En algún momento no se si leí o escuché mal, Chavez realizó estudios en Colombia?, creo que en algún momento dijo que el General Padilla fue su profesor (u otro general colombiano, no recuerdo bien).
Mindefensa tiene lista la política de discapacidad para las Fuerzas Militares
“El documento, que se convierte desde ya en la hoja de ruta para la rehabilitación de los héroes de la patria, busca articular tanto a los actores internos como externos en el tema, con el fin de lograr un proceso de rehabilitación integral y que este sea continuo y sostenible”, expresó el Ministerio de Defensa.
La política también pone en marcha el Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral (Sgrri) bajo el paradigma actual de la discapacidad.
Este sistema plasma la visión de que es posible superar esta condición de discapacidad independientemente de la situación física del individuo, siempre que el entorno no sea discriminatorio sino inclusivo. A la fecha se han invertido en el plan 82 mil millones de pesos.
5 uniformados de la Fuerza Aérea, 1 de la Armada, 2 de Ejercito y 1 de la Policía integran grupo que se especializarán en CiberDefensa durante 2 años en la Universidad de Tallin, Estonia, Estos militares son ingenieros en informática y electrónica.
Esta capacitación en CiberDefensa es gracias al convenio cooperación industrial y social entre el Ministerio de Defensa y BELLHELICOPTER
Durante los 2 años de entrenamiento en CiberDefensa realizarán entrenamiento práctico en BHC Laboratory y FuerzaAérea de Estonia
Putumayo fracasa en erradicación de cultivos ilícitos'..
Pedro Arenas García fue alcalde de San José del Guaviare, es un reconocido líder comunitario y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, una organización internacional que monitorea, entre otras, la problemática de las erradicaciones forzosas manuales y aéreas, los modelos de desarrollo rural Integral y los procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos. En Costa Rica, durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, Arenas habló con El Espectador sobre el fracaso de las estrategias de lucha contra cultivos ilícitos, que implicó la llegada de proyectos extractivistas y las protestas sociales.
¿Cómo explica este paro desde la política estatal contra los cultivos de coca?
En el Putumayo hay un indicio cada vez más claro de una asociación entre la política de reducción de oferta, basada casi de forma exclusiva en métodos de erradicación forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas, con la llamada locomotora minero-energética. Las dos demandas principales de la población lo reflejan: no más erradicación forzada, paren las fumigaciones aéreas contra pequeños cultivadores de coca, no más expansión del extractivismo, en un ecosistema frágil como el del pie de monte amazónico, donde hay resguardos indígenas y gran variedad de recursos naturales asociados a la diversidad propia de nuestra amazonia.
Pareciera que las operaciones de erradicación de cultivos hubiesen tenido en muchas partes del país el propósito de sacar corriendo a las comunidades campesinas, que en efecto lo hacen y así lo muestran las cifras de desplazados internos. Ante la quiebra de su economía de subsistencia basada en la hoja de coca, se fueron y el territorio quedó libre para el ingreso de acaparadores de tierras y luego para la llegada de la extracción de recursos naturales a gran escala, sea petróleo o minería, como se ve en el Chocó, en el Meta, Cauca, Nariño, Norte de Santander. Lo manifiestan las comunidades campesinas cuando protestan.
¿Qué ofrece el Estado?
Putumayo ha sido uno de los escenarios más importantes del país en materia de la llamada ‘sustitución de cultivos’. El lenguaje sustitucionista, que a principios de los 90 nos vendieron a través de programas como el Plante, luego se manifestó en Familias en Acción o apoyos de la ONUDD, y después, más fuerte en el caso del Putumayo, a través de Usaid en medio del Plan Colombia. Putumayo es uno de los casos ejemplarizantes de la falta de éxitos en inversiones para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Hay un mundo de elefantes bancos: construcciones de plantas procesadoras de productos sutitutos que, se supone, las comunidades iban a emprender de manera masiva.
También se evidencia una contradicción entre el estímulo que se quiere dar a comunidades que están dejando atrás la coca, con los programas de erradicación forzada: cultivos alternativos de piña, pimienta, cacao, caucho, en muchas regiones de Colombia han sido fumigados. Hay varios casos en Cauca, Guaviare, Nariño y más recientemente en Putumayo, donde en una cooperativa de mujeres dedicadas a sembrar piña como alternativa económica, hubo fumigaciones.
Lo tercero, para entender el Putumayo, es que las meras inversiones en el fomento de cultivos sustitutos no bastan si no están asegurados mercados, si no hay infraestructuras carreteables, si no hay buenos precios, y eso se ata con la problemática en general del sector agrario colombiano. El tal paro agrario del año pasado hacía notar que hay desarreglos del mercado incluso para cultivos lícitos en los que se sustentan economías campesinas muy viejas, como la boyacense o cundinamarquense. Eso tiene una relación directa con la expansión de cultivos ilícitos y de alguna forma es desmotivante, cuando el lenguaje oficial invita a la gente a dejar atrás la coca para que siembre maíz, yuca o plátano.
El Putumayo muestra que no basta con que la estadística oficial presente que antes había 160 mil hectáreas de coca y ahora 50 mil, y que eso sea el grandioso éxito de la política colombiana, que incluso se ha querido exportar. No basta reducir el área sembrada si las condiciones objetivas que permiten la siembra persisten, en un ambiente de alta conflictividad no sólo armada sino social, como lo evidencian todos estos paros.
¿Qué traen a largo plazo esos resultados en la disminución de cultivos de coca?
Entramos en los éxitos de la política antidrogas colombiana, basados principalmente en reducción de la oferta, aunque no se puede negar que las autoridades han hecho a veces énfasis en interdicción en ríos y destrucción de laboratorios. Miremos desde la década de los 80, cuando Colombia no era un gran productor de coca, no tenía tanta extensión sembrada, sino que importaba pasta base de Perú y Bolivia y refinaba en Colombia, en sitios como Tranquilandia, y exportaba cocaína. La manipulación de los cultivos con fines comerciales fue muy fuerte en los 90, cuando los cultivos más se expandieron, así llegamos a la ‘capital mundial de la coca’ en Miraflores (Guaviare), y arrancan por ahí las fumigaciones sobre el 94. Para fines de los 90 los cultivos se trasladaron a Putumayo, luego a Nariño, y empieza toda esta migración de un sitio a otro: fumigación, resiembra.
Hemos sido campeones de reducción de hectáreas, pero también de resiembra. También hay que mirar en un periodo de tiempo más largo y hacia las especialidades de cada país de la región andina en términos globales. Sumados los tres países, seguimos satisfaciendo la demanda internacional de cocaína. Desde el punto de vista de la ONU, no se puede mirar sólo el caso colombiano, lo tendrán que ver más hemisférico y atender a cosas como la producción total o los volúmenes exportables. Ahí ya es distinto, es en dónde hemos puesto los énfasis y qué hemos facilitado desde las estrategias gubernamentales.
¿Cómo ha afectado la vida del campesino esa persecución a los cultivos?
Hay daños a cultivos y cultivadores, que han implicado violaciones a los derechos humanos y mayores áreas deforestadas de ecosistemas frágiles. La persecución de los cultivos ha llevado a que algunos de estos se instalen en zonas protegidas, desde páramos en el caso de la amapola hasta coca en parques naturales o resguardos indígenas, y ha llevado también a un debilitamiento de las institucionalidades locales y las autoridades territoriales. Esto último se pone de manifiesto en Putumayo en la reforma al sistema de regalías que dice: pasamos de producir 9 mil barriles de petróleo a 40 mil, pero eso no nos ha representado mayores ingresos como departamento. Tenemos más producción, pero los gobernantes no pueden hacer más inversiones porque el nuevo sistema centralizó esos recursos.
Esta estrategia nos ha llevado a una militarización de la vida local en las comunidades productoras. En el Putumayo, todo se ha concentrado en seguridad. La estrategia de fondo estaba enfocada en quitarle a las guerrillas la fuente de financiación que pueden obtener de los cultivos ilícitos, con sus impuestos y su participación en la cadena, asuntos que se aceptan más claramente al aparecer en la mesa de diálogo en La Habana, pero eso no ha llevado seguridad para esas poblaciones.
¿La estrategia de seguridad también se puede entender en función de los proyectos extractivos?
El alcalde de Puerto Asís, en una entrevista en El Espectador, acepta que ha habido un incremento del pie de fuerza militar, mayores instalaciones, pero para cuidar las inversiones de petróleo:
un pozo petrolero, un batallón.
Eso implica que la seguridad está en función de esa economía extractiva más no de la seguridad de la población. Hay otros daños como el desplazamiento forzado de población, en zonas donde se aplican programas antidrogas. Esa economía ilegal más las políticas interdictivas ocasionan aumento de homicidios y de otro tipo de violaciones graves.
También, desde el punto de vista jurídico, el encarcelamiento de campesinos cultivadores. Las cárceles de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, tienen a muchos capturados en operaciones en cultivo o pequeños laboratorios. Ese conjunto de daños causados a estas poblaciones invitaría en cualquier país civilizado a revisar lo que se ha estado haciendo, que es lo que de fondo reclaman las comunidades campesinas del Putumayo. No sólo es que les digan: aquí hay plata para ya no sembrar coca sino plátano, sino que hablen de los derechos de esas poblaciones y cómo podría haber cambios en ese sentido.
Recordemos que Colombia es el único país del mundo donde hay fumigaciones.
En Marruecos se quiso implementar un programa de fumigaciones y la monarquía no aceptó. En Afganistán, que años después de la invasión estadounidense sigue siendo el principal productor de amapola en el mundo, EE.UU. propuso un programa de fumigaciones, pero tampoco lo aceptaron. Perú quiso hacer un intento pero no lo puso en práctica. En muchas otras partes hay programas de erradicación, pero no con el método de envenenamiento aéreo de tierras.
El discurso que ha pretendido justificar esto ha sido la complejidad del conflicto interno, los riesgos de seguridad de los erradicadores manuales. Se argumenta que los campesinos con sus cultivos generan un daño ambiental cuando agregan insecticidas, herbicidas, y en los lugares donde transforman coca en pasta base. Pero uno no puede justificar un mal mayúsculo porque el otro está haciendo un mal. Este argumento, en muchos otros países, se ha empleado para negarse a la fumigación aérea. Colombia es el único que sigue practicando eso.
¿Cómo vulnera la fumigación aérea los derechos de los campesinos del Putumayo?
Le dije en un encuentro regional para la paz al alcalde de Puerto Asís, que ha sido alcalde tres veces, que comparara desde su primer periodo, hace 17 años, con el actual, cuántas veces ha crecido el área urbana de Puerto Asís. Dijo que casi cinco. No es porque haya mucha gente del centro de Colombia interesada por irse a Puerto Asís. Es porque población de veredas aledañas se ha visto obligada a desplazarse al casco urbano. Figuran en el sistema de población desplazada.
También se ha visto, en las áreas fumigadas, un cambio en el uso del suelo, que antes estuvo en tareas agrícolas y que debido a las fumigaciones se ha transformado en pastos. Por lo general ocurre en el norte amazónico, lo cual representa un nuevo foco de tensión porque está probado que, con coca, una familia campesina se puede sostener hoy con una hectárea y media sembrada. No ocurre lo mismo con ganadería: una familia para sostenerse con ganado tiene que tener una extensión en pradera mucho mayor para alimentar unas cuantas vacas, debido a la calidad de los suelos y los modelos de rendimiento ganadero. Esto implicará que revisemos cosas como el ordenamiento territorial.
Hay poblaciones que son fumigadas y que, al no tener más oportunidades, lo que hacen es migrar más adentro de los bosques y selvas, a tumbar y restablecer un cultivo de coca. A veces tratan de ir más lejos para escapar a las autoridades. Eso lleva a una ampliación de la frontera agrícola, puntas de colonización muy activas que no hemos logrado frenar. Hay en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada
¿Cómo sería un modelo de desarrollo alternativo que funcione en el Putumayo?
Tengo esperanzas en lo acordado en el punto cuatro en La Habana. Las partes generaron unos considerandos que implican reconocer que este problema tiene variables como pobreza, falta de acceso a tierras, desempleo, situación de marginalidad, poca presencia institucional en territorios donde se produce, vulneración de derechos de las poblaciones.
El acuerdo plantea dar un tratamiento diferente a poblaciones mas vulnerables, llámese campesinos cultivadores, indígenas y usuarios de drogas. El negocio está en los que la procesan con fines comerciales de gran escala, los que la transforman en clorhidrato de cocaína o los que la exportan o están ligados al trafico nacional o internacional. Para las poblaciones más vulnerables hay que establecer un tratamiento que implica consideraciones sociales y económicas. Para los que se lucran hay que establecer una política criminal.
Este acuerdo del punto cuatro implica un enfoque territorial con altísimas dosis de participación comunitaria. Lo que me parecen novedoso es que se harían asambleas comunitarias y municipales para establecer planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Obviamente también plantean la creación de una institucionalidad para atender esos programas, un programa nacional de desarrollo integral alternativo.
¿Cómo ven esto las comunidades?
Con algo de desconfianza y expectativa. Desconfianza porque en departamentos como el Putumayo las guerrillas siguen muy beligerantes. Eso socava la confianza de la gente en el proceso y a algunos los lleva a pensar que no hay voluntad de poner fin al conflicto. Pero también la desconfianza de hasta qué punto nuestro Estado va a cumplir los compromisos y la implementación de los acuerdos. Muchos líderes campesinos de las zonas productoras dicen que lo que pasa es que el gobierno no cumple acuerdos que se hicieron hace años.
Hay que revisar cuántos paros hubo en el Putumayo en los últimos 20 años y cuántos acuerdos ha firmado el gobierno con las comunidades que han hecho paros, y cuántos de esos compromisos se han cumplido. Como es posible que, por ejemplo, en una región como el Catatumbo, en el paro del año pasado, uno de los reclamos era que el gobierno cumpliera los acuerdos hechos en 1996. O que el paro del Cauca de principios de 2000 exigiera compromisos del año 99. O los indígenas, que cuando bloquean la Panamericana le dicen al gobierno que hace dos, cuatro, seis años se comprometió a hacer cosas que no cumplió. Eso socava la confianza de la comunidad, no solo por la conflictividad sino por las acciones institucionales.
¿Cómo cambiará las cosas una posible firma del fin del conflicto?
Lo de La Habana es una novedad porque siempre se ha argumentado: no podemos cumplir con las inversiones porque allá está la guerrilla, el conflicto no permite entrada de funcionarios, las institucionalidades no alcanzan. Ahora, si se firma el fin del conflicto, ya no existiría esa excusa. Luego vendrán cosas como la coordinación interinstitucional, la bolsa de recursos que se tendría que juntar para inversiones que demanden estas comunidades. Esos principios deben estar adelante a la hora de pensar en un plan de desarrollo alternativo en el Putumayo. El principio del dialogo, la inclusión de todos, de gremios económicos y producción, una serie de voluntades políticas desde el nivel territorial hasta nacional, la coordinación institucional, la concurrencia de recursos.
¿Y luego las discusiones particulares sobre las alternativas para cada comunidad?
Sí, las discusiones más propias de los agrónomos y demás. Esto se ha querido hacer al revés: se dice que el suelo de tal vereda es apto para que siembren pimienta, entonces siembren pimienta, sin considerar el resto de factores, por eso muchas veces se ha caído en fracasos. Hay que poner unos principios antes, de hecho la ONU lo aceptó en una cumbre realizada el año pasado en Lima, en la que se establecieron los principios rectores del desarrollo alternativo, que ya son una especie de ley en el sistema de Naciones Unidas. Unos principios que incluyen democracia, dialogo, concertación y demás. En el caso colombiano, en las puntas de colonización, es lo que le va a agregar un condimento a toda esta discusión.
Pero hay zonas donde definitivamente ningún otro renglón económico puede implementarse. Hay zonas del país donde lo único es la coca. La hoja de coca para pasta base. Eso puede sonar a sacrilegio, pero hay partes donde habrá que pensar en sistemas de gradualidad, donde no obliguemos a las comunidades a la ‘coca cero’, sino que las ayudemos a buscar salidas lícitas pero manteniendo una parte de su predio con coca. Ayudar a que vayan saliendo de la coca con la misma coca. Parece raro, pero en la mayoría de zonas la gente ha empleado los recursos que le ofrece el cultivo de coca bien para su sostenimiento familiar, como la compra de los alimentos, vestuario, salud, transporte, y en algunas oportunidades como un recurso que inmediatamente se traslada a un ahorro directo, no por medio de bancos, sino que el ahorro son vacas. Es decir, la gente traslada lo que le ofrece la coca al ganado, y el ganado se constituye en el ahorro. Muchos han logrado trasladarse de coca a ganadería sin ningún apoyo gubernamental, con apoyo de la misma coca.
Bastante interesante el ultimo párrafo, básicamente el modelo de lucha contra el trafico de drogas ha sido un fracaso por como ahora vemos mas droga que antes, no mas salir a las calles de cualquier cuidad para darse cuenta, por que la oferta que comienza con la agricultura de subsistencia a donde siempre van a llegar cuanto campesino pobre y termina con la demanda por unos pobres infelices drogadictos no se puede acabar nunca este comercio. Entonces en vez de atacar los extremos ¿por que no atacar la fuente? comenzando por eliminar la fumigación aérea para contener la migración de los cultivadores selva adentro y no destruir los cultivos y crías de animales que usualmente combinan con el cultivo de drogas donde el ultimo financia los primeros por la falta de oportunidades e infraestructura para comerciar productos legales a precios justos. Y después si entrar con acción integral del estado para no dar espacios al delito.
Frenan compra de satélite que vale US$ 250 millones
El Gobierno Nacional le puso freno a una inversión de 250 millones de dólares que estaba dirigida a comprar un satélite, argumentando –entre otras cosas– que es mucho menos costoso para el país seguir adquiriendo información satelital anualmente a terceros.
Había por lo menos 10 países interesados en hacer parte de este proceso, pero el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, decidieron pararlo para evitar un gasto eventualmente innecesario para el país.
“Oficialmente notifico que se canceló la compra del satélite”, sentenció Vargas en diálogo con EL TIEMPO.
Colombia invierte anualmente, en promedio, alrededor de 11,5 millones de dólares en la compra de información satelital que se utiliza en diversos frentes. Se supo, además, que la vida útil del satélite que se pensaba adquirir era de 7 años.
Así las cosas, el Gobierno calculó que en 7 años se gastaría un poco más de 77 millones de dólares en esta materia, que es una cifra muy inferior a la inversión que se planteó hacer para comprar un satélite.
Cifras oficiales dan cuenta de que el Ministerio de Defensa gasta 6,5 millones de dólares, por año, en la compra de este tipo de información; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 3,5 millones, y otras entidades invierten en el mismo periodo alrededor de 1,5 millones.
Vargas Lleras aclaró que la compra de información satelital no se frenará, pero se desarrollará un proceso para que –desde ahora– se haga a través del sistema Colombia Compra Eficiente.
La Comisión Colombiana del Espacio está adscrita a la Vicepresidencia de la República y durante la administración del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010) comenzó el proyecto de comprar un satélite.
Este propósito lo continuó el vicepresidente Angelino Garzón en el primer gobierno de Santos, pero para este cuatrienio –luego de varios análisis– el segundo al mando en el Ejecutivo, Germán Vargas Lleras, decidió frenar el proceso. Para ello, contó con el visto bueno del Jefe de Estado.
La información satelital se utiliza para distintas áreas, como comunicaciones, seguridad nacional, identificación de cultivos ilícitos, desarrollo de programas agrarios y –entre otros– para la implementación de planes de infraestructura.
En América Latina, casi todos los países adquieren este tipo de información a través de terceros, pero Brasil, Argentina, México y Venezuela cuentan con sus propios satélites en órbita. Y, a nivel mundial, Estados Unidos, Rusia, Japón y China son las naciones que mayor número de estos artefactos tienen en el espacio.
Sin duda, la información satelital es clave para varios frentes en Colombia, pero, de acuerdo con los estudios realizados por el Gobierno, sigue siendo mucho más barato adquirirla a través de terceros que comprar un satélite propio. “El tema queda cancelado todo el cuatrienio”, enfatizó Vargas Lleras.
Así es, sin embargo, en W Radio, entrevistaron al Ministro de las TIC y él dejó claro que lo se canceló fue el proyecto civil/comercial, que MinDefensa tiene otros requerimientos y que la FAC sigue adelante con su proyecto, el que nos ha comentado Alex C en su respectivo tema.
Bueno ojala, por que 7 años me parece un despropósito y tenemos cosas mas importantes en que invertir que en un satélite. Sin embargo se requieren urgentemente para la defensa de nuestro pais.
Ese recorte se hizo porque falta el 30% del dinero para las obras de infraestructura de este año por eso están haciendo recortes por donde pueden y quieren agrandar el impuesto al patrimonio.
Pero a ver, si es así como lo dicen: gastar US$ 250 millones en un satélite que no va a durar más de 7 años pues... sí hubiese sido un desperdicio. Y de esos es que han comprado los señores ALBA, es más, el Simón Bolívar, según un experto que leí por ahí, está que se cae, en cualquier momento puede perder la órbita y regresar a la Tierra. Y el de Bolivia andará en las mismas, porque es de la misma clase...
Colombia expuso modelo de seguridad en EE.UU. como factor de desarrollo económico y social
Estos resultados se convirtieron para el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el vivo ejemplo de los logros conseguidos por la Fuerza Pública, incluyendo los resultados operacionales contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común que, en los últimos años, han sido destacados y reconocidos por el mundo como un caso de éxito.
Ejemplo de ello fue la Operación Fénix que dio de baja a ‘Raúl Reyes’; la Operación ‘Jaque’ que logró la libertad de 13 personas, entre ellas tres contratistas estadounidenses; la Operación Odiseo contra ‘Alfonso Caño’ y la Operación ‘Sodoma’ contra el ‘Mono Jojoy’, entre otras.
Fue así como Pinzón destacó, este jueves en Miami y ante sus pares de Centro América, México y Estados Unidos, el exitoso modelo en seguridad implementado por el país desde la puesta en marcha del Plan Colombia (1999) hasta la tercera fase del Plan de Guerra ‘Espada de Honor’ (2014).
Pinzón resaltó el aumento del pie de fuerza en 104.521 militares y de 73.255 uniformados de la Policía Nacional entre 2000 y 2013; también las Fuerzas Armadas pasaron de tener 313 helicópteros y aeronaves a 576, y de 166 lanchas patrulleras a 436.
Entre los temas destacados por Pinzón como resultado del esfuerzo en materia de seguridad hecho por Colombia en los últimos años, incluyó el aumento del turismo en un 164% y de la inversión extrajera en un 500% en los últimos 14 años.
El éxito en la implementación de los planes que en seguridad y defensa ha realizado Colombia en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha permitido que en los últimos años el país goce de una disminución de la pobreza en un 38% y el desempleo (59%).
Asimismo, en el encuentro donde también participó el general John Kelly, jefe del comando sur de los Estados Unidos, se destacó el papel de Colombia en la capacitación de tácticas de seguridad y defensa.
“Colombia ha fortalecido las instituciones gubernamentales, promoviendo la seguridad en las ciudades, reduciendo los cultivos ilícitos y la producción de drogas ilícitas, como también estableciendo un dialogo continuo por la paz con las Farc”, se lee en un documento publicado este jueves por el Comando Sur de los Estados Unidos.
Por su parte, el Ministro de Defensa colombiano reveló que en este periodo el índice de homicidios disminuyó en un 41%, el de secuestros en un 92%; ataques terroristas en un 42% y ataques a la infraestructura en un 62%. Estos resultados en materia de seguridad han permitido que Colombia se convierta en uno de los países con mayor crecimiento económico en la región.
Algunos quieren debilitar las FF.AA. reduciendo el presupuesto: Mindefensa
El gobierno admitió recientemente un déficit en el presupuesto y un ajuste en el gasto público para superarlo.
El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón alertó al Congreso de la República sobre las consecuencias de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas con el argumento de que el país está cerca de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc.
El funcionario aseguró algunos lo están proponiendo de manera ingenua y otros con malas intenciones.
“Otros están viendo como desmembrar a quienes los han llevado a la postración y a la derrota, viendo como desarticulan las fuerzas armadas debilitando sus capacidades económicas y su seguridad jurídica” dijo el funcionario en una ceremonia de ascensos de la Fuerza Aérea.
Pinzón envío un mensaje al Congreso de la República que está discutiendo el presupuesto general de la nación. “La paz puede traer más violencia e inseguridad si no se garantiza desde ya unas fuerzas armadas fuertes”.
El ministro recordó el ejemplo de Guatemala y el Salvador donde “debilitaron las Fuerzas Armadas” después de finalizar sus conflictos y hoy “la violencia es mayor a la que había antes de los acuerdos”.
“Quitarle recursos a la seguridad es quitárselos al desarrollo, el empleo y la educación inversión” le dijo el ministro a los legisladores.
En 2014 el presupuesto de defensa de Colombia fue de 27 billones de pesos, superior al de otras áreas incluida educación.
Pinzón considera que los colombianos tienen grandes preocupaciones frente a la delincuencia común, y las alianzas del crimen organizado con las Farc.
Aumentan oportunidades laborales en el sector privado para Héroes de la Patria
La Corporación Matamoros dio formalmente inicio este viernes, a un programa en alianza con Prosegur, para brindar más oportunidades laborales a militares heridos en combate.
Se trata de ‘Apuesta por los héroes de la Patria’, que permite a estos uniformados vincularse laboralmente a diversas empresas privadas, como el caso de Prosegur, compañía de valores con presencia en varios países del mundo.
"Junto con el Ministerio de Defensa Nacional seguimos trabajando en la búsqueda de más oportunidades laborales, educativas y de rehabilitación, con las que reconocemos el esfuerzo y sacrificio que hacen y han hecho nuestros héroes; este es una muestra de ese logro ", afirmó Gladys Sanmiguel, directora de la Corporación Matamoros.
John Jairo Patiño, soldado herido en combate durante una operación contra las Farc en el Cauca, aseguró que sus dos hijos y su esposa valoran y agradecen la oportunidad de trabajar en Prosegur y tener un ingreso por la labor que desempeña desde principios de 2014.
"Me siento muy orgulloso de haber portado el uniforme y aunque las huellas de la guerra son profundas, el tiempo se encarga de darnos nuevas oportunidades", afirmó Patiño, quien actualmente trabaja en el área de Control y Monitoreo de la compañía de transporte de valores.
Con estos programas, afirmó Sanmiguel, "les estamos diciendo a todos ellos (los héroes de la Patria) que siguen siendo parte de este país y que hay oportunidades laborales que también benefician a sus familias".
Soldados retirados y heridos en combate hacen parte de diferentes programas laborales junto con sus familias, para ocupar cargos y labores en empresas privadas y públicas a lo largo del país.
MBT - No
Sistema multiple lanzacohetes - No
Misiles antiaéreos - Si
Misiles antiaéreos Fs 1500 - No
Misiles antiaéreos Pes - Si
Mejorar Mistral lanzamiento Fs 1500 -Si
Municion Strales - Si, varios tipos en estudio.
Mas Lav III - Si
Mas M1117 con torretas - Si
Torretas para blindados - Si, proyectos varios tipos, incluso antitanque y antiaéreos
Misiles antitanques - Si, Spike ER, Nlos. ya llegaron algunos.
Mantenimiento mayor Nimrod mayor-Si
Misiles antiaéreos ejercito, Fac y Arc - Si, en estudio opciones
Cazas nuevos para la Fac - Si, problemas de procesos, en espera que se acelere. Prioridad urgente esta en la mesa.
Reemplazo A37, Ov 10- No por ahora.
Artillería 155 mm - Propulsada -No, por el momento
Artillería 105 mm - Si
Problemas Kfir - Se puede solucionar pero altos costos , entre otras cosas.
Problemas Submarinos - Todo subsanable y en curso.
Proyectos conocidos -Algunos suspendidos, otros en proceso.
Creación y equipamiento de unidades antitanque y antiaereas - Si en estudio, últimamente aumentando su importancia
Radares de alerta - Si
Sistema de defensa Costera - Congelado
SISDAN - Con problemas, avanza lento, pero tendrán que darle prioridad.
Lo anterior es un mostrario, trabajan con dificultades, muchas, y contrareloj, pero tratan de hacer las cosas, los Mbt y sistemas de cohetes no descartados, por ahora no en plan para avanzar otras cosas, una de ellas
Bueno!, cuando la cobija es corta, o te cubres la cabeza o te cubres los pies! lo importante es que estén en la lista de espera los equipos por adquirir y no descartarlos por completo. Ojo pero lo de los cazas si tiene que ser una prioridad, de carácter urgente y que vayan despejando los obstáculos y los manoseos por ahí de avivatos que se quieren a provechar del tema para dilatarlo y poder pescar en rió revuelto. QUE GARANTICEN EL PRESUPUESTO PARA COMPRAR LOS CAZAS YA!, PARA QUE ESTAS BUENAS INTENCIONES VAYAN COGIENDO FORMA!
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“El documento, que se convierte desde ya en la hoja de ruta para la rehabilitación de los héroes de la patria, busca articular tanto a los actores internos como externos en el tema, con el fin de lograr un proceso de rehabilitación integral y que este sea continuo y sostenible”, expresó el Ministerio de Defensa.
La política también pone en marcha el Sistema de Gestión del Riesgo y Rehabilitación Integral (Sgrri) bajo el paradigma actual de la discapacidad.
Este sistema plasma la visión de que es posible superar esta condición de discapacidad independientemente de la situación física del individuo, siempre que el entorno no sea discriminatorio sino inclusivo. A la fecha se han invertido en el plan 82 mil millones de pesos.
Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/276459-mindefensa-tiene-lista-la-politica-de-discapacidad-para-las-fuerzas-milit. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.
5 uniformados de la Fuerza Aérea, 1 de la Armada, 2 de Ejercito y 1 de la Policía integran grupo que se especializarán en CiberDefensa durante 2 años en la Universidad de Tallin, Estonia, Estos militares son ingenieros en informática y electrónica.
Esta capacitación en CiberDefensa es gracias al convenio cooperación industrial y social entre el Ministerio de Defensa y BELLHELICOPTER
Durante los 2 años de entrenamiento en CiberDefensa realizarán entrenamiento práctico en BHC Laboratory y FuerzaAérea de Estonia
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.
Pedro Arenas García fue alcalde de San José del Guaviare, es un reconocido líder comunitario y miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, una organización internacional que monitorea, entre otras, la problemática de las erradicaciones forzosas manuales y aéreas, los modelos de desarrollo rural Integral y los procesos de inclusión de las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, pequeños agricultores, indígenas, colonos. En Costa Rica, durante la V Conferencia Latinoamericana sobre Política de Drogas, Arenas habló con El Espectador sobre el fracaso de las estrategias de lucha contra cultivos ilícitos, que implicó la llegada de proyectos extractivistas y las protestas sociales.
¿Cómo explica este paro desde la política estatal contra los cultivos de coca?
En el Putumayo hay un indicio cada vez más claro de una asociación entre la política de reducción de oferta, basada casi de forma exclusiva en métodos de erradicación forzada como las fumigaciones o las erradicaciones manuales no concertadas, con la llamada locomotora minero-energética. Las dos demandas principales de la población lo reflejan: no más erradicación forzada, paren las fumigaciones aéreas contra pequeños cultivadores de coca, no más expansión del extractivismo, en un ecosistema frágil como el del pie de monte amazónico, donde hay resguardos indígenas y gran variedad de recursos naturales asociados a la diversidad propia de nuestra amazonia.
Pareciera que las operaciones de erradicación de cultivos hubiesen tenido en muchas partes del país el propósito de sacar corriendo a las comunidades campesinas, que en efecto lo hacen y así lo muestran las cifras de desplazados internos. Ante la quiebra de su economía de subsistencia basada en la hoja de coca, se fueron y el territorio quedó libre para el ingreso de acaparadores de tierras y luego para la llegada de la extracción de recursos naturales a gran escala, sea petróleo o minería, como se ve en el Chocó, en el Meta, Cauca, Nariño, Norte de Santander. Lo manifiestan las comunidades campesinas cuando protestan.
¿Qué ofrece el Estado?
Putumayo ha sido uno de los escenarios más importantes del país en materia de la llamada ‘sustitución de cultivos’. El lenguaje sustitucionista, que a principios de los 90 nos vendieron a través de programas como el Plante, luego se manifestó en Familias en Acción o apoyos de la ONUDD, y después, más fuerte en el caso del Putumayo, a través de Usaid en medio del Plan Colombia. Putumayo es uno de los casos ejemplarizantes de la falta de éxitos en inversiones para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Hay un mundo de elefantes bancos: construcciones de plantas procesadoras de productos sutitutos que, se supone, las comunidades iban a emprender de manera masiva.
También se evidencia una contradicción entre el estímulo que se quiere dar a comunidades que están dejando atrás la coca, con los programas de erradicación forzada: cultivos alternativos de piña, pimienta, cacao, caucho, en muchas regiones de Colombia han sido fumigados. Hay varios casos en Cauca, Guaviare, Nariño y más recientemente en Putumayo, donde en una cooperativa de mujeres dedicadas a sembrar piña como alternativa económica, hubo fumigaciones.
Lo tercero, para entender el Putumayo, es que las meras inversiones en el fomento de cultivos sustitutos no bastan si no están asegurados mercados, si no hay infraestructuras carreteables, si no hay buenos precios, y eso se ata con la problemática en general del sector agrario colombiano. El tal paro agrario del año pasado hacía notar que hay desarreglos del mercado incluso para cultivos lícitos en los que se sustentan economías campesinas muy viejas, como la boyacense o cundinamarquense. Eso tiene una relación directa con la expansión de cultivos ilícitos y de alguna forma es desmotivante, cuando el lenguaje oficial invita a la gente a dejar atrás la coca para que siembre maíz, yuca o plátano.
El Putumayo muestra que no basta con que la estadística oficial presente que antes había 160 mil hectáreas de coca y ahora 50 mil, y que eso sea el grandioso éxito de la política colombiana, que incluso se ha querido exportar. No basta reducir el área sembrada si las condiciones objetivas que permiten la siembra persisten, en un ambiente de alta conflictividad no sólo armada sino social, como lo evidencian todos estos paros.
¿Qué traen a largo plazo esos resultados en la disminución de cultivos de coca?
Entramos en los éxitos de la política antidrogas colombiana, basados principalmente en reducción de la oferta, aunque no se puede negar que las autoridades han hecho a veces énfasis en interdicción en ríos y destrucción de laboratorios. Miremos desde la década de los 80, cuando Colombia no era un gran productor de coca, no tenía tanta extensión sembrada, sino que importaba pasta base de Perú y Bolivia y refinaba en Colombia, en sitios como Tranquilandia, y exportaba cocaína. La manipulación de los cultivos con fines comerciales fue muy fuerte en los 90, cuando los cultivos más se expandieron, así llegamos a la ‘capital mundial de la coca’ en Miraflores (Guaviare), y arrancan por ahí las fumigaciones sobre el 94. Para fines de los 90 los cultivos se trasladaron a Putumayo, luego a Nariño, y empieza toda esta migración de un sitio a otro: fumigación, resiembra.
Hemos sido campeones de reducción de hectáreas, pero también de resiembra. También hay que mirar en un periodo de tiempo más largo y hacia las especialidades de cada país de la región andina en términos globales. Sumados los tres países, seguimos satisfaciendo la demanda internacional de cocaína. Desde el punto de vista de la ONU, no se puede mirar sólo el caso colombiano, lo tendrán que ver más hemisférico y atender a cosas como la producción total o los volúmenes exportables. Ahí ya es distinto, es en dónde hemos puesto los énfasis y qué hemos facilitado desde las estrategias gubernamentales.
¿Cómo ha afectado la vida del campesino esa persecución a los cultivos?
Hay daños a cultivos y cultivadores, que han implicado violaciones a los derechos humanos y mayores áreas deforestadas de ecosistemas frágiles. La persecución de los cultivos ha llevado a que algunos de estos se instalen en zonas protegidas, desde páramos en el caso de la amapola hasta coca en parques naturales o resguardos indígenas, y ha llevado también a un debilitamiento de las institucionalidades locales y las autoridades territoriales. Esto último se pone de manifiesto en Putumayo en la reforma al sistema de regalías que dice: pasamos de producir 9 mil barriles de petróleo a 40 mil, pero eso no nos ha representado mayores ingresos como departamento. Tenemos más producción, pero los gobernantes no pueden hacer más inversiones porque el nuevo sistema centralizó esos recursos.
Esta estrategia nos ha llevado a una militarización de la vida local en las comunidades productoras. En el Putumayo, todo se ha concentrado en seguridad. La estrategia de fondo estaba enfocada en quitarle a las guerrillas la fuente de financiación que pueden obtener de los cultivos ilícitos, con sus impuestos y su participación en la cadena, asuntos que se aceptan más claramente al aparecer en la mesa de diálogo en La Habana, pero eso no ha llevado seguridad para esas poblaciones.
¿La estrategia de seguridad también se puede entender en función de los proyectos extractivos?
El alcalde de Puerto Asís, en una entrevista en El Espectador, acepta que ha habido un incremento del pie de fuerza militar, mayores instalaciones, pero para cuidar las inversiones de petróleo: Eso implica que la seguridad está en función de esa economía extractiva más no de la seguridad de la población. Hay otros daños como el desplazamiento forzado de población, en zonas donde se aplican programas antidrogas. Esa economía ilegal más las políticas interdictivas ocasionan aumento de homicidios y de otro tipo de violaciones graves.
También, desde el punto de vista jurídico, el encarcelamiento de campesinos cultivadores. Las cárceles de Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, tienen a muchos capturados en operaciones en cultivo o pequeños laboratorios. Ese conjunto de daños causados a estas poblaciones invitaría en cualquier país civilizado a revisar lo que se ha estado haciendo, que es lo que de fondo reclaman las comunidades campesinas del Putumayo. No sólo es que les digan: aquí hay plata para ya no sembrar coca sino plátano, sino que hablen de los derechos de esas poblaciones y cómo podría haber cambios en ese sentido.
Recordemos que Colombia es el único país del mundo donde hay fumigaciones.
En Marruecos se quiso implementar un programa de fumigaciones y la monarquía no aceptó. En Afganistán, que años después de la invasión estadounidense sigue siendo el principal productor de amapola en el mundo, EE.UU. propuso un programa de fumigaciones, pero tampoco lo aceptaron. Perú quiso hacer un intento pero no lo puso en práctica. En muchas otras partes hay programas de erradicación, pero no con el método de envenenamiento aéreo de tierras.
El discurso que ha pretendido justificar esto ha sido la complejidad del conflicto interno, los riesgos de seguridad de los erradicadores manuales. Se argumenta que los campesinos con sus cultivos generan un daño ambiental cuando agregan insecticidas, herbicidas, y en los lugares donde transforman coca en pasta base. Pero uno no puede justificar un mal mayúsculo porque el otro está haciendo un mal. Este argumento, en muchos otros países, se ha empleado para negarse a la fumigación aérea. Colombia es el único que sigue practicando eso.
¿Cómo vulnera la fumigación aérea los derechos de los campesinos del Putumayo?
Le dije en un encuentro regional para la paz al alcalde de Puerto Asís, que ha sido alcalde tres veces, que comparara desde su primer periodo, hace 17 años, con el actual, cuántas veces ha crecido el área urbana de Puerto Asís. Dijo que casi cinco. No es porque haya mucha gente del centro de Colombia interesada por irse a Puerto Asís. Es porque población de veredas aledañas se ha visto obligada a desplazarse al casco urbano. Figuran en el sistema de población desplazada.
También se ha visto, en las áreas fumigadas, un cambio en el uso del suelo, que antes estuvo en tareas agrícolas y que debido a las fumigaciones se ha transformado en pastos. Por lo general ocurre en el norte amazónico, lo cual representa un nuevo foco de tensión porque está probado que, con coca, una familia campesina se puede sostener hoy con una hectárea y media sembrada. No ocurre lo mismo con ganadería: una familia para sostenerse con ganado tiene que tener una extensión en pradera mucho mayor para alimentar unas cuantas vacas, debido a la calidad de los suelos y los modelos de rendimiento ganadero. Esto implicará que revisemos cosas como el ordenamiento territorial.
Hay poblaciones que son fumigadas y que, al no tener más oportunidades, lo que hacen es migrar más adentro de los bosques y selvas, a tumbar y restablecer un cultivo de coca. A veces tratan de ir más lejos para escapar a las autoridades. Eso lleva a una ampliación de la frontera agrícola, puntas de colonización muy activas que no hemos logrado frenar. Hay en el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada
¿Cómo sería un modelo de desarrollo alternativo que funcione en el Putumayo?
Tengo esperanzas en lo acordado en el punto cuatro en La Habana. Las partes generaron unos considerandos que implican reconocer que este problema tiene variables como pobreza, falta de acceso a tierras, desempleo, situación de marginalidad, poca presencia institucional en territorios donde se produce, vulneración de derechos de las poblaciones.
El acuerdo plantea dar un tratamiento diferente a poblaciones mas vulnerables, llámese campesinos cultivadores, indígenas y usuarios de drogas. El negocio está en los que la procesan con fines comerciales de gran escala, los que la transforman en clorhidrato de cocaína o los que la exportan o están ligados al trafico nacional o internacional. Para las poblaciones más vulnerables hay que establecer un tratamiento que implica consideraciones sociales y económicas. Para los que se lucran hay que establecer una política criminal.
Este acuerdo del punto cuatro implica un enfoque territorial con altísimas dosis de participación comunitaria. Lo que me parecen novedoso es que se harían asambleas comunitarias y municipales para establecer planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Obviamente también plantean la creación de una institucionalidad para atender esos programas, un programa nacional de desarrollo integral alternativo.
¿Cómo ven esto las comunidades?
Con algo de desconfianza y expectativa. Desconfianza porque en departamentos como el Putumayo las guerrillas siguen muy beligerantes. Eso socava la confianza de la gente en el proceso y a algunos los lleva a pensar que no hay voluntad de poner fin al conflicto. Pero también la desconfianza de hasta qué punto nuestro Estado va a cumplir los compromisos y la implementación de los acuerdos. Muchos líderes campesinos de las zonas productoras dicen que lo que pasa es que el gobierno no cumple acuerdos que se hicieron hace años.
Hay que revisar cuántos paros hubo en el Putumayo en los últimos 20 años y cuántos acuerdos ha firmado el gobierno con las comunidades que han hecho paros, y cuántos de esos compromisos se han cumplido. Como es posible que, por ejemplo, en una región como el Catatumbo, en el paro del año pasado, uno de los reclamos era que el gobierno cumpliera los acuerdos hechos en 1996. O que el paro del Cauca de principios de 2000 exigiera compromisos del año 99. O los indígenas, que cuando bloquean la Panamericana le dicen al gobierno que hace dos, cuatro, seis años se comprometió a hacer cosas que no cumplió. Eso socava la confianza de la comunidad, no solo por la conflictividad sino por las acciones institucionales.
¿Cómo cambiará las cosas una posible firma del fin del conflicto?
Lo de La Habana es una novedad porque siempre se ha argumentado: no podemos cumplir con las inversiones porque allá está la guerrilla, el conflicto no permite entrada de funcionarios, las institucionalidades no alcanzan. Ahora, si se firma el fin del conflicto, ya no existiría esa excusa. Luego vendrán cosas como la coordinación interinstitucional, la bolsa de recursos que se tendría que juntar para inversiones que demanden estas comunidades. Esos principios deben estar adelante a la hora de pensar en un plan de desarrollo alternativo en el Putumayo. El principio del dialogo, la inclusión de todos, de gremios económicos y producción, una serie de voluntades políticas desde el nivel territorial hasta nacional, la coordinación institucional, la concurrencia de recursos.
Sí, las discusiones más propias de los agrónomos y demás. Esto se ha querido hacer al revés: se dice que el suelo de tal vereda es apto para que siembren pimienta, entonces siembren pimienta, sin considerar el resto de factores, por eso muchas veces se ha caído en fracasos. Hay que poner unos principios antes, de hecho la ONU lo aceptó en una cumbre realizada el año pasado en Lima, en la que se establecieron los principios rectores del desarrollo alternativo, que ya son una especie de ley en el sistema de Naciones Unidas. Unos principios que incluyen democracia, dialogo, concertación y demás. En el caso colombiano, en las puntas de colonización, es lo que le va a agregar un condimento a toda esta discusión.
Pero hay zonas donde definitivamente ningún otro renglón económico puede implementarse. Hay zonas del país donde lo único es la coca. La hoja de coca para pasta base. Eso puede sonar a sacrilegio, pero hay partes donde habrá que pensar en sistemas de gradualidad, donde no obliguemos a las comunidades a la ‘coca cero’, sino que las ayudemos a buscar salidas lícitas pero manteniendo una parte de su predio con coca. Ayudar a que vayan saliendo de la coca con la misma coca. Parece raro, pero en la mayoría de zonas la gente ha empleado los recursos que le ofrece el cultivo de coca bien para su sostenimiento familiar, como la compra de los alimentos, vestuario, salud, transporte, y en algunas oportunidades como un recurso que inmediatamente se traslada a un ahorro directo, no por medio de bancos, sino que el ahorro son vacas. Es decir, la gente traslada lo que le ofrece la coca al ganado, y el ganado se constituye en el ahorro. Muchos han logrado trasladarse de coca a ganadería sin ningún apoyo gubernamental, con apoyo de la misma coca.
http://co.reporte.us/Post.aspx?id=53644
Saludos.
http://www.expodefensa.com.co/
El Gobierno Nacional le puso freno a una inversión de 250 millones de dólares que estaba dirigida a comprar un satélite, argumentando –entre otras cosas– que es mucho menos costoso para el país seguir adquiriendo información satelital anualmente a terceros.
Había por lo menos 10 países interesados en hacer parte de este proceso, pero el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, decidieron pararlo para evitar un gasto eventualmente innecesario para el país.
“Oficialmente notifico que se canceló la compra del satélite”, sentenció Vargas en diálogo con EL TIEMPO.
Colombia invierte anualmente, en promedio, alrededor de 11,5 millones de dólares en la compra de información satelital que se utiliza en diversos frentes. Se supo, además, que la vida útil del satélite que se pensaba adquirir era de 7 años.
Así las cosas, el Gobierno calculó que en 7 años se gastaría un poco más de 77 millones de dólares en esta materia, que es una cifra muy inferior a la inversión que se planteó hacer para comprar un satélite.
Cifras oficiales dan cuenta de que el Ministerio de Defensa gasta 6,5 millones de dólares, por año, en la compra de este tipo de información; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 3,5 millones, y otras entidades invierten en el mismo periodo alrededor de 1,5 millones.
Vargas Lleras aclaró que la compra de información satelital no se frenará, pero se desarrollará un proceso para que –desde ahora– se haga a través del sistema Colombia Compra Eficiente.
La Comisión Colombiana del Espacio está adscrita a la Vicepresidencia de la República y durante la administración del ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010) comenzó el proyecto de comprar un satélite.
Este propósito lo continuó el vicepresidente Angelino Garzón en el primer gobierno de Santos, pero para este cuatrienio –luego de varios análisis– el segundo al mando en el Ejecutivo, Germán Vargas Lleras, decidió frenar el proceso. Para ello, contó con el visto bueno del Jefe de Estado.
La información satelital se utiliza para distintas áreas, como comunicaciones, seguridad nacional, identificación de cultivos ilícitos, desarrollo de programas agrarios y –entre otros– para la implementación de planes de infraestructura.
En América Latina, casi todos los países adquieren este tipo de información a través de terceros, pero Brasil, Argentina, México y Venezuela cuentan con sus propios satélites en órbita. Y, a nivel mundial, Estados Unidos, Rusia, Japón y China son las naciones que mayor número de estos artefactos tienen en el espacio.
Sin duda, la información satelital es clave para varios frentes en Colombia, pero, de acuerdo con los estudios realizados por el Gobierno, sigue siendo mucho más barato adquirirla a través de terceros que comprar un satélite propio. “El tema queda cancelado todo el cuatrienio”, enfatizó Vargas Lleras.
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-frena-compra-de-satelite/14533968
Estos resultados se convirtieron para el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el vivo ejemplo de los logros conseguidos por la Fuerza Pública, incluyendo los resultados operacionales contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común que, en los últimos años, han sido destacados y reconocidos por el mundo como un caso de éxito.
Ejemplo de ello fue la Operación Fénix que dio de baja a ‘Raúl Reyes’; la Operación ‘Jaque’ que logró la libertad de 13 personas, entre ellas tres contratistas estadounidenses; la Operación Odiseo contra ‘Alfonso Caño’ y la Operación ‘Sodoma’ contra el ‘Mono Jojoy’, entre otras.
Fue así como Pinzón destacó, este jueves en Miami y ante sus pares de Centro América, México y Estados Unidos, el exitoso modelo en seguridad implementado por el país desde la puesta en marcha del Plan Colombia (1999) hasta la tercera fase del Plan de Guerra ‘Espada de Honor’ (2014).
Pinzón resaltó el aumento del pie de fuerza en 104.521 militares y de 73.255 uniformados de la Policía Nacional entre 2000 y 2013; también las Fuerzas Armadas pasaron de tener 313 helicópteros y aeronaves a 576, y de 166 lanchas patrulleras a 436.
Entre los temas destacados por Pinzón como resultado del esfuerzo en materia de seguridad hecho por Colombia en los últimos años, incluyó el aumento del turismo en un 164% y de la inversión extrajera en un 500% en los últimos 14 años.
El éxito en la implementación de los planes que en seguridad y defensa ha realizado Colombia en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, ha permitido que en los últimos años el país goce de una disminución de la pobreza en un 38% y el desempleo (59%).
Asimismo, en el encuentro donde también participó el general John Kelly, jefe del comando sur de los Estados Unidos, se destacó el papel de Colombia en la capacitación de tácticas de seguridad y defensa.
“Colombia ha fortalecido las instituciones gubernamentales, promoviendo la seguridad en las ciudades, reduciendo los cultivos ilícitos y la producción de drogas ilícitas, como también estableciendo un dialogo continuo por la paz con las Farc”, se lee en un documento publicado este jueves por el Comando Sur de los Estados Unidos.
Por su parte, el Ministro de Defensa colombiano reveló que en este periodo el índice de homicidios disminuyó en un 41%, el de secuestros en un 92%; ataques terroristas en un 42% y ataques a la infraestructura en un 62%. Estos resultados en materia de seguridad han permitido que Colombia se convierta en uno de los países con mayor crecimiento económico en la región.
http://www.mindefensa.gov.co/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fportales!2fmdn!2fservicios!2fiviews!2fgov.mdn.Visor_Noticia?idXml=/pccdesign/PortalMDN/Espanol/NoticiasFecha/Noticias/Shared Content/Plantillas/wpc_plantillaNoticias_1411079334694&page=0&date=18082014&home=true&url=/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fportales!2fmdn!2fservicios!2fiviews!2fgov.mdn.Visor_Noticia
El gobierno admitió recientemente un déficit en el presupuesto y un ajuste en el gasto público para superarlo.
El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón alertó al Congreso de la República sobre las consecuencias de reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas con el argumento de que el país está cerca de alcanzar un acuerdo de paz con las Farc.
El funcionario aseguró algunos lo están proponiendo de manera ingenua y otros con malas intenciones.
“Otros están viendo como desmembrar a quienes los han llevado a la postración y a la derrota, viendo como desarticulan las fuerzas armadas debilitando sus capacidades económicas y su seguridad jurídica” dijo el funcionario en una ceremonia de ascensos de la Fuerza Aérea.
Pinzón envío un mensaje al Congreso de la República que está discutiendo el presupuesto general de la nación. “La paz puede traer más violencia e inseguridad si no se garantiza desde ya unas fuerzas armadas fuertes”.
“Quitarle recursos a la seguridad es quitárselos al desarrollo, el empleo y la educación inversión” le dijo el ministro a los legisladores.
En 2014 el presupuesto de defensa de Colombia fue de 27 billones de pesos, superior al de otras áreas incluida educación.
Pinzón considera que los colombianos tienen grandes preocupaciones frente a la delincuencia común, y las alianzas del crimen organizado con las Farc.
http://linkis.com/www.caracol.com.co/n/xIryW
La Corporación Matamoros dio formalmente inicio este viernes, a un programa en alianza con Prosegur, para brindar más oportunidades laborales a militares heridos en combate.
Se trata de ‘Apuesta por los héroes de la Patria’, que permite a estos uniformados vincularse laboralmente a diversas empresas privadas, como el caso de Prosegur, compañía de valores con presencia en varios países del mundo.
"Junto con el Ministerio de Defensa Nacional seguimos trabajando en la búsqueda de más oportunidades laborales, educativas y de rehabilitación, con las que reconocemos el esfuerzo y sacrificio que hacen y han hecho nuestros héroes; este es una muestra de ese logro ", afirmó Gladys Sanmiguel, directora de la Corporación Matamoros.
John Jairo Patiño, soldado herido en combate durante una operación contra las Farc en el Cauca, aseguró que sus dos hijos y su esposa valoran y agradecen la oportunidad de trabajar en Prosegur y tener un ingreso por la labor que desempeña desde principios de 2014.
"Me siento muy orgulloso de haber portado el uniforme y aunque las huellas de la guerra son profundas, el tiempo se encarga de darnos nuevas oportunidades", afirmó Patiño, quien actualmente trabaja en el área de Control y Monitoreo de la compañía de transporte de valores.
Con estos programas, afirmó Sanmiguel, "les estamos diciendo a todos ellos (los héroes de la Patria) que siguen siendo parte de este país y que hay oportunidades laborales que también benefician a sus familias".
Soldados retirados y heridos en combate hacen parte de diferentes programas laborales junto con sus familias, para ocupar cargos y labores en empresas privadas y públicas a lo largo del país.
Fuente: Ministerio de Defensa
Sistema multiple lanzacohetes - No
Misiles antiaéreos - Si
Misiles antiaéreos Fs 1500 - No
Misiles antiaéreos Pes - Si
Mejorar Mistral lanzamiento Fs 1500 -Si
Municion Strales - Si, varios tipos en estudio.
Mas Lav III - Si
Mas M1117 con torretas - Si
Torretas para blindados - Si, proyectos varios tipos, incluso antitanque y antiaéreos
Misiles antitanques - Si, Spike ER, Nlos. ya llegaron algunos.
Mantenimiento mayor Nimrod mayor-Si
Misiles antiaéreos ejercito, Fac y Arc - Si, en estudio opciones
Cazas nuevos para la Fac - Si, problemas de procesos, en espera que se acelere. Prioridad urgente esta en la mesa.
Reemplazo A37, Ov 10- No por ahora.
Artillería 155 mm - Propulsada -No, por el momento
Artillería 105 mm - Si
Problemas Kfir - Se puede solucionar pero altos costos , entre otras cosas.
Problemas Submarinos - Todo subsanable y en curso.
Proyectos conocidos -Algunos suspendidos, otros en proceso.
Creación y equipamiento de unidades antitanque y antiaereas - Si en estudio, últimamente aumentando su importancia
Radares de alerta - Si
Sistema de defensa Costera - Congelado
SISDAN - Con problemas, avanza lento, pero tendrán que darle prioridad.
Lo anterior es un mostrario, trabajan con dificultades, muchas, y contrareloj, pero tratan de hacer las cosas, los Mbt y sistemas de cohetes no descartados, por ahora no en plan para avanzar otras cosas, una de ellas
Howdy, Stranger!
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