que expusieron la situación actual de la crisis que se vive en la región y de nuevo, hicieron el llamado al Gobierno para entablar un diálogo.La ONU denunció también la aparición de un panfleto firmado por Águilas Negras y Rastrojos, en el cual se amenaza de muerte a las autoridades indígenas del Norte del Cauca, y se hace referencia concreta a la situación de Corinto. También en los últimos dos días. Las autoridades se encuentran en proceso de investigación para determinar quiénes habrían emitido el panfleto.
Las promesas a medio cumplir a indígenas del Alto Andágueda
Casi tres años después de que se conociera la primera sentencia de tierras que favorecía a una comunidad étnica, son pocas las órdenes de reparación que se han cumplido a cabalidad. Los puntos más críticos son la atención en salud, la construcción de vivienda y la falta de atención en los retornos. Por esas falencias han muerto varios niños menores de cinco años de edad.
En septiembre de 2014 la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia les dio la razón a los indígenas del resguardo Tahami del Alto Andágueda, en Chocó. La sentencia fue emblemática, no solo por ser la primera que cobijó a pueblos indígenas, sino porque las 50 mil hectáreas reconocidas representan cerca del 20 por ciento de la tierra que ha sido restituida en Colombia. El fallo ordenó también la suspensión de los títulos mineros que habían sido adjudicados por la Agencia Nacional Minera sin la debida consulta previa y que se traslapaban con el 62 por ciento del territorio. (Ver:Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
La sentencia no solo dejó en firme los derechos que tienen los indígenas sobre la totalidad de su resguardo, sino que profirió más de 50 órdenes a distintas instituciones estatales naciones y locales para que garantizaran el retorno y el acceso a servicios básicos de las comunidades, que están ubicadas en medio de la espesa selva del oriente chocoano, vecinas a Antioquia y a Risaralda.
El pueblo Embera Katío del Alto Andágueda ha padecido desde hace varias décadas la presencia de grupos guerrilleros, por lo que han sido desplazados reiteradamente. Las guerrillas del Epl, el M-19, el Erg, las Farc y el Eln y otros actores armados se han disputado las minas de oro del resguardo. En 2012 se presentó el mayor desplazamiento cuando más de 2 mil indígenas salieron a raíz de un bombardeo de la Fuerza Pública. (Ver: El oro, la maldición del territorio Embera en Chocó)
Entre otras cosas, el fallo pide que al Alto Andágueda llegue el agua potable, las escuelas, los centros de salud y las viviendas. Para ello se fijaron plazos de no más de seis meses. Las autoridades del resguardo están seguras que el cumplimiento de esta sentencia será definitivo para el resto de decisiones que siguen en fila y marcará el camino de la atención a víctimas de comunidades indígenas.
Sin embargo, casi tres años después son pocas las instituciones que pueden decir que han cumplido a cabalidad lo ordenado. No se han instalado los puestos de salud, las viviendas no cumplen con las expectativas de la comunidad y no se han podido hacer retornos al territorio con todas las garantías que obliga la ley.
“Primero nos reconoce en estrados y luego nos deja a la deriva en medio de los intereses particulares de quienes hacen parte de las instituciones supuestamente encargadas de garantizarnos los derechos”, dijo César Querama, uno los líderes de la comunidad durante la audiencia de seguimiento de sentencia que se realizó en Quibdó a comienzos de abril.
El problema, según expertos consultados por VerdaAbierta.com, es que la mayoría de las instituciones no entrega la reparación de acuerdo a las condiciones del lugar y de la comunidad, como obliga la ley, sino que se limita a entregar medidas de reparación previamente diseñadas. “Hemos tenido grandes discusiones con las instituciones, porque es importante que tengan en cuenta que son comunidades indígenas, que deben aplicar un enfoque diferencial, que todo debe ser acordado previamente, pero lo que vemos es que la mayoría solo quiere acomodar su ‘oferta institucional’ a como dé lugar”, aseveró Lucia Morillo, abogada de Akubadaura, el grupo de abogados indígenas que acompaña el caso.
Otra denuncia es la lentitud. De acuerdo con los líderes indígenas, la mayoría de las instituciones solo avanzan en las reparaciones días antes de cada audiencia de seguimiento. Preocupación que compartían los magistrados que siguen el caso. “Cada vez que veníamos a la audiencia apenas era que se estaba avanzando en los cumplimientos (…) si solamente cuando se hacen audiencias es que se avanza en el cumplimiento, entonces tenemos que hacer la audiencia más próxima”, afirmó uno de los togados durante la audiencia. En efecto, pasaron solo cuatro meses entre la segunda y la tercera audiencia de seguimiento de sentencia.
Vale aclarar que no todas las instituciones han incumplido. La comunidad resalta la tarea del Ministerio de Educación en la construcción de tres escuelas; la entrega del informe sobre los impactos ambientales de la minería por parte del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP); y el compromiso del Ministerio de Cultura en la creación de un plan de recuperación y fortalecimiento del tejido social y cultural.
Este fue el documental realizado por la entidad, como parte de la reparación:
Agencia para la Infraestructura del Meta recibió 20 propuestas en licitación para construcción de infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio
Con 20 propuestas se cerró licitación para construcción de infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio, que contará con una inversión de 4.127 millones de pesos, recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset).
Julián Osorio Copete, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, (AIM) señaló que el proyecto incluye la construcción del Distrito de Policía en la inspección de Pachaquiaro, que constará de una zona de atención al público, área para los detenidos, alojamiento para el personal y parqueadero.
Igualmente, el mejoramiento del dispensario médico de oriente, ubicado en Apiay, donde se realizará la modernización de la infraestructura existente, la parte eléctrica e hidráulica, redes, voz y datos, entre otros.
La audiencia de adjudicación de la licitación se realizará el 22 de marzo y tendrá un tiempo de ejecución de seis meses, así lo informó Osorio Copete.
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ViceDefensa se reúne con Subsecretario Adjunto de Defensa de EE. UU.
Publicado el 29 ene. 2018El viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, se reunió con una delegación del gobierno de Estados Unidos presidida por el subsecretario Adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña y el Subsecretario de Defensa adjunto para Amenazas Globales contra narcóticos. A la reunión también asistieron los altos mandos Militares y de Policía colombianos.
Auf Wiedersehen.
Durante su recorrido estuvo acompañada por los Subsecretarios de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental y para los asuntos Antinarcóticos y las Amenazas Globales, Sergio de la Peña y Thomas Alexander, respectivamente, quienes además tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los altos niveles de entrenamiento y las capacidades de los uniformados en áreas como el desminado humanitario, transporte helicoportado, manteniendo de aeronaves y operaciones especiales.
“Para Colombia es un honor contar con esta visita que ha consistido en poder constatar, por cuenta del Gobierno de Estados Unidos, que todo ese apoyo y cooperación que nos han dado durante tantos años, hoy podemos mostrarles las capacidades que hemos creado a lo largo de estas últimas décadas”, señaló la Viceministra.
Destacó igualmente que hoy Colombia cuenta, no solamente con los equipos técnicos, sino con personal altamente capacitado para el cumplimiento de convenios internacionales en materia de desminado humanitario.
“También hemos visto las capacidades recién creadas en el tema de desminado humanitario. En este momento ya tenemos más de 6.000 hombres entrenados y con los equipos necesarios y se está avanzado permanentemente para poder cumplir con las metas de la Convención de Ottawa”, afirmó Martínez.
Los subsecretarios de Defensa norteamericanos, de visita en el Fuerte Militar, conocieron además las capacidades adquiridas por las fuerzas especiales del Ejército Nacional, quienes en una estrecha colaboración con las demás especialidades de la Fuerza Pública, han logrado los más importantes golpes en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y en general contra los Grupos Armados Organizados.
Finalmente, la Viceministra destacó que las Fuerzas Militares colombianas y sus capacidades ya están listas para participar activamente en misiones de paz, lo que le permitirá al país retribuir al mundo todo el apoyo y cooperación multilateral que ha recibido en la últimas décadas para la lucha contra los principales actores armados que buscan desestabilizar social y económicamente a la nación.
“Colombia está lista y cuenta con altos niveles de entrenamiento, integridad y competencia para poder poner al servicio del mundo las capacidades de nuestro Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional”, puntualizó.
Se fortalecen relaciones de Seguridad y Defensa Colombia - Brasil
Publicado el 22 feb. 2018El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmó junto a su homólogo, Raul Belens Jugmann, un acuerdo de entendimiento que corrobora la ayuda de Brasil para Colombia en materia de desminado humanitario. Villegas dijo que se espera que en 2021, Colombia se declare un país libre de minas antipersona.
Auf Wiedersehen.
Los ministros de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, viajarán este miércoles a Brasil con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación entre los dos países.
En el Palacio Itamaraty, de la ciudad de Brasilia, Villegas y Holguín, se reunirán con sus homólogos de Defensa, Raul Belens Jugmann, Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Torquato Lorena Jardim, para revisar temas de seguridad fronteriza y cooperación en defensa y seguridad.
Posteriormente, la delegación colombiana será recibida por el presidente de Brasil, Michel Temer, en una audiencia privada que se realizará en el Palacio Planalto, sede del poder ejecutivo del Gobierno Federal brasileño.
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=70d864b2-8ff8-3510-e589-af9ab9f149b3&date=20012018Esperemos que resulte algo adicional al tema del desminado.
¿Es de Youtube?
Si es así, sólo tiene que poner el enlace en el cuadro de mensaje y listo.
Esa es una muy buena pregunta y he aquí la respuesta: son muchos los problemas que aquejan a las población indígena desde la ausencia de puestos de salud y educación hasta los servicios públicos básicos energía, agua, alcantarillado entre otros pero el mas relevante según ellos es el tema de la tierra. Tierras que sirvan a la agricultura comunal como medio de subsistencia el cual esta amparado en la constitución el 91, de esas promesas incumplidas desde el año 99 esta el decreto 982 de 1999.
¿Qué hay detrás de las protestas de los indígenas en el Cauca?
Líderes dicen que Gobierno no ha entregado las más de 25 mil hectáreas pactadas. Mininterior rechaza vías de hecho
Diez mil indígenas se toman cuatro haciendas propiedad del ingenio Incauca en zona rural de Corinto, norte del Cauca, y el Gobierno da la orden a la Fuerza Pública de desalojarlos. Los indígenas dicen que resistirán. Que no se irán de ese lugar y se enfrentarán a quien tengan que hacerlo hasta que el Gobierno decida establecer una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la entrega de tierras que ellos llaman ancestralmente nuestras. Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades nativas del norte del Cauca, que iniciaron el miércoles pasado, dejan más de 60 personas heridas, entre policías e indígenas, algunos por armas de fuego. ¿Qué hay detrás de los enfrentamientos? ¿Qué están exigiendo los indígenas? ¿Son justas esas exigencias? ¿Hasta cuándo seguirán los choques?De acuerdo con el consejero indígena del Cric, Feliciano Valencia, las manifestaciones que varios grupos de indígenas están llevando a cabo en el norte del Cauca se enmarcan dentro de un plan denominado liberación de la tierra madre, que busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con las obligaciones estipuladas en el decreto 982 de 1999, en lo que tiene que ver con la entrega de varios miles de hectáreas de tierras a las comunidades nativas del Cauca. Nosotros estamos presionando al Gobierno para que se siente a dialogar y lleguemos a un acuerdo de cumplimiento de la entrega de tierra que legalmente nos pertenece. Ya se ha ordenado la entrega de miles de hectáreas, pero aún no se ha cumplido, afirmó Valencia. El líder indígena hace referencia a las más de 25.000 hectáreas de tierra que el Gobierno se ha comprometido a entregar desde 1991. De acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en 2013, entre las promesas de restitución de tierras a las comunidades indígenas del Cauca, figuran la entrega de 15.663 hectáreas, como reparación a los indígenas Nasa por la masacre del Nilo, ocurrida en 1.991 en zona rural de Caloto.Tal entrega, según el documento de la Contraloría General, debió realizarse entre los años 1992 y 1994, sin embargo, aún no se cumple ni con el 50 % de las obligaciones. Otro de los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades indígenas, es el Acuerdo de La María, firmado en septiembre de 1995 en el que el Estado se comprometió a entregar 5182 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas de Totoró, centro del departamento. Asimismo, el 16 de diciembre de 2005, el Gobierno se comprometió a adquirir 7000 hectáreas de tierra que iban a ser entregadas a las comunidades del Cric, y otras 1000 hectáreas, para ser entregadas a los grupos indígenas de Caldono. Además, indica el documento de la Contraloría General, para el 2006 los indígenas debieron haber recibido otras 8000 hectáreas con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Cauca. De acuerdo con la auditoría llevada a cabo por la Contraloría en 2013, ninguno de los compromisos del Gobierno ha sido cumplido plenamente, por lo cual, la entidad concluyó que revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto. Rechazo a vías de hecho El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que a pesar del esfuerzo del Gobierno por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, aún no se ha podido entregar la totalidad de las tierras pactadas desde 1991. Sin embargo, Cristo rechazó de manera enfática los desórdenes que se han presentado tanto en zona rural de Corinto como en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Mondomo, que desde el pasado miércoles causan serios trastornos de movilidad en toda la zona. El Gobierno rechaza la violación de los derechos de la propiedad privada, que es lo que está pasando en estos momentos en las cuatro haciendas en las cuales los indígenas se han aposentado. Nosotros estamos con toda la disposición de dialogar y de llegar a acuerdos para cumplir con todos los compromisos, pero por ahora pedimos que se respete la propiedad privada, por un lado, y por otro, se respete el derecho a la movilidad de las personas que usan la vía Panamericana, dijo Cristo. De acuerdo con el Ministro, tanto Minagricultura con Mininterior enviarán delegados para dialogar con los líderes indígenas, de modo que se pueda resolver pacíficamente la tensa situación que se vive en las afueras de Corinto.Manuel Lis, vicegobernador del cabildo indígena Páez de Corinto, ha insistido en que las más de 10 mil personas que actualmente se encuentran en las tierras del ingenio Incauca no se retirarán de la zona hasta que no se llegue a un acuerdo. Nosotros estamos aquí a manera de protesta. No es que queramos robarle la tierra a nadie, ni a ninguna empresa ni a ninguna persona, lo que queremos es la reubicación de la gente que vive y trabaja en la zona montañosa del Cauca, pues esa zona es de vocación forestal, y por lo tanto, no podemos seguir llevando a cabo nuestras actividades de agricultura, dijo Lis. De acuerdo con el líder, la reubicación de esas comunidades en la zona plana del departamento es conveniente no solo para ellos sino para toda la industria que se desarrolla en el Cauca, pues la continuación de la agricultura en la zona montañosa terminaría por afectar los nacimientos de agua que alimentan las tierras bajas. Nosotros estamos pensando en el cuidado de la tierra y en el beneficio de todos. El mismo Gobierno sabe que si la agricultura se sigue dando en las montañas, las zonas bajas se irán quedando poco a poco sin agua debido a la deforestación. Líderes políticos de izquierda como Iván Cepeda y Aída Avella han pedido al Gobierno Nacional que atienda con celeridad a las comunidades, para que los enfrentamientos cesen y se pueda crear una hoja de ruta que permita cumplir con las obligaciones estatales. Urge habilitar un espacio de diálogo con los indígenas del Cauca. La confrontación con la Fuerza Pública no puede ser el camino, manifestó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.Aún continúan los choques entre Policía y comunidades indígenas en varias zonas del norte del Cauca. ONU hace llamado al diálogo La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió en la mañana de este sábado los esfuerzos tanto del Gobierno como de las comunidades indígenas del norte del Cauca, para que se establezca una mesa de diálogo que permita frenar la crisis que se vive en Corinto. "Es importante que se reúnan las partes a dialogar y que encuentren puntos en común para solucionar de forma negociada las diferencias. Nos preocupan los hechos de violencia ", dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. Pro otro lado, líderes de la Asociación de cabildos indígenas, Acín, y el Cric, dieron una rueda de prensa el sábado en la mañana en la que expusieron la situación actual de la crisis que se vive en la región y de nuevo, hicieron el llamado al Gobierno para entablar un diálogo.La ONU denunció también la aparición de un panfleto firmado por Águilas Negras y Rastrojos, en el cual se amenaza de muerte a las autoridades indígenas del Norte del Cauca, y se hace referencia concreta a la situación de Corinto. También en los últimos dos días. Las autoridades se encuentran en proceso de investigación para determinar quiénes habrían emitido el panfleto.
http://www.elpais.com.co/colombia/que-hay-detras-de-las-protestas-de-los-indigenas-en-el-cauca.html
Las promesas a medio cumplir a indígenas del Alto Andágueda
Casi tres años después de que se conociera la primera sentencia de tierras que favorecía a una comunidad étnica, son pocas las órdenes de reparación que se han cumplido a cabalidad. Los puntos más críticos son la atención en salud, la construcción de vivienda y la falta de atención en los retornos. Por esas falencias han muerto varios niños menores de cinco años de edad.En septiembre de 2014 la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia les dio la razón a los indígenas del resguardo Tahami del Alto Andágueda, en Chocó. La sentencia fue emblemática, no solo por ser la primera que cobijó a pueblos indígenas, sino porque las 50 mil hectáreas reconocidas representan cerca del 20 por ciento de la tierra que ha sido restituida en Colombia. El fallo ordenó también la suspensión de los títulos mineros que habían sido adjudicados por la Agencia Nacional Minera sin la debida consulta previa y que se traslapaban con el 62 por ciento del territorio. (Ver:Benefician a los Emberá-Katíos con primera sentencia de restitución étnica en el país)
La sentencia no solo dejó en firme los derechos que tienen los indígenas sobre la totalidad de su resguardo, sino que profirió más de 50 órdenes a distintas instituciones estatales naciones y locales para que garantizaran el retorno y el acceso a servicios básicos de las comunidades, que están ubicadas en medio de la espesa selva del oriente chocoano, vecinas a Antioquia y a Risaralda.
El pueblo Embera Katío del Alto Andágueda ha padecido desde hace varias décadas la presencia de grupos guerrilleros, por lo que han sido desplazados reiteradamente. Las guerrillas del Epl, el M-19, el Erg, las Farc y el Eln y otros actores armados se han disputado las minas de oro del resguardo. En 2012 se presentó el mayor desplazamiento cuando más de 2 mil indígenas salieron a raíz de un bombardeo de la Fuerza Pública. (Ver: El oro, la maldición del territorio Embera en Chocó)
Entre otras cosas, el fallo pide que al Alto Andágueda llegue el agua potable, las escuelas, los centros de salud y las viviendas. Para ello se fijaron plazos de no más de seis meses. Las autoridades del resguardo están seguras que el cumplimiento de esta sentencia será definitivo para el resto de decisiones que siguen en fila y marcará el camino de la atención a víctimas de comunidades indígenas.
Sin embargo, casi tres años después son pocas las instituciones que pueden decir que han cumplido a cabalidad lo ordenado. No se han instalado los puestos de salud, las viviendas no cumplen con las expectativas de la comunidad y no se han podido hacer retornos al territorio con todas las garantías que obliga la ley.
“Primero nos reconoce en estrados y luego nos deja a la deriva en medio de los intereses particulares de quienes hacen parte de las instituciones supuestamente encargadas de garantizarnos los derechos”, dijo César Querama, uno los líderes de la comunidad durante la audiencia de seguimiento de sentencia que se realizó en Quibdó a comienzos de abril.
El problema, según expertos consultados por VerdaAbierta.com, es que la mayoría de las instituciones no entrega la reparación de acuerdo a las condiciones del lugar y de la comunidad, como obliga la ley, sino que se limita a entregar medidas de reparación previamente diseñadas. “Hemos tenido grandes discusiones con las instituciones, porque es importante que tengan en cuenta que son comunidades indígenas, que deben aplicar un enfoque diferencial, que todo debe ser acordado previamente, pero lo que vemos es que la mayoría solo quiere acomodar su ‘oferta institucional’ a como dé lugar”, aseveró Lucia Morillo, abogada de Akubadaura, el grupo de abogados indígenas que acompaña el caso.
Otra denuncia es la lentitud. De acuerdo con los líderes indígenas, la mayoría de las instituciones solo avanzan en las reparaciones días antes de cada audiencia de seguimiento. Preocupación que compartían los magistrados que siguen el caso. “Cada vez que veníamos a la audiencia apenas era que se estaba avanzando en los cumplimientos (…) si solamente cuando se hacen audiencias es que se avanza en el cumplimiento, entonces tenemos que hacer la audiencia más próxima”, afirmó uno de los togados durante la audiencia. En efecto, pasaron solo cuatro meses entre la segunda y la tercera audiencia de seguimiento de sentencia.
Vale aclarar que no todas las instituciones han incumplido. La comunidad resalta la tarea del Ministerio de Educación en la construcción de tres escuelas; la entrega del informe sobre los impactos ambientales de la minería por parte del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP); y el compromiso del Ministerio de Cultura en la creación de un plan de recuperación y fortalecimiento del tejido social y cultural.
Este fue el documental realizado por la entidad, como parte de la reparación:
https://verdadabierta.com/las-promesas-a-medio-cumplir-a-los-indigenas-del-alto-andagueda/
Agencia para la Infraestructura del Meta recibió 20 propuestas en licitación para construcción de infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio
Con 20 propuestas se cerró licitación para construcción de infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio, que contará con una inversión de 4.127 millones de pesos, recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset).
Julián Osorio Copete, gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, (AIM) señaló que el proyecto incluye la construcción del Distrito de Policía en la inspección de Pachaquiaro, que constará de una zona de atención al público, área para los detenidos, alojamiento para el personal y parqueadero.
Igualmente, el mejoramiento del dispensario médico de oriente, ubicado en Apiay, donde se realizará la modernización de la infraestructura existente, la parte eléctrica e hidráulica, redes, voz y datos, entre otros.
La audiencia de adjudicación de la licitación se realizará el 22 de marzo y tendrá un tiempo de ejecución de seis meses, así lo informó Osorio Copete.
https://www.meta.gov.co/noticia/707
Una vez más el congreso de EUA abofetea a Trump, nos aprobaron un nuevo presupuesto de ayud
http://www.infodefensa.com/latam/2018/03/30/noticia-financiara-colombia-millones-dolares.html
Howdy, Stranger!
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