Exmilitares venezolanos criticaron plan de ayuda ofrecido por Colombia
Ellos dicen que el propósito de entrenarse para combatir en su país no se refleja en este programa.
Un grupo de 65 desertores del ejército venezolano, que se encontraban alojados en el hotel Ácora, del centro de Cúcuta,se mostraron inconformes frente al plan de atención trazado por el Gobierno Nacional, para mejorar sus condiciones de vida y regularizar bajo un estatus de civil su permanencia en el territorio nacional.
Estos exuniformados aseguraron que el propósito inicial de entrenarse en suelo colombiano para combatir en el vecino país y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro por la vía armada, no está reflejado en el esquema asistencial, acordado el miércoles por la Cancillería de Colombia y la delegación de diplomáticos del líder opositor, Juan Guaidó.
Esta serie de cuestionamientos fueron formulados por los exmilitares horas después de haber sido desalojados del complejo hotelero, donde estuvieron albergados por más de dos meses junto con sus familias. En total, unos 165 extranjeros se encontraban allí.
La abrupta salida de estas instalaciones se dio, nuevamente, por problemas en el pago de los servicios de hospedaje, que en esta oportunidad acumulaba una deuda por cerca de 30 millones de pesos. El responsable de asumir el costo de este rubro es la Embajada de Venezuela en Colombia, asumida por aliados de Guaidó.
Con dolor de patria y un aire de desencanto, los migrantes adelantaron en horas de la tarde del miércoles un plantón en la fachada de este edificio, entonaron el himno de Venezuela y agitaron la bandera de ese país.
“Desde el 22 de febrero, un grupo de militares pasamos a Cúcuta y personal policía y atendimos el llamado de Guaidó (…) Le decimos a Estados Unidos que nosotros estamos dispuestos a participar de la operación libertad. Un lacayo no sale con marchas en las callas, él sale a través de una intervención militar. Por eso estamos tristes, porque vemos que ese objetivo está cada día más lejos”, indicó un exintegrante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Durante la manifestación, el director de Asuntos Fronterizos de la Cancillería de Colombia, Víctor Bautista, fue enfático en advertir que la transición de esta comunidad venezolana en los hoteles de Cúcuta y su área metropolitana ya había llegado a su fin y que por eso deberán acogerse a la oferta institucional coordinada por Migración Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El funcionario aclaró que quienes se ciñan a esta política asistencial serán beneficiaros de un subsidio de arrendamiento durante seis meses y podrán acceder a kits de aseo y de alimentación, mientras consigan empleo y logren una estabilidad económica.
“El Gobierno de Colombia, en acuerdo mutuo con el gobierno interino de Juan Guaidó, diseñó un plan de atención, haciendo los mejores esfuerzos financieros y técnicos, para el apoyo de esta población. Ellos tienen la opción de acogerse a esta política asistencial o hacer parte del régimen de refugiados, sin este compendio de privilegios”, puntualizó Bautista.
El director de Migración Colombia, Christian Krüger, entregó detalles sobre el alcance del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que se tiene previsto otorgar a los 1.454 desertores del ejército de Venezuela, una vez se realice un proceso de depuración para conformar una base de datos con esta población migrante.
Aunque el documento contempla los mismos beneficios de los PEP anteriores, que consisten en un permiso para laborar, el acceso al sistema de seguridad social y la facilidad para solicitar una cuenta bancaria, los exuniformados deberán mantener informadas a las autoridades colombianas sobre su lugar de domicilio y actividades diarias.
“La diferencia es que estas personas deberán informar su ubicación y esa es la obligación inicial. En el caso, de cambiar de lugar, hacérnoslo llegar para mantener un control, como lo corresponde por ser la autoridad migratoria en Colombia”, indicó Krüger.
El funcionario aclaró que para aplicar a estos beneficios, los extranjeros deben demostrar su condición de militar en Venezuela y haber llegado al territorio nacional antes del 15 de mayo del año en curso, fecha de inicio de esta política asistencial.
Que encarte, se sabía que esto iba a pasar, será que al remedo de presidente que tenemos no ose le pasa por la cabezota exigirle al señor Guaido que se haga cargo de esta gente? O luego que está haciendo con los millones de dólares que muchos países han puesto bajo su administración ? HAy se ve que Guaido no sabe cómo manejar esta vaina.
Esta gente (La oposición) cae y cae y cae una otra vez, no hay derecho de verdad, merecen que se quede maduro 1000 años más.
Pero esa supuesta reunion esta confirmada!?? de verdad se dio?? hay que estar pendientes con el G-2 y sus artimañas, porque mira que ya Guaido lo esta negando
Caracas.-El presidente de la corte penal Internacional (CPI), juez Chile Eboe-Osuji, designó este jueves a tres jueces -Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou- para adelantar el juicio a Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, Chile Eboe-Osuji, informó de la designación de los juristas que conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. La medida se toma de conformidad con la solicitud realizada por s6 gobiernos americanos.
Mediante una comunicación, que fue entregada el 27 de septiembre de 2018 en la sede de la CPI en La Haya, Holanada, estos seis países solicitaron a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”.
El pasado este 26 de septiembre de 2018 el primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Márquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra, en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, respectivamete, invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma, que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
Este artículo faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.
La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI.
El mismo día 27 de septiembre de 2018, la fiscal Bensouda informó por escrito al Presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida.
El 28 de septiembre de 2018, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como Situación en la República Bolivariana de Venezuela.
En su informe anual publicado el 05 de diciembre de 2018, la fiscal de nacionalidad gambiana, Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela, desde el 12 de febrero de 2014 en la medida en que puedan entrar a la jurisdicción de la corte”.
Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28 de septiembre de 2018, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda.
Actualmente el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio.
La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.
Comentarios
Esta gente (La oposición) cae y cae y cae una otra vez, no hay derecho de verdad, merecen que se quede maduro 1000 años más.
Que encarte, se sabía que esto iba a pasar, será que al remedo de presidente que tenemos no ose le pasa por la cabezota exigirle al señor Guaido que se haga cargo de esta gente? O luego que está haciendo con los millones de dólares que muchos países han puesto bajo su administración ? HAy se ve que Guaido no sabe cómo manejar esta vaina.
Pero esa supuesta reunion esta confirmada!?? de verdad se dio?? hay que estar pendientes con el G-2 y sus artimañas, porque mira que ya Guaido lo esta negando
Para empezar...
¿Por qué Duque es un remedo de Presidente?
¿Es más remedo de Presidente que Santos o menos?
Aquí no es insultar por insultar, hay que justificar el insulto...
El caso ha escalado hasta la Sala de Cuestiones Preliminares, emite conclusiones sobre la existencia o no de méritos para abrir un juicio, ello implica la existencia de pruebas contundentes
Caracas.-El presidente de la corte penal Internacional (CPI), juez Chile Eboe-Osuji, designó este jueves a tres jueces -Péter Kovács de Hungría, el francés Marc Perrin de Brichambaut y la beninesa Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou- para adelantar el juicio a Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, Chile Eboe-Osuji, informó de la designación de los juristas que conforman la Primera Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. La medida se toma de conformidad con la solicitud realizada por s6 gobiernos americanos.
Mediante una comunicación, que fue entregada el 27 de septiembre de 2018 en la sede de la CPI en La Haya, Holanada, estos seis países solicitaron a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, “iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes”.
El pasado este 26 de septiembre de 2018 el primer ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Márquez, Sebastián Piñera, Mario Abdó Benítez y Martín Vizcarra, en nombre de Canadá y de las repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, respectivamete, invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma, que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.
Este artículo faculta a “todo Estado Parte” a “remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte”.
La llegada de la carta a manos de la Fiscal activó las normas 45 y 46 del Reglamento de la CPI.
El mismo día 27 de septiembre de 2018, la fiscal Bensouda informó por escrito al Presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida.
El 28 de septiembre de 2018, el Presidente de la CPI, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, emitió su decisión de remitir a la Primera Sala de Cuestiones Preliminares el caso enunciado como Situación en la República Bolivariana de Venezuela.
En su informe anual publicado el 05 de diciembre de 2018, la fiscal de nacionalidad gambiana, Fatou Bensouda aseguró que su oficina “continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes corresponden a la materia competencia de la corte” (…) y “continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela, desde el 12 de febrero de 2014 en la medida en que puedan entrar a la jurisdicción de la corte”.
Hasta la remisión del caso venezolano a la Sala de Cuestiones Preliminares el 28 de septiembre de 2018, la investigación de las denuncias sobre delitos en lesa humanidad en Venezuela estaba solamente en manos de la fiscal Bensouda.
Actualmente el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio.
La Sala de Cuestiones Preliminares no emite sentencias pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes.
http://www.eluniversal.com/politica...ernacional-designo-enjuiciar-a-nicolas-maduro
https://twitter.com/venezuelasos86/status/1129041626310090760
https://twitter.com/Vzla_Indomita/status/1129188695012253696
https://twitter.com/InfobaeAmerica/status/1129214201992323072/photo/1
https://twitter.com/InfobaeAmerica/status/1129196334475431936/photo/1
Volumen de divisas por remesas en Venezuela podría superar nivel de exportaciones no petroleras
http://bit.ly/2VwNMQa
Ejecuciones extrajudiciales y eliminación de evidencias en Venezuela denuncia Amnistía Internacional http://bit.ly/2VrqlI1
https://twitter.com/InfobaeAmerica/status/1129169687890276353/photo/1
Guaidó negó negociaciones con régimen, pero confirmó "mediación" de noruega
¡Ay, le dolió! Maduro pataleteó por el desalojo de los comunistas gringos de la embajada
Hola pana, te recomiendo sigas a Guaido y a la AN en Twitter para que lo leas de el mismo. Ellos no estan dialogando con el regimen.
Howdy, Stranger!
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