Y nada que aprenden! A veces hay cuadros que les importa un rábano la salud de la tropa, solo ven al soldado como un número y hasta que no lo ven grave de salud no lo llevan a un dispensario a que lo revisen.
Lo que pasa es que como no se inicia un proceso por "negligencia y omisión" muchos sufren de importoculismo, además ese es el problema de incorporar en "cantidad y no en calidad" Se deben hacer exámenes médicos exaustivos en aras que la misma institución no se vea afectada pagando tratamientos e indemnizaciones!
Por eso es que el SMO se debe modificar empezando desde el modo de incorporar! El ejército NO ES reformatorio para enderezar muchachos rebeldes, ni vicioso, ni rateros o jibaros! "Ahí debe responder el comandante de escuadra y el comandante de peloton", ellos son quienes deben informar al comandante de compañía para iniciar procedimiento de llevarlo al dispensario medico. Hay suboficiales de rango cabo tercero hasta cabo primero que creen que es el oficial quien debe responder, están equivocados!! las responsabilidad si bien es de la institución el juzgamiento es personal.
A ver si alla en la Chinca empezamos a cambiar el Chip "que responda mi teniente"
Por denuncias de corrupción, sacan a general Jorge Romero del Ejército
El general del Ejército Adelmo Orlando Fajardo Hernándezsolicitó vacaciones -que le fueron aceptadas- para preparar su defensa por presuntos actos de corrupción. Y el general Jorge Horacio Romero Pinzón fue llamado a calificar servicios.
En el caso del general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), se decidió trasladarlo.
Esas medidas fueron confirmadas este martes por parte del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, tras las denuncias por supuestos actos de corrupción cometidos por esos uniformados durante su paso por varios comandos del Ejército.
En el caso del general Quirós, el funcionario no especificó a qué dependencia se decidió trasladarlo. . En su última edición, la revista Semana reveló que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones contra los generales Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército, y Jorge Romero Pinzón, hasta hoy, jefe de Acción Integral del Ejército.
Contra el mayor general Adelmo Fajardo Hernández, según Semana, hay acusaciones de presionar a sus subalternos -cuando era comandante de Educación y Doctrina del Ejército- para desviar dinero del comando en beneficio propio y de su familia.
Al brigadier general Romero, por su parte, se le está investigando por, presuntamente, haber entregado salvoconductos para el porte de armas a cambio de favores económicos durante su paso por la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, entre los años 2015 y 2017.
El ministro Botero afirmó que conocidas las denuncias sobre presuntas irregularidades de tres altos oficiales, se analizó la situación, reiterando qué hay cero tolerancia con hechos de los integrantes de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y las leyes.
El funcionario explicó que al general Romero se le dio baja porque tiene dos investigaciones en la Fiscalía, mientras que contra el general Fajardo, a quien se le autorizaron las vacaciones, no hay investigación de atrás, y por eso se le dio tiempo para ejercer su derecho a la defensa.
“Este fin de semana me reuní de urgencia con el Fiscal General para informarlo de esta situación, y decirle que estábamos para colaborarle. Al Procurador le envié una nota en la misma instancia”, dijo Botero.
Por su parte el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez reiteró que no conoció durante su paso por la Inspección General de ninguna denuncia contra los generales Fajardo y Romero.
No sobra decir el caso de un generalucho corrupto que le pedía a sus subalternos que le consiguieran un Iphone a su hijo, o que le consiguiera plata para sus viajes al exterior.
No que a varios de a acá no les gustaba SEMANA, dizque porque era castrochavista mamertista?
Es la mejor revista de lejos en el país, gracias por destapar estos casos de corrupción.
El es el Señor *Mayor Nixon Rolando Salamanca Rojas*, con Cédula 74.080.320 de Sogamoso, conocido por los grupos al margen de la Ley como *“PECAS o EL PECOSO”*
Este Mayor se desempeñó como Oficial de Operaciones del Grupo Mecanizado Maza adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército desde Diciembre de 2016.
Dicho Cargo donde tenía la autoridad y potestad de mover las unidades en la jurisdicción del Grupo Maza, Unidad Militar que tiene la Responsabilidad entre otras de controlar las rutas de contrabando según el Plan Centurión en sectores neurálgicos como Campo dos, San Faustino, Herran, Ragonvalia, la Y de astilleros, Villa del Rosario entre otras.
Este cargo, la Misión y Jurisdicción de la Unidad Militar, los antecedentes de corrupción como el caso del Coronel William Leonardo Florez en 2017 hacen parte del pasado de mencionado Batallón, sumado a la avaricia del Mayor Salamanca, Hizo que Rápidamente se familiarizará con la cultura de trabajar con grupos organizados al margen del la Ley.
Acciones como cobrar por el paso de combustible a gran escala, mover las tropas para Facilitar el Paso de Contrabando de Gasolina, Productos Lácteos y Carnicos, y en resumen todo lo que se requiera de manera ilegal tanto de Colombia hacia Venezuela y viceversa.
Durante más de dos años estuvo en las nóminas de alias la WICHA (la mayor contrabandista de Combustible), así como en la nómina de los RASTROJOS quienes mensualmente daban dádivas por los favores recibidos del Mayor.
Todo esto obviamente articulado con el Teniente Coronel Carlos Darío Gonzalez Villamil Comandante del Grupo Maza hasta el mes de Diciembre de 2018.
Desde antaño el Batallón Maza se ha Visto involucrado en Nexos con el contrabando, Venta de Información, Municion, intendencia, narcotrafico, ya que es difícil para una persona de Moral distraída mantenerse al margen de la tentación del dinero fácil; en diciembre de 2018 el Mayor Salamanca salió trasladado como Comandante del Gaula Casanare y pretendió seguir sacando provecho a distancia desde su nuevo cargo con los negocios ilícitos en Norte de Santander, continuo en contacto con los Grupos al margen de la ley y articulando con el Hoy Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo Maza el Mayor Fajardo, interviniendo para mover unidades para Facilitar el paso de contrabando y como también material del GAO RASTROJOS
todo esto quedó descubierto cuando quiso como de costumbre mover una unidad, intentando persuadir al Comandante para que dejara pasar una Caravana que “ya estaba cuadrada” el sargento comandante de esta unidad se negó, el Mayor Salamanca intentó persuadir, al no conseguir el favor del sargento llamo al Mayor Fajardo Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo Maza para que interviniera, este Mayor toma contacto con el Sargento y le da la orden Militar de mover el pelotón de allí, el Suboficial se niega a cumplir la orden ya que no era lógica y el Ejecutivo y Segundo Comandante es el encargado de la parte administrativa y no de la operacional.
El Mayor Salamanca dio aviso a los contrabandistas de pasar que ya estaba cuadrado, pero en el puesto de control el Sargento Comandante del pelotón decomisa el contrabando y captura a los contrabandistas, quienes de forma enérgica alegan que eso ya estaba cuadrado con el Mayor EL PECOSO y que para eso pagaban, que respetaran los acuerdos
Adicional a esto fue capturado el jefe de Finanzas de GAO RASTROJOS, quien para lograr preacuerdo con la Fiscalía reveló información que afirma el pago de entre 20 a 30 millones de pesos mensuales a repartirse entre los altos mandos del Batallón Maza, y que el encargado de esos acuerdos así como de refrigeración el dinero y hacer la repartición fue el Mayor Salamanca.
Cabe resaltar que la fiscalía adelanta investigación por hechos de contrabando así como de aparecer en la nómina de los GAO RASTROJOS a un grupo de Oficiales del Batallón Maza y quien el cerebro era el Mayor Salamanca.
El Mayor Fajardo hoy Segundo Comandante del Batallón Maza al ver la gravedad de las acusaciones y presintiendo un futuro jurídico inmediato en medio de una pena rigurosa está contemplando pedir la baja del servicio Activo del Ejército y abandonar el país.
Este mensaje fue reenviado a varias personas del ejercito, así como a revista semana, Vicky Dávila y fiscalía
El Gobierno de Duque destituye a cuatro generales de primera línea en el Ejército colombiano
Entre los separados de su cargo está el 'número dos' de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo, señalado por corrupción
Los señalamientos por supuesta corrupción y el posible regreso del escándalo de los falsos positivos han llevado al Gobierno deIván Duque a llevar a cabo importantes cambios en la cúpula del Ejército colombiano. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, destituyó este jueves por la tarde a cuatro generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. También fueron separados de sus cargos el comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, Juan Vicente Trujillo; el jefe del departamento de Implementación, Francisco Javier Cruz Ricci; y el encargado de planificación y transformación del Ejército, César Augusto Parra.
El número dos del Ejército, Adelmo Fajardo, en cambio, ya había sido enviado a vacaciones después de que la revista Semana revelase denuncias que lo implicaban en un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido. “Hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra él, solo hay una denuncia, pero no tiene carácter jurídico. No se conoce hasta ahora denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones”, dijo Botero hace dos semanas. Una vez consumada su destitución, como reemplazo de Fajardo llega el general Mario Valencia, que hasta ahora se desempeñaba como el jefe de operaciones conjuntas.
Por su parte, el general Francisco Javier Cruz Ricci había sido mencionado por la organización Human Rights Watch (HRW) como uno de los oficiales presuntamente vinculados a la ejecución de dos civiles en 2004. "Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales", indicó la organización de derechos humanos.
Antes de esta profunda remodelación en las Fuerzas Armadas, las autoridades colombianas ya habían separado de su cargo el general Jorge Romero, señalado de por tres personas, entre ellas un empresario, por supuestamente haber entregado salvoconductos de armas a cambio de dinero cuando era comandante de la Cuarta Brigada, entre 2015 y diciembre de 2017.
Pero solo después de varios meses de insistentes denuncias de medios de comunicación colombianos e internacionales, el Gobierno de Duque acabó dando el paso y modificando la cúpula. Desde el 2018, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW y congresistas de la oposición, habían alertado por el ascenso a generales presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. El Ejecutivo los respaldó y fueron ascendidos.
Posteriormente, el diario The New York Timesreveló la existencia de documentos que podrían incentivar el regreso de los falsos positivos. Después de la controversia, el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, retiró los formularios en los que se pedía a altos oficiales duplicar el número de muertos en combate. Martínez también ha estado en el centro de la polémica porque estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En ese momento, él era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la brigada. El general ha dicho que es inocente, que no existe ninguna investigación contra él y que no va a dejar su cargo.
Todo esto es una gran vergüenza para nuestras fuerzas armadas y pensar que algunos decían que era una persecución en contra de nuestros militares. No señor, como dije en otro post, CERO TOLERANCIA CON LOS CORRUPTOS. En la cárcel es en donde deben estar.
Eso mismo iba a comentar, pero me parece que aquí no va ese artículo, ya que ahí no hay casos de corrupción y se demostró que el EJC actuaba correctamente. Lo dicho: armaron una tormenta en un vaso de agua. GADEJO.
El Gobierno de Duque destituye a cuatro generales de primera línea en el Ejército colombiano
Entre los separados de su cargo está el 'número dos' de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo, señalado por corrupción
Los señalamientos por supuesta corrupción y el posible regreso del escándalo de los falsos positivos han llevado al Gobierno deIván Duque a llevar a cabo importantes cambios en la cúpula del Ejército colombiano. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, destituyó este jueves por la tarde a cuatro generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. También fueron separados de sus cargos el comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, Juan Vicente Trujillo; el jefe del departamento de Implementación, Francisco Javier Cruz Ricci; y el encargado de planificación y transformación del Ejército, César Augusto Parra.
El número dos del Ejército, Adelmo Fajardo, en cambio, ya había sido enviado a vacaciones después de que la revista Semana revelase denuncias que lo implicaban en un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido. “Hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra él, solo hay una denuncia, pero no tiene carácter jurídico. No se conoce hasta ahora denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones”, dijo Botero hace dos semanas. Una vez consumada su destitución, como reemplazo de Fajardo llega el general Mario Valencia, que hasta ahora se desempeñaba como el jefe de operaciones conjuntas.
Por su parte, el general Francisco Javier Cruz Ricci había sido mencionado por la organización Human Rights Watch (HRW) como uno de los oficiales presuntamente vinculados a la ejecución de dos civiles en 2004. "Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales", indicó la organización de derechos humanos.
Antes de esta profunda remodelación en las Fuerzas Armadas, las autoridades colombianas ya habían separado de su cargo el general Jorge Romero, señalado de por tres personas, entre ellas un empresario, por supuestamente haber entregado salvoconductos de armas a cambio de dinero cuando era comandante de la Cuarta Brigada, entre 2015 y diciembre de 2017.
Pero solo después de varios meses de insistentes denuncias de medios de comunicación colombianos e internacionales, el Gobierno de Duque acabó dando el paso y modificando la cúpula. Desde el 2018, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW y congresistas de la oposición, habían alertado por el ascenso a generales presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. El Ejecutivo los respaldó y fueron ascendidos.
Posteriormente, el diario The New York Timesreveló la existencia de documentos que podrían incentivar el regreso de los falsos positivos. Después de la controversia, el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, retiró los formularios en los que se pedía a altos oficiales duplicar el número de muertos en combate. Martínez también ha estado en el centro de la polémica porque estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En ese momento, él era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la brigada. El general ha dicho que es inocente, que no existe ninguna investigación contra él y que no va a dejar su cargo.
Por denuncias de corrupción, sacan a general Jorge Romero del Ejército
El general del Ejército Adelmo Orlando Fajardo Hernández solicitó vacaciones -que le fueron aceptadas- para preparar su defensa por presuntos actos de corrupción. Y el general Jorge Horacio Romero Pinzón fue llamado a calificar servicios.
En el caso del general Eduardo Quirós, jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), se decidió trasladarlo.
Esas medidas fueron confirmadas este martes por parte del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, tras las denuncias por supuestos actos de corrupción cometidos por esos uniformados durante su paso por varios comandos del Ejército.
En el caso del general Quirós, el funcionario no especificó a qué dependencia se decidió trasladarlo. . En su última edición, la revista Semana reveló que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones contra los generales Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército, y Jorge Romero Pinzón, hasta hoy, jefe de Acción Integral del Ejército.
Contra el mayor general Adelmo Fajardo Hernández, según Semana, hay acusaciones de presionar a sus subalternos -cuando era comandante de Educación y Doctrina del Ejército- para desviar dinero del comando en beneficio propio y de su familia.
Al brigadier general Romero, por su parte, se le está investigando por, presuntamente, haber entregado salvoconductos para el porte de armas a cambio de favores económicos durante su paso por la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, entre los años 2015 y 2017.
El ministro Botero afirmó que conocidas las denuncias sobre presuntas irregularidades de tres altos oficiales, se analizó la situación, reiterando qué hay cero tolerancia con hechos de los integrantes de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y las leyes.
El funcionario explicó que al general Romero se le dio baja porque tiene dos investigaciones en la Fiscalía, mientras que contra el general Fajardo, a quien se le autorizaron las vacaciones, no hay investigación de atrás, y por eso se le dio tiempo para ejercer su derecho a la defensa.
“Este fin de semana me reuní de urgencia con el Fiscal General para informarlo de esta situación, y decirle que estábamos para colaborarle. Al Procurador le envié una nota en la misma instancia”, dijo Botero.
Por su parte el comandante del Ejército, general Nicasio Martínez reiteró que no conoció durante su paso por la Inspección General de ninguna denuncia contra los generales Fajardo y Romero.
No sobra decir el caso de un generalucho corrupto que le pedía a sus subalternos que le consiguieran un Iphone a su hijo, o que le consiguiera plata para sus viajes al exterior.
No que a varios de a acá no les gustaba SEMANA, dizque porque era castrochavista mamertista?
Es la mejor revista de lejos en el país, gracias por destapar estos casos de corrupción.
Contra los hombres no debe haber ningún problema. Si son corruptos, que se pudrán en las mazmorras. El problema es cuando la cogen contra la Institución Castrense como un todo. Ahí jamás le faltarán defensores al Glorioso.
Testigo enreda a general Romero en corrupción en la contratación
General Romero habría favorecido a una empresa que prestaba servicios mecánicos para vehículos.
El general Jorge Horacio Romero Pinzón, quien fue llamado a calificar servicios por el Ministerio de Defensa hace casi tres semanas de manera fulminante, apareció mencionado este jueves en laaudiencia de imputación de cargos contra nueve personas capturadas por supuestos hechos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín.
El general Romero Pinzón, quien se desempeñaba como jefe de Acción Integral del Ejército, fue comandante de la brigada mencionada en las investigaciones entre 2015 y 2017, y su presunta vinculación con hechos de corrupción está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, él fue el primero de cinco generales que han salido del servicio este mes, y esto lo precipitó un reporte que entregó la Fiscalía al Ministerio de Defensa sobre los avances de las investigaciones.
Aunque inicialmente fue señalado de supuestas irregularidades en la entrega de salvoconductos para el porte de armas, ahora aparece mencionado en la entrega a dedo de contratos en la unidad militar.
Durante la imputación de cargos contra tres oficiales y un suboficial activos, dos oficiales en retiro y tres contratistas civiles, la Fiscalía señaló que el general Romero Pinzón habría favorecido a una empresa encargada de prestar servicios mecánicos para vehículos que firmó con el Ejército tres contratos, dos de ellos por un valor de 1.694 y 1.261 millones de pesos.
Según un testimonio en poder del ente acusador, el general Romero Pinzón habría dado órdenes a sus subalternos de que los contratos fueran entregados a la empresa que él decía.
El oficial, que está en el proceso de salida del Ejército, manifestó en su momento que recibía con sorpresa la decisión del ministerio de retirarlo del Ejército y sostuvo que demostraría su inocencia.
Sin embargo, la Fiscalía proyectó este jueves un video en el que el capitán Edwin Vargas Mateus, testigo del ente acusador, señala que el general Romero Pinzón ordenaba organizar reuniones con las empresas interesadas en ganar los contratos, en las que se les pedía información financiera, como capacidad de endeudamiento, para modificar los pliegos de contratación de tal forma que se ajustaran a su perfil y los ganaran.
El testigo añadió que los asistentes a las reuniones se repartían el 10 por ciento del valor de los contratos y que “los mismos proveedores realizaban los pliegos” y los ajustaban a sus capacidades para garantizar que serían los ganadores de las licitaciones.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados, que se realizó en la capital antioqueña, la Fiscalía precisó que la investigación contra los altos mandos militares comenzó hace más de un año y abarca contratos firmados por 4.468 millones de pesos. Otros de los contratos cuestionados están relacionados con la adquisición de insumos de papelería y ferretería y la prestación de servicios de logística y alimentación.
Los capturados son el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada, y los contratistas: el capitán en retiro Guerly Alexander Carrera Arias; y los civiles: Samir Fernando García Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia, Jaime Alberto Ramírez Díaz y el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, el bodeguista de la unidad militar.
Ellos no aceptaron los cargos de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos, que fueron imputados por la Fiscalía, e insistieron en que son inocentes de los hechos por los que fueron privados de la libertad.
La audiencia continuará este viernes con la presentación de videos e interceptaciones, con lo cual la Fiscalía pedirá que los capturados sean asegurados.
El futbolista clave en rastreo de salvoconductos de la Cuarta Brigada
La Fiscalía segunda especializada de Medellín recibió hace cuatro días una carta en la que el jugador del Deportivo Independiente Medellín,Andrés Felipe Cadavid, se pone a disposición de ese despacho dentro de una investigación sensible.
Desde hace meses, autoridades vienen indagando presuntas irregularidades en la Cuarta Brigada del Ejército, que fueron denunciadas en 2014 sin que aún pase nada.
Pero hay otra línea de investigación que preocupa aún más a las autoridades: un presunto tráfico de salvoconductos para pistolas y hasta fusiles que habría beneficiado a empresarios y a cabecillas de bandas criminales.
Y es en esas verificaciones en donde aparece El Viejo Oeste, el único polígono en Medellín que expide certificados de manejo de armas, uno de los requisitos que exige la Cuarta Brigada para entregar los salvoconductos.
El local, ubicado justo al frente de esa sede militar, es del defensa central, quien lo abrió en noviembre de 2015. En ese entonces, Cadavid era figura del equipo bogotano Millonarios y tenía como socio al empresario Alexander Giraldo Santa, al que la indagación liga con otro polígono en Bogotá: Milipol Ltda.
Según registros oficiales a los que EL TIEMPO tuvo acceso, El Viejo Oeste tiene 5 armas para el entrenamiento de sus clientes, entre pistolas 9 milímetros, Jericho, Glock y Córdova semiautomática, que el futbolista promociona, posando en fotos que difunde entre sus miles de seguidores en redes.
A su nombre también aparecen diez armas, entre pistolas, fusiles, una subametralladora y una escopeta. Y una fuente enterada del caso dice que Giraldo Santa aparece gestionando permisos para 42 armas.
“Andrés Cadavid es coleccionista y puede tener todas esas armas, esa es una de sus pasiones, además del fútbol. Los coleccionistas no tienen límite y pueden tener más que el propio negocio”, le explicó a EL TIEMPO el penalista Mauricio Beltrán, abogado del crac paisa.
Y añadió que todas las armas de El Viejo Oeste están en regla al igual que las de su cliente: “Quiero dejar claro que Andrés no está vinculado a ningún proceso. Pero si la justicia lo requiere, estará atento a responder”.
De hecho, EL TIEMPO estableció que directivas de su equipo están enteradas del caso.
Los clientes
Pero, ¿qué es lo que verifican las autoridades?
Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si todos los beneficiados con los certificados, expedidos por los polígonos, y con los salvoconductos de la brigada, cumplieron los requisitos de ley, entre ellos no tener antecedentes penales.
También quieren descartar un posible pago de sobornos (de un millón de pesos por arma) para agilizar trámites, y cruzar seriales de armas aprobadas con las que se les han incautado a miembros de bandas criminales, que portaban permisos.
Uno de ellos es Sebastián Murillo, alias Lindolfo, a quien en el momento de su captura le encontraron un certificado legal para el porte de una pistola Jerico y fue grabado ofreciendo un arsenal para enviar a Cartagena.
También figura Mauricio Zapata Orozco, alias Chicho, señalado líder de la banda La Terraza. A su caso se le une otro episodio que ha llamado la atención de los investigadores: un atentado del que ‘Chicho’ fue víctima, el 22 de mayo de 2018, justo a la salida de El Viejo Oeste.
“Se trató de un hecho fortuito y si bien uno de nuestros trabajadores fue herido en el empeine, fue una bala perdida”, aclaró el abogado Beltrán. Y de pasó advirtió que Alexander Giraldo Santa dejó de ser socio del futbolista Cadavid desde 2017, luego de que le asesinaran a sus dos escoltas en Bello, Antioquia.
EL TIEMPO buscó a Giraldo en las oficinas de Milipol Ltda. Y si bien primero dijeron que seguía siendo el dueño de ese polígono, después manifestaron que, desde 2016, el negocio había pasado a manos de un consorcio colombo-israelí. No obstante, documentos muestran a Giraldo como accionista, aún en 2018.
“Un abogado nuestro viajó el jueves a Medellín a verificar la información sobre este caso. Aún no hemos tenido citación alguna de la Fiscalía o de otra autoridad. No tenemos ningún proceso ni noticia criminal en la que nos mencionen”, señaló Freddy Rúa, representante de Milipol.
Y confirmó que tienen cuatro armas con permisos para 10 años y que verifican dónde y cómo se realizaron los trámites para los permisos.
EL TIEMPO supo que además de El Viejo Oeste y Milipol, autoridades chequean las actividades de otros polígonos en al menos dos departamentos.
El video, los oficiales y las tres firmas
En la audiencia de imputación a los 9 capturados (entre ellos el coronel Alexánder Carvajal, el mayor Edwin Carrillo y el capitán Jonathan Bonilla), la Fiscalía reveló un video clave. En este, el capitán Edwin Vargas dice que el general Jorge Romero –comandante de la Cuarta Brigada entre 2016 y 2017– habría favorecido a firmas con varios contratos. Según el ente acusador, las empresas implicadas son Distrilogística PG, con 26 contratos por 541 millones; El Infante, con tres contratos por 694 millones, y Motovehículos, con tres contratos por 3.281 millones de pesos. Ninguno de los detenidos aceptó cargos.
UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com En Twitter: @uinvestigativa
Son acusaciones muy graves de oficiales y suboficiales contra el nuevo embajador en Australia. Y no todas anónimas.
Sería una vergüenza para Colombia que tenga que regresar de manera
abrupta. El general Alberto José Mejía debe muchas explicaciones al
país.
Comentarios
Pero el signo pesos les toca el hombro y se alejan de sus preceptos y de lo que los antecedio
Se deben hacer exámenes médicos exaustivos en aras que la misma institución no se vea afectada pagando tratamientos e indemnizaciones!
Por eso es que el SMO se debe modificar empezando desde el modo de incorporar!
El ejército NO ES reformatorio para enderezar muchachos rebeldes, ni vicioso, ni rateros o jibaros!
"Ahí debe responder el comandante de escuadra y el comandante de peloton", ellos son quienes deben informar al comandante de compañía para iniciar procedimiento de llevarlo al dispensario medico. Hay suboficiales de rango cabo tercero hasta cabo primero que creen que es el oficial quien debe responder, están equivocados!!
las responsabilidad si bien es de la institución el juzgamiento es personal.
A ver si alla en la Chinca empezamos a cambiar el Chip "que responda mi teniente"
No que a varios de a acá no les gustaba SEMANA, dizque porque era castrochavista mamertista?
Es la mejor revista de lejos en el país, gracias por destapar estos casos de corrupción.
El Gobierno de Duque destituye a cuatro generales de primera línea en el Ejército colombiano
Entre los separados de su cargo está el 'número dos' de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo, señalado por corrupción
Los señalamientos por supuesta corrupción y el posible regreso del escándalo de los falsos positivos han llevado al Gobierno deIván Duque a llevar a cabo importantes cambios en la cúpula del Ejército colombiano. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, destituyó este jueves por la tarde a cuatro generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. También fueron separados de sus cargos el comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, Juan Vicente Trujillo; el jefe del departamento de Implementación, Francisco Javier Cruz Ricci; y el encargado de planificación y transformación del Ejército, César Augusto Parra.
El número dos del Ejército, Adelmo Fajardo, en cambio, ya había sido enviado a vacaciones después de que la revista Semana revelase denuncias que lo implicaban en un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido. “Hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra él, solo hay una denuncia, pero no tiene carácter jurídico. No se conoce hasta ahora denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones”, dijo Botero hace dos semanas. Una vez consumada su destitución, como reemplazo de Fajardo llega el general Mario Valencia, que hasta ahora se desempeñaba como el jefe de operaciones conjuntas.
Por su parte, el general Francisco Javier Cruz Ricci había sido mencionado por la organización Human Rights Watch (HRW) como uno de los oficiales presuntamente vinculados a la ejecución de dos civiles en 2004. "Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales", indicó la organización de derechos humanos.
Antes de esta profunda remodelación en las Fuerzas Armadas, las autoridades colombianas ya habían separado de su cargo el general Jorge Romero, señalado de por tres personas, entre ellas un empresario, por supuestamente haber entregado salvoconductos de armas a cambio de dinero cuando era comandante de la Cuarta Brigada, entre 2015 y diciembre de 2017.
Pero solo después de varios meses de insistentes denuncias de medios de comunicación colombianos e internacionales, el Gobierno de Duque acabó dando el paso y modificando la cúpula. Desde el 2018, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW y congresistas de la oposición, habían alertado por el ascenso a generales presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. El Ejecutivo los respaldó y fueron ascendidos.
Posteriormente, el diario The New York Times reveló la existencia de documentos que podrían incentivar el regreso de los falsos positivos. Después de la controversia, el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, retiró los formularios en los que se pedía a altos oficiales duplicar el número de muertos en combate. Martínez también ha estado en el centro de la polémica porque estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En ese momento, él era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la brigada. El general ha dicho que es inocente, que no existe ninguna investigación contra él y que no va a dejar su cargo.
https://elpais.com/internacional/2019/07/19/colombia/1563490693_403816.html
https://www.lafm.com.co/judicial/estos-son-los-nueve-capturados-por-corrupcion-en-brigada-del-ejercito?amp
No que a varios de a acá no les gustaba SEMANA, dizque porque era castrochavista mamertista?
Es la mejor revista de lejos en el país, gracias por destapar estos casos de corrupción.
nicasio, sigue cayendo paradito.
Testigo enreda a general Romero en corrupción en la contratación
General Romero habría favorecido a una empresa que prestaba servicios mecánicos para vehículos.
El general Romero Pinzón, quien se desempeñaba como jefe de Acción Integral del Ejército, fue comandante de la brigada mencionada en las investigaciones entre 2015 y 2017, y su presunta vinculación con hechos de corrupción está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, él fue el primero de cinco generales que han salido del servicio este mes, y esto lo precipitó un reporte que entregó la Fiscalía al Ministerio de Defensa sobre los avances de las investigaciones.
Aunque inicialmente fue señalado de supuestas irregularidades en la entrega de salvoconductos para el porte de armas, ahora aparece mencionado en la entrega a dedo de contratos en la unidad militar.
Durante la imputación de cargos contra tres oficiales y un suboficial activos, dos oficiales en retiro y tres contratistas civiles, la Fiscalía señaló que el general Romero Pinzón habría favorecido a una empresa encargada de prestar servicios mecánicos para vehículos que firmó con el Ejército tres contratos, dos de ellos por un valor de 1.694 y 1.261 millones de pesos.
Según un testimonio en poder del ente acusador, el general Romero Pinzón habría dado órdenes a sus subalternos de que los contratos fueran entregados a la empresa que él decía.
El oficial, que está en el proceso de salida del Ejército, manifestó en su momento que recibía con sorpresa la decisión del ministerio de retirarlo del Ejército y sostuvo que demostraría su inocencia.
Sin embargo, la Fiscalía proyectó este jueves un video en el que el capitán Edwin Vargas Mateus, testigo del ente acusador, señala que el general Romero Pinzón ordenaba organizar reuniones con las empresas interesadas en ganar los contratos, en las que se les pedía información financiera, como capacidad de endeudamiento, para modificar los pliegos de contratación de tal forma que se ajustaran a su perfil y los ganaran.
El testigo añadió que los asistentes a las reuniones se repartían el 10 por ciento del valor de los contratos y que “los mismos proveedores realizaban los pliegos” y los ajustaban a sus capacidades para garantizar que serían los ganadores de las licitaciones.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados, que se realizó en la capital antioqueña, la Fiscalía precisó que la investigación contra los altos mandos militares comenzó hace más de un año y abarca contratos firmados por 4.468 millones de pesos. Otros de los contratos cuestionados están relacionados con la adquisición de insumos de papelería y ferretería y la prestación de servicios de logística y alimentación.
Los capturados son el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada, y los contratistas: el capitán en retiro Guerly Alexander Carrera Arias; y los civiles: Samir Fernando García Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia, Jaime Alberto Ramírez Díaz y el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, el bodeguista de la unidad militar.
Ellos no aceptaron los cargos de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos, que fueron imputados por la Fiscalía, e insistieron en que son inocentes de los hechos por los que fueron privados de la libertad.
La audiencia continuará este viernes con la presentación de videos e interceptaciones, con lo cual la Fiscalía pedirá que los capturados sean asegurados.
La Fiscalía segunda especializada de Medellín recibió hace cuatro días una carta en la que el jugador del Deportivo Independiente Medellín,Andrés Felipe Cadavid, se pone a disposición de ese despacho dentro de una investigación sensible.
Desde hace meses, autoridades vienen indagando presuntas irregularidades en la Cuarta Brigada del Ejército, que fueron denunciadas en 2014 sin que aún pase nada.
Denunciantes hablan del direccionamiento de 31 contratos de logística y repuestos, por 4.500 millones de pesos, que ya le costaron el cargo al general Jorge Romero; y la libertad a tres oficiales activos, dos en retiro y cuatro civiles, capturados a mitad de semana.
Pero hay otra línea de investigación que preocupa aún más a las autoridades: un presunto tráfico de salvoconductos para pistolas y hasta fusiles que habría beneficiado a empresarios y a cabecillas de bandas criminales.
Y es en esas verificaciones en donde aparece El Viejo Oeste, el único polígono en Medellín que expide certificados de manejo de armas, uno de los requisitos que exige la Cuarta Brigada para entregar los salvoconductos.
El local, ubicado justo al frente de esa sede militar, es del defensa central, quien lo abrió en noviembre de 2015. En ese entonces, Cadavid era figura del equipo bogotano Millonarios y tenía como socio al empresario Alexander Giraldo Santa, al que la indagación liga con otro polígono en Bogotá: Milipol Ltda.
Según registros oficiales a los que EL TIEMPO tuvo acceso, El Viejo Oeste tiene 5 armas para el entrenamiento de sus clientes, entre pistolas 9 milímetros, Jericho, Glock y Córdova semiautomática, que el futbolista promociona, posando en fotos que difunde entre sus miles de seguidores en redes.
A su nombre también aparecen diez armas, entre pistolas, fusiles, una subametralladora y una escopeta. Y una fuente enterada del caso dice que Giraldo Santa aparece gestionando permisos para 42 armas.
“Andrés Cadavid es coleccionista y puede tener todas esas armas, esa es una de sus pasiones, además del fútbol. Los coleccionistas no tienen límite y pueden tener más que el propio negocio”, le explicó a EL TIEMPO el penalista Mauricio Beltrán, abogado del crac paisa.
Y añadió que todas las armas de El Viejo Oeste están en regla al igual que las de su cliente: “Quiero dejar claro que Andrés no está vinculado a ningún proceso. Pero si la justicia lo requiere, estará atento a responder”.
De hecho, EL TIEMPO estableció que directivas de su equipo están enteradas del caso.
Los clientes
Pero, ¿qué es lo que verifican las autoridades?
El video, los oficiales y las tres firmasFuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que se verifica si todos los beneficiados con los certificados, expedidos por los polígonos, y con los salvoconductos de la brigada, cumplieron los requisitos de ley, entre ellos no tener antecedentes penales.
También quieren descartar un posible pago de sobornos (de un millón de pesos por arma) para agilizar trámites, y cruzar seriales de armas aprobadas con las que se les han incautado a miembros de bandas criminales, que portaban permisos.
Uno de ellos es Sebastián Murillo, alias Lindolfo, a quien en el momento de su captura le encontraron un certificado legal para el porte de una pistola Jerico y fue grabado ofreciendo un arsenal para enviar a Cartagena.
También figura Mauricio Zapata Orozco, alias Chicho, señalado líder de la banda La Terraza. A su caso se le une otro episodio que ha llamado la atención de los investigadores: un atentado del que ‘Chicho’ fue víctima, el 22 de mayo de 2018, justo a la salida de El Viejo Oeste.
“Se trató de un hecho fortuito y si bien uno de nuestros trabajadores fue herido en el empeine, fue una bala perdida”, aclaró el abogado Beltrán. Y de pasó advirtió que Alexander Giraldo Santa dejó de ser socio del futbolista Cadavid desde 2017, luego de que le asesinaran a sus dos escoltas en Bello, Antioquia.
EL TIEMPO buscó a Giraldo en las oficinas de Milipol Ltda. Y si bien primero dijeron que seguía siendo el dueño de ese polígono, después manifestaron que, desde 2016, el negocio había pasado a manos de un consorcio colombo-israelí. No obstante, documentos muestran a Giraldo como accionista, aún en 2018.
“Un abogado nuestro viajó el jueves a Medellín a verificar la información sobre este caso. Aún no hemos tenido citación alguna de la Fiscalía o de otra autoridad. No tenemos ningún proceso ni noticia criminal en la que nos mencionen”, señaló Freddy Rúa, representante de Milipol.
Y confirmó que tienen cuatro armas con permisos para 10 años y que verifican dónde y cómo se realizaron los trámites para los permisos.
EL TIEMPO supo que además de El Viejo Oeste y Milipol, autoridades chequean las actividades de otros polígonos en al menos dos departamentos.
En la audiencia de imputación a los 9 capturados (entre ellos el coronel Alexánder Carvajal, el mayor Edwin Carrillo y el capitán Jonathan Bonilla), la Fiscalía reveló un video clave. En este, el capitán Edwin Vargas dice que el general Jorge Romero –comandante de la Cuarta Brigada entre 2016 y 2017– habría favorecido a firmas con varios contratos. Según el ente acusador, las empresas implicadas son Distrilogística PG, con 26 contratos por 541 millones; El Infante, con tres contratos por 694 millones, y Motovehículos, con tres contratos por 3.281 millones de pesos. Ninguno de los detenidos aceptó cargos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa
Embajador, general ¿y corrupto?
El general Alberto José Mejía debe muchas explicaciones al país.
Son acusaciones muy graves de oficiales y suboficiales contra el nuevo embajador en Australia. Y no todas anónimas. Sería una vergüenza para Colombia que tenga que regresar de manera abrupta. El general Alberto José Mejía debe muchas explicaciones al país.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/salud-hernandez-mora/embajador-general-y-corrupto-columna-de-salud-hernandez-mora-395748Y al parecer hay cosas peores!
https://caracol.com.co/radio/2019/07/31/judicial/1564592059_131077.amp.html
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