Transmisión en Ceremonia de Ascenso al grado de Mayor General de la Policía Nacional
Ascenso de la Primer #Mujer al grado de Mayor General en la @PoliciaColombia con 33 años de servicio
En las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander se realizará la ceremonia de ascenso de Brigadier General a Mayor General a un personal de oficiales de la Policía Nacional.
Policía podrá interceptar Facebook, Twitter y Skype en Colombia
El país invertirá $ 100.000 millones para vigilar comunicaciones vía web.
A partir del próximo año, en Colombia las autoridades podrán interceptar, en tiempo real y previa orden judicial, lo que se hable, escriba o envíe desde correos electrónicos, Facebook, Twitter, Line, Viber, Skype y, en definitiva, todo tipo de comunicación que se realice a través de Internet.
Para adquirir esta tecnología, la cual se bautizó Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma), se invertirán $100.000 millones, aprobados por un Conpes del 2011.
Tendrá su centro de operaciones en un terreno de 19.200 metros cuadrados de la Policía, en el occidente de Bogotá (por el cual ya se pagaron 16.000 millones de pesos), y será administrada por la Fiscalía, con acompañamiento de la Procuraduría.
La razón para este costoso salto tecnológico es que la actual plataforma usada para interceptar, llamada Esperanza y ubicada en el búnker de la Fiscalía, ya no cuenta con la capacidad necesaria para enfrentar las nuevas formas del crimen y, además, no tiene sino 6.030 cupos para llevar a cabo estos procedimientos, solo en comunicaciones de voz y mensajes de texto.
EL TIEMPO conoció un documento que la Policía envió al Congreso y en el cual están algunas especificaciones de esta nueva terminal, que comenzará a funcionar en el 2014.
“El fortalecimiento de la plataforma Puma pretende cubrir 20.000 medios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se proyecta incluir las redes telefónicas y las de tráfico de comunicaciones por redes de datos”, dice el informe firmado por el general José Roberto León Riaño, director de la Policía Nacional.
Una de las especificaciones que se revelan en el documento indica que Puma tendrá 300 “estaciones de trabajo” en Bogotá y otras 400 “distribuidas” en el resto del país.
“El fortalecimiento de la capacidad tecnológica para la interceptación de comunicaciones, como herramienta fundamental de la investigación criminal que permita garantizar la seguridad ciudadana, se constituye en una necesidad”, precisa el informe.
Colombia adquiere esta herramienta cuando en el mundo se debaten los alcances de las labores de espionaje en Internet y telefónico que Estados Unidos y el Reino Unido realizaron en los últimos años. La situación llegó a ser calificada como el escándalo del ‘Gran Hermano’.
Además, en el país, durante el gobierno anterior, se originó un fuerte escándalo por las interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y políticos de oposición que desembocó en la liquidación del DAS.
Sin embargo, la Policía le dijo a este diario que la función de Puma será únicamente judicial y no se utilizará en inteligencia.
Para combatir las nuevas formas criminales, y más en un escenario de posconflicto, es indudable que el país debe prepararse tecnológicamente, pero queda planteado un interrogante: ¿Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a sacrificar parte de su intimidad por fortalecer la seguridad?
‘Se necesita más transparencia’
El senador Juan Lozano (‘la U’), quien lideró un debate de control político por lo que llamó el “desorden” del sistema de inteligencia, aseguró que es necesario establecer “protocolos y controles absolutamente estrictos para que no se vaya a violar la ley” con la plataforma Puma. También pidió transparencia de la Policía para implementar este proyecto.
‘Hay control de Fiscalía y Procuraduría’
El general Jorge H. Nieto, director de la Dijín, habló sobre el proyecto Puma.
¿Qué busca la Policía?
Avanzar en la realización de intervenciones legales y judiciales en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía en un escenario de posconflicto.
¿Cómo se garantizará la privacidad de la gente?
Todo tiene un protocolo de manejo que necesita de una autorización legal. Hay control de la Fiscalía y de la Procuraduría para que exista transparencia.
¿Habrá un archivo digital de estas interceptaciones?
De acuerdo con una cadena de custodia y lo que disponga la autoridad judicial, se dará uso a la información que aquí se recaude.
Ocho policías irán a la cárcel por nexos con narcos
Son señalados de cobrar 'vacunas' a cambio de permitir paso de cocaína e insumos en Cauca.
La falta de resultados durante el primer semestre en el área de Timba, corregimiento en el extremo norte del Cauca, desde donde se accede al alto Naya, delató a 10 policías que este fin de semana fueron capturados por presuntos nexos con narcos.
Así comenzó hace cuatro meses una investigación de la Policía, ante la sospecha de presuntas irregularidades en el trabajo que adelantaban los uniformados, asignados a la subestación en el municipio de Buenos Aires.
Con la ayuda de un infiltrado, los investigadores, según dijeron, detectaron que los policías cobraban ‘vacunas’ a narcotraficantes y grupos de delincuencia que hacen tránsito en esa zona para permitirles el paso de droga y de insumos químicos. En esta región, según las autoridades antidrogas, hay una alta concentración de laboratorios para el procesamiento de cocaína. Además, es un corredor que comunica con la vía Panamericana y que es paso obligado hacia el Pacífico.
La investigación de la Policía determinó que 10 de los 22 hombres asignados estarían comprometidos. Se trata de dos intendentes, un subintendente, cinco patrulleros y dos auxiliares que cumplían con su servicio obligatorio. Todos fueron capturados el fin de semana.
Entre los detenidos se encuentran quienes a comienzo de este año se desempeñaban como comandante y subcomandante de la estación, el actual subcomandante y 5 uniformados que tenían la labor de patrulleros desde hace un año en la zona.
“Desarrollamos la que denominamos operación Transparencia, dirigida a identificar a uniformados desviados de los postulados institucionales”, dijo el coronel Ricardo Alarcón, comandante de la Policía en el Cauca, quien agregó: “Fue así como logramos identificar que algunos de nuestros uniformados venían actuando de mala forma; nos apoyamos en la Fiscalía, y mediante la figura de agente encubierto logramos capturar todo el material probatorio”.
Como resultado de la infiltración, los investigadores hallaron que los uniformados habían creado una lista con las tarifas que cobraban a los narcos, según la cantidad de estupefacientes e insumos que debían transportar por la región.
Una vez entregaron las pruebas a la Fiscalía, la Inspección tramitó el retiro de los 10 uniformados de la institución. Ahora se investiga el patrimonio económico, para determinar si incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito.
El domingo, los policías fueron llevados al Palacio de Justicia de Popayán, donde un juez de control de garantías legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento a ocho de los capturados. Ninguno aceptó cargos.
Los dos auxiliares bachilleres fueron dejados en libertad, pues el juez consideró que por el nivel de subordinación no habrían tenido una notable participación en los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía, por los cinco delitos por los que deberán responder les darían una condena de hasta 25 años de prisión.
Deberán enfrentar cinco delitos
Los uniformados retirados deberán responder por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción agravado, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y falsedad ideológica en documento público.
REDACCIÓN CALI
La patrullera que se jugó la vida en un atraco
Con solo 20 años, Lucía Cárdenas se enfrentó a tiros con una banda de asaltantes en el norte.
Aunque tiene apenas 20 años de edad y lleva 18 meses en la Policía Metropolitana de Bogotá, la patrullera Lucía Cárdenas ya sabe lo que es enfrentarse cara a cara con el peligro y la muerte.
La joven y valiente suboficial, oriunda de Viracachá (Boyacá), fue la encargada de frustrar la noche del lunes, con otros dos miembros de la institución, el atraco contra una droguería del norte de Bogotá. “Yo había entrado de turno a las 2 p.m. Pasadas las 8 de la noche estaba patrullando por la calle 118 con carrera 15 cuando entró una llamada a mi celular del cuadrante. Era de una mujer que, en voz baja, me pidió que le colaborara porque estaban asaltando la droguería de la calle 122 con carrera 19”, recuerda la patrullera, quien desde niña tuvo el sueño de ser policía. Incluso, en su infancia se disfrazó varias veces, en las fiestas de Halloween, con el uniforme verde oliva.
Al llegar al sitio del asalto, en compañía de un intendente, fue recibida a tiros por tres delincuentes. Un patrullero de la Dirección de Protección (Dipro), que casualmente pasaba por el lugar, se sumó a la reacción.
“En ese momento pensé en mi mamá, en mi familia y en el amor por la Policía”, cuenta ella, quien, con algo de miedo pero mucha determinación, sacó su arma de dotación y la disparó en tres ocasiones.
Uno de los proyectiles terminó en la humanidad de uno de los delincuentes. Al final, dos de ellos resultaron heridos (este martes continuaban en la Clínica Reina Sofía, fuera de peligro y con custodia policial); su cómplice huyó.
Pero, sin duda, el momento de mayor tensión lo vivió cuando uno de los atracadores le apuntó a la cara y disparó; por fortuna, el intendente (compañero del cuadrante 26) alcanzó a empujarla y se salvó de milagro: la bala le rozó la boca. Fue la marca que le dejó la primera balacera a la que se enfrentó en su naciente carrera policial.
Cárdenas y sus dos colegas expusieron sus vidas. El intendente recibió un disparo en un brazo y otro le alcanzó a quemar la cabeza. El patrullero de la Dipro seguía anoche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía. “Lo primero que hice después del cruce de disparos fue llamar a mi mamá. Ella está en Bogotá en un tratamiento médico y le dije que yo estaba bien. –señala la patrullera–. Sabía que si se enteraba de lo que me había pasado la iba a afectar. Por eso le dije una mentira piadosa (que había hecho unas capturas de rutina), pero después me vio en televisión y me tocó contarle la verdad”.
La patrullera es soltera y no tiene hijos, pero su corazón le pertenece a un miembro de la Policía, institución que ayer la calificó como ejemplo de valentía.
Santos pide al general Naranjo que arme nuevo ministerio
Lo hizo en la cumbre del Partido de La U. Se trata del Ministerio de la seguridad pública.
El presidente Juan Manuel Santos les dijo a los congresistas del que llamó “mi partido”, La U, que las prioridades de su gobierno serán la paz y la seguridad ciudadana, pero aclaró que la paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles.
Ese fue el norte que les fijó Santos a los congresistas de La U, partido que, salvo por dos excepciones, le pidió al presidente que se decidiera a prestar su nombre en las elecciones del 2014 para ser reelegido. Los congresistas acordaron asumir el liderazgo y la jefatura del debate de la reelección, advirtiendo que ese es el papel natural que le corresponde al partido de gobierno.
Santos también reivindicó a La U como “el autor” del Marco para la paz que defendió horas antes en la Corte Constitucional.
El mandatario no mencionó que vaya por la reelección, entre otras porque legalmente no puede hacerlo antes del mes de noviembre, pero aprovechó para pedirle al partido seguir trabajando de forma “leal y comprometida” con el Gobierno como ha venido haciéndolo en estos tres años, pero preservando la Unidad Nacional que integran otras cuatro colectividades políticas, pues aseguró que “el camino que nos queda es muy largo y difícil”.
Esta puede ser una respuesta a la principal petición de algunos parlamentarios de La U que han exigido mayor liderazgo en el eje y la estrategia política para la eventual campaña de la reelección. Los parlamentarios de La U le manifestaron a Santos que no hay persona más preparada que él para alcanzar la paz, y por eso le pidieron que liderara la etapa del posconflicto.
El principal anuncio de Santos este jueves en Paipa (Boyacá) es que su gobierno estará diseñando una nueva estrategia para la seguridad ciudadana. Para ello no descarta la creación de un nuevo ministerio, que sería el de la seguridad pública, el cual calificó como vital para la etapa de posconflicto.
Por eso le encomendó al general (r) Óscar Naranjo que arme la estructura de ese eventual ministerio. “Lo necesita el país en el posconflicto cuando la seguridad ciudadana se convierte en un desafío mayor”.
El encuentro del presidente Santos con la bancada de congresistas tuvo lugar en Paipa, donde se citó la convención parlamentaria de los dirigentes del partido de gobierno.
Gobierno activa Policía Metropolitana en Neiva
La unidad contará con 1.452 policías.
Como parte del plan del Gobierno de fortalecer la lucha contra la criminalidad en las ciudades, el presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, activaron este martes un comando de Policía Metropolitana en la ciudad de Neiva.
Esta nueva unidad policial hace parte de los planes de seguridad ciudadana, que mediante el incremento del pie de fuerza, la adquisición de automotores y equipos de comunicaciones, busca generar mejores resultados contra los delitos como el hurto, extorsión y homicidio.
La Policía Metropolitana de Neiva estará al mando del Coronel Miguel Martín Moncaleano y contará con 1452 policías, de los cuales 485 son recién graduados de la escuela de patrulleros.
Así mismo, tendrá un parque automotor compuesto por 27 paneles, 20 camionetas y 198 motocicletas, lo que le brindará una gran movilidad para cubrir no sólo el área metropolitana de Neiva sino además los municipios de Neiva, Aipe, Rivera y Palermo.
En la actualidad el municipio de Neiva cuenta con 16 cuadrantes y con la implementación de la metropolitana quedará con 81 cuadrantes. Además, se encuentra en proceso la ejecución de un proyecto para el fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por un valor de $6.033´218.000, que permitirá dotar a la Policía Metropolitana de elementos de última tecnología para enfrentar los nuevos desafíos en temas de convivencia y seguridad ciudadana.
El Mango (Cauca), el peor destino para un policía en Colombia
Un agente vigila la población de El Mango, desde la loma donde se instaló una base precaria.
Foto: Salud Hernández-Mora
Ha sufrido en los últimos dos años y medio, cerca de doscientos ataques.
No existe peor destino para un policía. No solo por vivir las 24 horas escudado en las trincheras, sin un solo minuto de esparcimiento en la calle, esperando que en cualquier momento le lancen ‘tatucos’, cilindros o disparos de fusil o estalle una bomba. Sino porque es un proscrito en el pueblo; todos huyen de su lado en las esporádicas ocasiones en que patrulla, nunca le dirigen la palabra y menos le permiten entrar a una tienda. Y desde el alcalde hasta el último poblador, sea nativo o colono, se unen al coro que exige su salida inmediata, no por razones ideológicas o intereses de otra índole, sino por instinto de supervivencia.
“Aquí no hacen falta; no hay nada que cuidar: no hay banco ni ninguna sede estatal, ni alcaldía; tampoco peleas, ladrones o viciosos”, comenta un comerciante, en una queja que repiten sus convecinos de El Mango, un pobre y abandonado corregimiento de Argelia, en el suroccidente del Cauca, territorio del frente 60 de las Farc y que tiene en el cultivo de coca la principal fuente económica de sus 1.400 habitantes, de los cuales medio millar son menores. “Tampoco controlan lo que tiene que ver con la coca, porque no pueden hacer un solo retén, y la guerrilla pasa los cilindros por las barbas de ellos y ni se enteran. Entonces, ¿para que siguen? ¿Por capricho del Gobierno?”
La Policía Nacional arribó por primera vez en el 2007 y los recibieron con los brazos abiertos. Pero en diciembre del 2010, por razones que nunca explicaron a la comunidad, las Farc se propusieron desaparecerla de la faz de El Mango a cualquier costo, incluido el asesinato de civiles que sostengan el más mínimo trato con los agentes.
“Cuando un policía me pide que le compre algo y se lo entregue a escondidas, le respondo que lo hago siempre y cuando me regale el ataúd –explica una vecina–. No podemos hacerles un favor ni saludarlos ni venderles ni un tinto porque quien lo hace se muere.”
La tragedia para los lugareños es que ellos, sus hogares y negocios se volvieron campo de batalla. No hay más que pasear la vista por el barrio Colón, el más apetecido y costoso antes de la fecha mencionada, y hoy en día hileras de viviendas vacías, destrozadas por los atentados de la guerrilla y los combates.
El Mango ostenta otro triste récord: ser el centro urbano que más ataques ha sufrido en los últimos dos años y medio, con cerca de doscientos. El jueves pasado, a las ocho de la noche, cuando aún había gente fuera, explotó una bomba en el parque y después se produjo un largo intercambio de disparos con los agentes. El lunes hostigaron la estación de nuevo.
El atentado más grave de las últimas semanas ocurrió el 2 de junio, cuando murieron una profesora y su madre y dos familiares resultaron heridos. Un ‘tatuco’ convirtió su casa en un montón de escombros. Vicky Gaviria, hermana e hija de las fallecidas, mantiene vivo el recuerdo de la explosión, así como de los gritos, llanto, confusión e impotencia que la siguieron porque no podían sacar con las manos a quienes quedaron sepultados.
“Un acto así no tiene justificación; es una guerra en la que siempre los afectados somos los civiles. Pero mi hermana y mi mamá seguirían vivas si la Policía no estuviera –indica desde la misma mesa que ocupaba su hermana en un salón del colegio Marco Fidel Narváez. También docente, aunque no estaba en activo, quiso cubrir su vacante hasta la llegada de un reemplazo–. Ahora, con cualquier disparo, me sobresalto horrible, me tiembla todo el cuerpo, siento una opresión en el estómago.” Por eso, en cuanto pueda, se irá lejos de la tierra donde nació y fue feliz; necesita dejar atrás los recuerdos amargos y los miedos.
“Uno se vuelve experto auditivo en armamento. El tableteo de la guerrilla es más espaciado porque administran munición –comenta un docente–. Pero lo que desestabiliza el sistema nervioso son los ‘tatucos’; provocan un sonido impresionante. La gran mayoría de la gente siente mucho miedo, desesperanza, angustia.”
Nadie los quiere
La pregunta que recorre el pueblo a toda hora es la razón de que el Gobierno siga empecinado en mantener a los policías en contra de todo criterio racional. El propio alcalde, Elio Gentil Adrada, que defiende la presencia de los agentes en Argelia, cabecera municipal, ha pedido con insistencia que los retiren de El Mango porque no ejercen función alguna, sufren bajas innecesarias y solo causan destrucción y muerte entre los civiles.
“Los tienen acorralados en la base de la loma, donde se acantonan los Encar (escuadrón móvil de carabineros), y en la estación del pueblo están como secuestrados y son muchos los muertos y los lisiados que han puesto”, señala el propietario de una tienda.
“La vez de la ‘cilindradera’ dura –agosto del 2012– hicimos después la marcha de las mujeres de blanco. Los policías jovencitos nos pedían que hiciéramos fuerza para sacarlos porque ellos también se quieren ir”, rememora una de las participantes. Para los pobladores, la responsabilidad de lo que les ocurre, además de las Farc –“a los que no podemos decir nada porque nos matan”– está en Bogotá.
“El culpable es el Gobierno, que los manda aquí a morir pendejamente –increpa un vecino–. Que dejen solo al Ejército, si quieren, pero en las montañas, que tampoco venga al pueblo, que nos pone en riesgo.”
En el jardín infantil del ICBF, que acoge a diario a sesenta niños de entre 6 meses y 5 años, el miedo es patente. Cuenta con un centro amplio, bonito, acogedor, pero muy vulnerable porque las balas y explosivos pasan por encima. “Los niños quedaron con un problema psicológico; cualquier ruido los pone en alerta. Cada vez que hay combate, saben que deben seguir las flechas rojas que los guían al último salón, donde los ubicamos por ser más seguro. Pero a los bebés los tenemos que cargar y somos solo cinco madres comunitarias.”
Las compensaciones que reciben del Estado los afectados por los daños en sus negocios y casas no solo son insuficientes –dos salarios mínimos–, sino que no siempre llegan. “La última vez fue la Cruz Roja Internacional la que nos regaló hojas de zinc. Uno agradece, claro, pero me regalaron 20 hojas y en el solo salón se me van 47. Ahora estamos tranquilos por el verano, pero cuando llueve tenemos que poner ollas hasta en la cama porque todo se enlaguna. La vida es muy dura”, dice una madre de dos niños.
El empresario Omar Montilla se cansó de esperar ayudas e interpuso una demanda contra la Nación porque acabaron con sus medios de vida, todos situados junto a la base del Encar. A su panelera, que abastecía al pueblo y empleaba a diez trabajadores, la destrozaron 17 granadas de fusil y un cilindro, y también perdió el cultivo de caña; la ladrillera, que operaba desde el 87, sufrió otro tanto, y la casa familiar de su esposa recibió nueve cilindros.
“Demandé por 320 millones porque perdí en equipos y edificaciones ochenta, a lo que hay que sumar que todo lo tengo parado desde el 2010”, afirma. Y no es el único. Cada vez son más los que recurren a los tribunales, siguiendo la estela de otro corregimiento situado a una hora por carretera destapada, como todas las que hay en el municipio.
En El Plateado, un corregimiento más grande que la propia Argelia, y con mayor valor estratégico que El Mango, de calles de tierra, un centro de salud sin médico, entre otras infinitas carencias, los numerosos grafitis y pasacalles de las Farc y el Eln recuerdan que ambos son los dueños del área.
También en el 2007 se instaló la Policía Nacional, pero en el 2009 los lugareños los echaron y solo queda un contingente del Ejército en una cumbre boscosa cercana. Apenas los soldados patrullan el pueblo y son diana de frecuentes hostigamientos.
“Sacamos a la Policía a puro golpe de demanda; les pusimos más de cien con la ayuda del Colectivo de Abogados Isaías Cifuentes de Popayán”, señala Sory Gaviria, una veterana líder local de carácter decidido, que lleva décadas, incluso antes de que llegara la guerrilla, luchando por sus ideas. Es miembro de Ascamta, la asociación campesina que marca el rumbo de El Plateado y que algunos asocian con las Farc. “Somos muy organizados; no nos gusta lo que hace el Gobierno, y a la Policía, desde que llegó, no le perdonamos ni una de todo lo malo que hacía, hasta que los aburrimos. En El Mango son diferentes, no hay líderes, viven conformes con el Gobierno y no son unidos”, dice.
Ahora sus siguientes objetivos son expulsar al Ejército y lograr la zona de reserva campesina.
De regreso a El Mango supe que la guerrilla descargó unos cilindros en el barrio las Brisas del Río, refugio de quienes abandonaron las cuadras de la línea de fuego. Allí mismo armarán los explosivos para lanzarlos a la Policía cualquier día. Los lugareños correrán entonces hacia las veredas cercanas, como La Primavera, para escapar del combate si les dan tiempo. “No nos hemos vuelto locos todos de milagro”, sentencia una mujer.
ANNP 24/09/13. El Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, reveló hoy durante la jornada de rendición de cuentas que se desarrolló en Tolemaida, que gracias a la aplicación del Plan Corazón Verde, se han propinado importantes golpes a las diferentes modalidades del delito, entre ellos la intervención de 54 “ollas” en 20 ciudades del país.
“Por primera vez en la historia del país hemos visto en cabeza del propio Presidente de la República, dirigiendo lo que se denominó el derribamiento de verdaderos macro hitos de la criminalidad, unos nichos desde donde se venía no solamente distribuyendo estupefacientes, sino desde allí esta actividad criminal que se extendía a la recepción de lo hurtado y el alquiler de armas”, señaló el General Palomino.
El Director de la Policía Nacional, destacó además el fortalecimiento del Plan de Seguridad Comunitaria por Cuadrantes, que en la actualidad está presente en 760 municipios del país, con un cubrimiento del 84% de la población colombiana.
“Es un plan que incorpora dentro de su filosofía la necesidad de acercarnos al ciudadano, de rescatar la confianza que siempre deben tener en su Policía y que hemos fundamentado en efectividad, transparencia, confiabilidad y respeto por los Derechos Humanos”, aseguró el alto oficial.
El General Rodolfo Palomino anunció que como parte dela estrategia institucional de seguridad ciudadana, se activará en los próximo meses el Centro Integrado de Información e Inteligencia.
“Colombia verá nacer en los próximos días al servicio de los colombianos el Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, en donde la tecnología existente de última generación puesta en mano en nuestros hombres de inteligencia al servicio de la seguridad del ciudadano de a pie”, señaló el General Palomino.
Y agregó que en los próximos 12 meses se activarán las policías metropolitanas de Tunja, Manizales y Montería.
Finalmente, el Director de la Policía Nacional, reveló que como parte de la estrategia contra las bandas criminales en la madrugada de hoy se logró la captura de alias “Tayson”, cabecilla de las esas estructuras armadas que delinquen en el departamento del Chocó y considerado uno de los responsables de promover presuntamente el paro minero en esa región del país.
82 Asamblea General Interpol (Cartagena-Colombia) Publicado el 17/10/2013
Cartagena, blindada para cumbre de Interpol 18 de Octubre de 2013
Un pie de fuerza humano y robotizado cuidará a Cartagena desde el agua, cielo, tierra e, inclusive, debajo de la tierra (en los registros de las alcantarillas), durante la 82 Asamblea General de Interpol.
Será un despliegue logístico de seguridad similar al que se realizó para la Cumbre de las Américas, con helicópteros tripulados y a control remoto, rondando cada rincón del Centro Histórico y sus alrededores, para cuidar las 190 delegaciones del mundo que aterrizarán en Cartagena.
Ningún detalle quedó al azar. Hasta las alcantarillas estarán controladas con equipos de última tecnología, para evitar ataques terroristas. Serán en total 2.500 hombres y mujeres los que custodiarán a 1.200 asistentes del 21 al 24 de octubre.
“Colombia fue elegida como sede de este evento por ser referente a nivel internacional por su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La presencia de los más altos funcionarios de la Interpol es un privilegio para el país”, afirmó el general William Salamanca, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía.
El evento contará con la presencia de Mireille Ballestrazzi, presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y su secretario general, Ronald K. Noble.
En los hoteles, los funcionarios han sido sometidos a pruebas de vulnerabilidad y confiabilidad. Carros computarizados, como de película, rodarán por las calles del Centro, Crespo y Bocagrande para grabar cada movimiento y detectar vehículos que son buscados por las autoridades.
Por otra parte, el mayor Giovanni Riaño reveló que ya están en Cartagena las unidades de protección radiológica, biológica y química, para detección de elementos radioactivos en las entradas de zonas específicas.
“Con un vehículo se monitorearán todas las zonas para detectar radionúcleos que puedan ser letales contra las personas. Los mejores equipos que tenemos en el país los trajimos para controlar las entradas del aeropuerto, Centro de Convenciones y otros lugares”, explicó el mayor Riaño.
En total, serán 22 técnicos especializados en la detección y desactivación de artefactos explosivos.
Fallo pone en vilo bases de la Policía en pueblos de zonas rojas
Polémica por sentencia de Consejo de Estado que condena a la Nación por ataque de Farc en Arauca.
En un controversial fallo, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar los destrozos provocados por los cilindros bomba de las Farc en las edificaciones aledañas a la estación de Policía de Puerto Rondón (Arauca), a finales de los 90.
Al fallar una demanda del entonces obispo de Arauca, Arcadio Bernal, esa alta corte señaló que “en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”.
Es una posición polémica porque responsabiliza civilmente al Estado por los efectos de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos armados ilegales, incluso en casos en los que no hubo negligencia o colaboración de agentes oficiales. Además pone en entredicho la presencia de la Policía en todos los municipios del país, que precisamente fue una de las claves en la mejoría sostenida del orden público y la seguridad en la última década.
Según la sentencia, la cual tumbó un fallo del Tribunal Administrativo de Arauca que había negado la demanda, “el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal”.
Los magistrados Danilo Rojas, Stella Conto Díaz y Ramiro de Jesús Pazos (el ponente) señalaron que los destrozos en la iglesia del pueblo, la casa cural y el colegio La Inmaculada, producto de ataques desde abril de 1998 hasta marzo del 2000, no pueden considerarse “un ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, sino uno específico contra la Policía”.
Este lunes en la noche, en el Ministerio de Defensa se cumplía una reunión de alto nivel para analizar las implicaciones del fallo.
Fuentes señalaron que una posición semejante terminaría por afectar la seguridad de la población civil, cuya protección es la misión esencial de la Policía. El fallo también abre un boquete para nuevas condenas contra la nación, pues las Farc han destruido pueblos enteros con cilindros bomba.
Tras varias de sus acciones que han dejado muertos y heridos entre la población civil, las Farc han intentando eludir su responsabilidad señalando que son daños colaterales derivados de ataques contra unidades militares y policiales. Eso dijeron hace una semana, tras la motocicleta bomba contra la estación de Policía en Pradera (Valle) que dejó un muerto y cerca de 50 heridos.
La sentencia señala que los daños a edificios religiosos deberán ser asumidos por el Estado. Los magistrados se negaron a ordenar el pago de “perjuicios morales” que reclamaba el obispo Bernal por el “sufrimiento y aflicción” que supuestamente le provocó la destrucción de los bienes de la iglesia en Puerto Rondón.
En el 2012, una tutela de la Corte Constitucional también encendió el debate. El tribunal ordenó mover una base del Ejército
porque supuestamente había invadido territorio de una comunidad indígena del Guaviare.
Fallo de Consejo de Estado no ordena reubicar estaciones de Policía
Una sentencia del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Ramiro Pazos advierte que es obligación del Estado adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado.
Por lo tanto advierte la corporación que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población a la población; La corporación advierte que no se trata de reubicar las estaciones sino que se proteja lo que esté alrededor de ellas.
Este pronunciamiento se da al condenar a la Policía Nacional al pago de los perjuicios ocasionados a la diócesis de Arauca por los daños a la iglesia, la casa cural y el colegio del municipio de Puerto Rondón durante los ataques de la guerrilla en marzo, septiembre y diciembre de 1999.
En el fallo se indica que el Estado debe proteger de manera especial las edificaciones religiosas, para “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”.
El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña.
Lo que pasa es que tienen que hacer verdaderos bunker no unos castillos de naipe que los tumba hasta un soplido, si una de las cosas que mermo la capacidad de ataque de las FARC a las poblaciones fue la inteligencia e infiltracion de los organismos de seguridad y defensa en los años de Uribe, algo esta pasando que se ha venido perdiendo esa capacidad!
'Si salimos de pueblos seríamos señalados de cobardes': Palomino
General no cree que haya personas que quieran que la Policía se vaya de pueblos de alto riesgo.
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, asegura que “le duele” el fallo del Consejo de Estado que condenó a esa institución y al Ministerio de Defensa por los daños causados a la población en Puerto Rondón (Arauca), en un ataque de las
Farc en 1999.
Indicó que la Policía cumplirá el fallo, pero que está convencido de que los colombianos no quieren que las estaciones de Policía salgan de los cascos urbanos.
¿Qué opinión tiene del fallo del Consejo de Estado?
Lo que a nosotros nos corresponde es cumplir, tanto por convicción como por formación, los fallos judiciales. Este es un fallo que así nos duela hay que acatarlo, pero es importante señalar que hacia finales de los 90 el terrorismo de las Farc se ensañó contra Puerto Rondón. Fueron más de 6 atentados, en donde ni siquiera el templo, protegido y sagrado para la toda la comunidad, se salvó de la irracionalidad y salvajismo de las Farc.
¿El fallo plantea mover las estaciones cuando están en medio de poblaciones donde el orden público se altera frecuentemente?
Hasta donde conocemos el fallo, el Consejo de Estado no estaría obligando el desplazamiento de unas unidades; estaría invitando a que se evalúe el nivel de altísimo riesgo. Lo que sí es cierto es que nuestra vocación profesional y constitucional es proteger a la población.
¿La Policía ve posible que se retiren puestos o estaciones?
Lejos de salir corriendo, lo que nos toca es mantener una actitud completamente valerosa. Pienso que de abandonar las poblaciones estaríamos en riesgo de ser señalados como cobardes, por no estar protegiendo con el valor que corresponde. Nosotros, los policías de la Patria, como los soldados, estamos dispuestos a morir defendiendo a nuestra población.
¿Estratégicamente para la Policía no sería viable mover estaciones?
Los policías estamos, como lo están las Fuerzas Militares, formados para defender a la comunidad de esos riesgos a los que el terrorismo, a veces implacable y demencial, puede llegar a someter a la Fuerza Pública y a la población en general. No creo que pueda haber personas que quieran tener una actitud de indiferencia, de que si van a atentar contra la Policía nos digan ‘váyanse a otro sitio donde sólo los afecte a ustedes’. Hoy, Colombia suma esfuerzos inobjetablemente para ayudar a proteger a quienes protegen a la comunidad.
¿En un posconflicto tendría sentido esta posición?
Hoy, antes y en el futuro, el policía y el soldado son un colombiano, seleccionado dentro de los compatriotas dispuestos a morir por defender a cada ciudadano.
Magistrado explica en qué caso se deben mover las estaciones
El magistrado Ramiro Pazos, ponente del fallo del Consejo de Estado que condenó a la Policía y al Mindefensa, dijo que si se trata de una estación que está “puerta a puerta” con edificaciones civiles “hay que moverla”.
“El hecho de tener una estación de Policía, pared por medio, cuando se produce un ataque dirigido contra un objetivo estatal específico, obliga al Estado a responder por los daños”, señaló.
Aclaró que fallo “no plantea que las estaciones deben salir de los pueblos”, sino que propone “moverlas” a zonas en las que, si son atacadas, no puedan “afectar de manera próxima a la población”.
AYYYYY PAIS BIZARRO ESTE !! Polémica por condena a la Policía por ataque de la guerrilla en 1999
21 DE ENERO DE 2014
Gran controversia ha desatado la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado, en la que se condenó a la policía a indemnizar a la diócesis de Arauca por los daños que sufrió la iglesia, la casa cural y un colegio en Puerto Rondón, Arauca, en medio de un ataque de las Farc en 1999.
El artículo 90 de la Constitución de 1991 establece que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".
Reforzó, desde la cúspide de la pirámide normativa, el principio de responsabilidad objetiva del Estado. Aparte de que a este se le demuestre culpa o no, deberá responder por lo que hagan ya no sólo sus propios agentes, sino también cualquier persona, por el daño antijurídico causado a bienes o personas, cuando haya omisión en el deber de protección por parte de las autoridades.
Este principio de responsabilidad objetiva ha sido llevado a su máxima expresión por parte de la jurisprudencia nacional, particularmente la del Consejo de Estado.
Tenemos un Estado ineficaz, burocratizado, a veces parásito. Al cual se le exige, legal y jurisprudencialmente, una eficiencia y una perfección en el cumplimiento de todos sus ambiciosos fines, que ni siquiera muchos de los países más desarrollados del mundo estarían en capacidad de atender. Exigirle no está mal. Pero hay que tener en cuenta sus evidentes limitaciones.
Por eso, ante sus constantes fallas, por acción y omisión, se ve condenado diariamente a indemnizar por daños de toda índole. Un Estado que padece un conflicto armado interno, y que aparte de enfrentar la criminalidad que se esconde tras la careta de la subversión, tiene que responder patrimonialmente por los daños de esta, mientras los autores de los delitos gozan de impunidad.
La sentencia del Consejo de Estado, conocida esta semana que termina, que ordena indemnizar a una diócesis por los daños causados a una parroquia luego de dos ataques guerrilleros entre 1998 y 2000, no es la primera ni será la última. Dice que el Estado es responsable por los hechos de la guerrilla, por no haberlos evitado. Y que por ubicar estaciones de policía en cabeceras municipales, se puso en riesgo de daño a la población civil.
La guerrilla nunca ha respetado los principios del Derecho Internacional Humanitario. No está en su naturaleza el respeto a ninguna regla, ni legal ni de humanidad. Al Estado, en cambio, le son exigibles todas las normas, nacionales e internacionales, en materia de DIH y de toda naturaleza aplicable a los conflictos.
Si bien desde 1994 Colombia adquirió compromisos con el Protocolo II (y su Artículo 3 Común) Adicional a los Convenios de Ginebra, que obliga al Estado a buscar la máxima protección de la población civil, la realidad objetiva muestra a una guerrilla que acude al terrorismo para arrasar cuarteles militares y policiales ubicados en los cascos urbanos de cientos de municipios del país.
Mientras haya conflicto armado interno, debe procurar el Estado la debida identificación y distancia de los comandos militares y policiales de los bienes y áreas de habitación civil. Pero es mucho más exigible, hoy, en el contexto de las conversaciones en La Habana, y ante el cansancio y repudio social a los atropellos de Farc y Eln, que cesen los ataques con morteros, "tatucos", cilindros-bomba y demás artillería pesada, contra instalaciones de las fuerzas armadas oficiales contiguas a viviendas y demás inmuebles ocupados por población no combatiente.
El Estado debe proteger y reparar los daños, pero es la guerrilla la primera responsable de tan graves lesiones a la comunidad inerme. Los colombianos están cansados de su indolencia e inhumanidad y su desprecio al DIH.
CONTRAPOSICIÓN
Una cosa es la protección a la comunidad, y otra es generar riesgos
Por: Luis Fernando Álvarez
Expresidente del Consejo de Estado, decano de derecho de la UPB
La sentencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos es coherente con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado. Este fallo es, efectivamente, aplicación del principio de responsabilidad objetiva. Específicamente, hace relación al principio de distribución de cargas públicas: se supone que un ciudadano no tiene por qué sufrir cargas públicas exageradas frente a las que sufre el común de la gente. Si en situaciones de conflicto, el Estado pone una guarnición militar (o policial) cerca de la población civil, y el Estado sabe que esa guarnición tiene altas probabilidades de ser atacada por un grupo guerrillero, poniendo en peligro a los civiles, está imponiéndoles una carga desproporcionada, y de ahí deriva la responsabilidad estatal.
Hay que tener en cuenta que hay sentencias del sistema interamericano que exigen ir más allá de la jurisprudencia colombiana.
Ahora bien, la sentencia no prohibe que haya estaciones de policía en los pueblos o ciudades. Lo que dice el Consejo de Estado es que, al ubicarse, no se genere un riesgo desproporcionado a la población civil que habita la zona adyacente: es decirle a la Policía, deme seguridad, pero no se vuelva un problema de seguridad. Es difícil entenderlo, pero es así. Es un asunto de razonabilidad entre medios y fines
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Ascenso de la Primer #Mujer al grado de Mayor General en la @PoliciaColombia con 33 años de servicio
En las instalaciones de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander se realizará la ceremonia de ascenso de Brigadier General a Mayor General a un personal de oficiales de la Policía Nacional.
El país invertirá $ 100.000 millones para vigilar comunicaciones vía web.
A partir del próximo año, en Colombia las autoridades podrán interceptar, en tiempo real y previa orden judicial, lo que se hable, escriba o envíe desde correos electrónicos, Facebook, Twitter, Line, Viber, Skype y, en definitiva, todo tipo de comunicación que se realice a través de Internet.
Para adquirir esta tecnología, la cual se bautizó Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma), se invertirán $100.000 millones, aprobados por un Conpes del 2011.
Tendrá su centro de operaciones en un terreno de 19.200 metros cuadrados de la Policía, en el occidente de Bogotá (por el cual ya se pagaron 16.000 millones de pesos), y será administrada por la Fiscalía, con acompañamiento de la Procuraduría.
La razón para este costoso salto tecnológico es que la actual plataforma usada para interceptar, llamada Esperanza y ubicada en el búnker de la Fiscalía, ya no cuenta con la capacidad necesaria para enfrentar las nuevas formas del crimen y, además, no tiene sino 6.030 cupos para llevar a cabo estos procedimientos, solo en comunicaciones de voz y mensajes de texto.
EL TIEMPO conoció un documento que la Policía envió al Congreso y en el cual están algunas especificaciones de esta nueva terminal, que comenzará a funcionar en el 2014.
“El fortalecimiento de la plataforma Puma pretende cubrir 20.000 medios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se proyecta incluir las redes telefónicas y las de tráfico de comunicaciones por redes de datos”, dice el informe firmado por el general José Roberto León Riaño, director de la Policía Nacional.
Una de las especificaciones que se revelan en el documento indica que Puma tendrá 300 “estaciones de trabajo” en Bogotá y otras 400 “distribuidas” en el resto del país.
“El fortalecimiento de la capacidad tecnológica para la interceptación de comunicaciones, como herramienta fundamental de la investigación criminal que permita garantizar la seguridad ciudadana, se constituye en una necesidad”, precisa el informe.
Colombia adquiere esta herramienta cuando en el mundo se debaten los alcances de las labores de espionaje en Internet y telefónico que Estados Unidos y el Reino Unido realizaron en los últimos años. La situación llegó a ser calificada como el escándalo del ‘Gran Hermano’.
Además, en el país, durante el gobierno anterior, se originó un fuerte escándalo por las interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y políticos de oposición que desembocó en la liquidación del DAS.
Sin embargo, la Policía le dijo a este diario que la función de Puma será únicamente judicial y no se utilizará en inteligencia.
Para combatir las nuevas formas criminales, y más en un escenario de posconflicto, es indudable que el país debe prepararse tecnológicamente, pero queda planteado un interrogante: ¿Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a sacrificar parte de su intimidad por fortalecer la seguridad?
‘Se necesita más transparencia’
El senador Juan Lozano (‘la U’), quien lideró un debate de control político por lo que llamó el “desorden” del sistema de inteligencia, aseguró que es necesario establecer “protocolos y controles absolutamente estrictos para que no se vaya a violar la ley” con la plataforma Puma. También pidió transparencia de la Policía para implementar este proyecto.
‘Hay control de Fiscalía y Procuraduría’
El general Jorge H. Nieto, director de la Dijín, habló sobre el proyecto Puma.
¿Qué busca la Policía?
Avanzar en la realización de intervenciones legales y judiciales en la lucha contra los delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía en un escenario de posconflicto.
¿Cómo se garantizará la privacidad de la gente?
Todo tiene un protocolo de manejo que necesita de una autorización legal. Hay control de la Fiscalía y de la Procuraduría para que exista transparencia.
¿Habrá un archivo digital de estas interceptaciones?
De acuerdo con una cadena de custodia y lo que disponga la autoridad judicial, se dará uso a la información que aquí se recaude.
DANIEL VALERO
Redacción Política
http://www.eltiempo.com/justicia/policia-podra-interceptar-comunicaciones-que-se_12890198-4
Son señalados de cobrar 'vacunas' a cambio de permitir paso de cocaína e insumos en Cauca.
La falta de resultados durante el primer semestre en el área de Timba, corregimiento en el extremo norte del Cauca, desde donde se accede al alto Naya, delató a 10 policías que este fin de semana fueron capturados por presuntos nexos con narcos.
Así comenzó hace cuatro meses una investigación de la Policía, ante la sospecha de presuntas irregularidades en el trabajo que adelantaban los uniformados, asignados a la subestación en el municipio de Buenos Aires.
Con la ayuda de un infiltrado, los investigadores, según dijeron, detectaron que los policías cobraban ‘vacunas’ a narcotraficantes y grupos de delincuencia que hacen tránsito en esa zona para permitirles el paso de droga y de insumos químicos. En esta región, según las autoridades antidrogas, hay una alta concentración de laboratorios para el procesamiento de cocaína. Además, es un corredor que comunica con la vía Panamericana y que es paso obligado hacia el Pacífico.
La investigación de la Policía determinó que 10 de los 22 hombres asignados estarían comprometidos. Se trata de dos intendentes, un subintendente, cinco patrulleros y dos auxiliares que cumplían con su servicio obligatorio. Todos fueron capturados el fin de semana.
Entre los detenidos se encuentran quienes a comienzo de este año se desempeñaban como comandante y subcomandante de la estación, el actual subcomandante y 5 uniformados que tenían la labor de patrulleros desde hace un año en la zona.
“Desarrollamos la que denominamos operación Transparencia, dirigida a identificar a uniformados desviados de los postulados institucionales”, dijo el coronel Ricardo Alarcón, comandante de la Policía en el Cauca, quien agregó: “Fue así como logramos identificar que algunos de nuestros uniformados venían actuando de mala forma; nos apoyamos en la Fiscalía, y mediante la figura de agente encubierto logramos capturar todo el material probatorio”.
Como resultado de la infiltración, los investigadores hallaron que los uniformados habían creado una lista con las tarifas que cobraban a los narcos, según la cantidad de estupefacientes e insumos que debían transportar por la región.
Una vez entregaron las pruebas a la Fiscalía, la Inspección tramitó el retiro de los 10 uniformados de la institución. Ahora se investiga el patrimonio económico, para determinar si incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito.
El domingo, los policías fueron llevados al Palacio de Justicia de Popayán, donde un juez de control de garantías legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento a ocho de los capturados. Ninguno aceptó cargos.
Los dos auxiliares bachilleres fueron dejados en libertad, pues el juez consideró que por el nivel de subordinación no habrían tenido una notable participación en los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía, por los cinco delitos por los que deberán responder les darían una condena de hasta 25 años de prisión.
Deberán enfrentar cinco delitos
Los uniformados retirados deberán responder por los delitos de cohecho propio, prevaricato por acción agravado, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y falsedad ideológica en documento público.
REDACCIÓN CALI
http://www.eltiempo.com/justicia/ocho-policias-iran-a-la-carcel-por-nexos-con-narcotraficantes_12917807-4
Con solo 20 años, Lucía Cárdenas se enfrentó a tiros con una banda de asaltantes en el norte.
Aunque tiene apenas 20 años de edad y lleva 18 meses en la Policía Metropolitana de Bogotá, la patrullera Lucía Cárdenas ya sabe lo que es enfrentarse cara a cara con el peligro y la muerte.
La joven y valiente suboficial, oriunda de Viracachá (Boyacá), fue la encargada de frustrar la noche del lunes, con otros dos miembros de la institución, el atraco contra una droguería del norte de Bogotá. “Yo había entrado de turno a las 2 p.m. Pasadas las 8 de la noche estaba patrullando por la calle 118 con carrera 15 cuando entró una llamada a mi celular del cuadrante. Era de una mujer que, en voz baja, me pidió que le colaborara porque estaban asaltando la droguería de la calle 122 con carrera 19”, recuerda la patrullera, quien desde niña tuvo el sueño de ser policía. Incluso, en su infancia se disfrazó varias veces, en las fiestas de Halloween, con el uniforme verde oliva.
Al llegar al sitio del asalto, en compañía de un intendente, fue recibida a tiros por tres delincuentes. Un patrullero de la Dirección de Protección (Dipro), que casualmente pasaba por el lugar, se sumó a la reacción.
“En ese momento pensé en mi mamá, en mi familia y en el amor por la Policía”, cuenta ella, quien, con algo de miedo pero mucha determinación, sacó su arma de dotación y la disparó en tres ocasiones.
Uno de los proyectiles terminó en la humanidad de uno de los delincuentes. Al final, dos de ellos resultaron heridos (este martes continuaban en la Clínica Reina Sofía, fuera de peligro y con custodia policial); su cómplice huyó.
Pero, sin duda, el momento de mayor tensión lo vivió cuando uno de los atracadores le apuntó a la cara y disparó; por fortuna, el intendente (compañero del cuadrante 26) alcanzó a empujarla y se salvó de milagro: la bala le rozó la boca. Fue la marca que le dejó la primera balacera a la que se enfrentó en su naciente carrera policial.
Cárdenas y sus dos colegas expusieron sus vidas. El intendente recibió un disparo en un brazo y otro le alcanzó a quemar la cabeza. El patrullero de la Dipro seguía anoche en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de la Policía. “Lo primero que hice después del cruce de disparos fue llamar a mi mamá. Ella está en Bogotá en un tratamiento médico y le dije que yo estaba bien. –señala la patrullera–. Sabía que si se enteraba de lo que me había pasado la iba a afectar. Por eso le dije una mentira piadosa (que había hecho unas capturas de rutina), pero después me vio en televisión y me tocó contarle la verdad”.
La patrullera es soltera y no tiene hijos, pero su corazón le pertenece a un miembro de la Policía, institución que ayer la calificó como ejemplo de valentía.
REDACCIÓN BOGOTÁ
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/patrullera-se-enfrento-a-atracadores_12922390-4
Lo hizo en la cumbre del Partido de La U. Se trata del Ministerio de la seguridad pública.
El presidente Juan Manuel Santos les dijo a los congresistas del que llamó “mi partido”, La U, que las prioridades de su gobierno serán la paz y la seguridad ciudadana, pero aclaró que la paz no es sólo el silenciamiento de los fusiles.
Ese fue el norte que les fijó Santos a los congresistas de La U, partido que, salvo por dos excepciones, le pidió al presidente que se decidiera a prestar su nombre en las elecciones del 2014 para ser reelegido. Los congresistas acordaron asumir el liderazgo y la jefatura del debate de la reelección, advirtiendo que ese es el papel natural que le corresponde al partido de gobierno.
Santos también reivindicó a La U como “el autor” del Marco para la paz que defendió horas antes en la Corte Constitucional.
El mandatario no mencionó que vaya por la reelección, entre otras porque legalmente no puede hacerlo antes del mes de noviembre, pero aprovechó para pedirle al partido seguir trabajando de forma “leal y comprometida” con el Gobierno como ha venido haciéndolo en estos tres años, pero preservando la Unidad Nacional que integran otras cuatro colectividades políticas, pues aseguró que “el camino que nos queda es muy largo y difícil”.
Esta puede ser una respuesta a la principal petición de algunos parlamentarios de La U que han exigido mayor liderazgo en el eje y la estrategia política para la eventual campaña de la reelección. Los parlamentarios de La U le manifestaron a Santos que no hay persona más preparada que él para alcanzar la paz, y por eso le pidieron que liderara la etapa del posconflicto.
El principal anuncio de Santos este jueves en Paipa (Boyacá) es que su gobierno estará diseñando una nueva estrategia para la seguridad ciudadana. Para ello no descarta la creación de un nuevo ministerio, que sería el de la seguridad pública, el cual calificó como vital para la etapa de posconflicto.
Por eso le encomendó al general (r) Óscar Naranjo que arme la estructura de ese eventual ministerio. “Lo necesita el país en el posconflicto cuando la seguridad ciudadana se convierte en un desafío mayor”.
El encuentro del presidente Santos con la bancada de congresistas tuvo lugar en Paipa, donde se citó la convención parlamentaria de los dirigentes del partido de gobierno.
http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-pide-general-naranjo-arme-nuevo-ministerio/352062-3
La unidad contará con 1.452 policías.
Como parte del plan del Gobierno de fortalecer la lucha contra la criminalidad en las ciudades, el presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, activaron este martes un comando de Policía Metropolitana en la ciudad de Neiva.
Esta nueva unidad policial hace parte de los planes de seguridad ciudadana, que mediante el incremento del pie de fuerza, la adquisición de automotores y equipos de comunicaciones, busca generar mejores resultados contra los delitos como el hurto, extorsión y homicidio.
La Policía Metropolitana de Neiva estará al mando del Coronel Miguel Martín Moncaleano y contará con 1452 policías, de los cuales 485 son recién graduados de la escuela de patrulleros.
Así mismo, tendrá un parque automotor compuesto por 27 paneles, 20 camionetas y 198 motocicletas, lo que le brindará una gran movilidad para cubrir no sólo el área metropolitana de Neiva sino además los municipios de Neiva, Aipe, Rivera y Palermo.
En la actualidad el municipio de Neiva cuenta con 16 cuadrantes y con la implementación de la metropolitana quedará con 81 cuadrantes. Además, se encuentra en proceso la ejecución de un proyecto para el fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por un valor de $6.033´218.000, que permitirá dotar a la Policía Metropolitana de elementos de última tecnología para enfrentar los nuevos desafíos en temas de convivencia y seguridad ciudadana.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/gobierno-activa-policia-metropolitana-neiva-articulo-438351
Un agente vigila la población de El Mango, desde la loma donde se instaló una base precaria.
Foto: Salud Hernández-Mora
Ha sufrido en los últimos dos años y medio, cerca de doscientos ataques.
No existe peor destino para un policía. No solo por vivir las 24 horas escudado en las trincheras, sin un solo minuto de esparcimiento en la calle, esperando que en cualquier momento le lancen ‘tatucos’, cilindros o disparos de fusil o estalle una bomba. Sino porque es un proscrito en el pueblo; todos huyen de su lado en las esporádicas ocasiones en que patrulla, nunca le dirigen la palabra y menos le permiten entrar a una tienda. Y desde el alcalde hasta el último poblador, sea nativo o colono, se unen al coro que exige su salida inmediata, no por razones ideológicas o intereses de otra índole, sino por instinto de supervivencia.
“Aquí no hacen falta; no hay nada que cuidar: no hay banco ni ninguna sede estatal, ni alcaldía; tampoco peleas, ladrones o viciosos”, comenta un comerciante, en una queja que repiten sus convecinos de El Mango, un pobre y abandonado corregimiento de Argelia, en el suroccidente del Cauca, territorio del frente 60 de las Farc y que tiene en el cultivo de coca la principal fuente económica de sus 1.400 habitantes, de los cuales medio millar son menores. “Tampoco controlan lo que tiene que ver con la coca, porque no pueden hacer un solo retén, y la guerrilla pasa los cilindros por las barbas de ellos y ni se enteran. Entonces, ¿para que siguen? ¿Por capricho del Gobierno?”
La Policía Nacional arribó por primera vez en el 2007 y los recibieron con los brazos abiertos. Pero en diciembre del 2010, por razones que nunca explicaron a la comunidad, las Farc se propusieron desaparecerla de la faz de El Mango a cualquier costo, incluido el asesinato de civiles que sostengan el más mínimo trato con los agentes.
“Cuando un policía me pide que le compre algo y se lo entregue a escondidas, le respondo que lo hago siempre y cuando me regale el ataúd –explica una vecina–. No podemos hacerles un favor ni saludarlos ni venderles ni un tinto porque quien lo hace se muere.”
La tragedia para los lugareños es que ellos, sus hogares y negocios se volvieron campo de batalla. No hay más que pasear la vista por el barrio Colón, el más apetecido y costoso antes de la fecha mencionada, y hoy en día hileras de viviendas vacías, destrozadas por los atentados de la guerrilla y los combates.
El Mango ostenta otro triste récord: ser el centro urbano que más ataques ha sufrido en los últimos dos años y medio, con cerca de doscientos. El jueves pasado, a las ocho de la noche, cuando aún había gente fuera, explotó una bomba en el parque y después se produjo un largo intercambio de disparos con los agentes. El lunes hostigaron la estación de nuevo.
El atentado más grave de las últimas semanas ocurrió el 2 de junio, cuando murieron una profesora y su madre y dos familiares resultaron heridos. Un ‘tatuco’ convirtió su casa en un montón de escombros. Vicky Gaviria, hermana e hija de las fallecidas, mantiene vivo el recuerdo de la explosión, así como de los gritos, llanto, confusión e impotencia que la siguieron porque no podían sacar con las manos a quienes quedaron sepultados.
“Un acto así no tiene justificación; es una guerra en la que siempre los afectados somos los civiles. Pero mi hermana y mi mamá seguirían vivas si la Policía no estuviera –indica desde la misma mesa que ocupaba su hermana en un salón del colegio Marco Fidel Narváez. También docente, aunque no estaba en activo, quiso cubrir su vacante hasta la llegada de un reemplazo–. Ahora, con cualquier disparo, me sobresalto horrible, me tiembla todo el cuerpo, siento una opresión en el estómago.” Por eso, en cuanto pueda, se irá lejos de la tierra donde nació y fue feliz; necesita dejar atrás los recuerdos amargos y los miedos.
“Uno se vuelve experto auditivo en armamento. El tableteo de la guerrilla es más espaciado porque administran munición –comenta un docente–. Pero lo que desestabiliza el sistema nervioso son los ‘tatucos’; provocan un sonido impresionante. La gran mayoría de la gente siente mucho miedo, desesperanza, angustia.”
Nadie los quiere
La pregunta que recorre el pueblo a toda hora es la razón de que el Gobierno siga empecinado en mantener a los policías en contra de todo criterio racional. El propio alcalde, Elio Gentil Adrada, que defiende la presencia de los agentes en Argelia, cabecera municipal, ha pedido con insistencia que los retiren de El Mango porque no ejercen función alguna, sufren bajas innecesarias y solo causan destrucción y muerte entre los civiles.
“Los tienen acorralados en la base de la loma, donde se acantonan los Encar (escuadrón móvil de carabineros), y en la estación del pueblo están como secuestrados y son muchos los muertos y los lisiados que han puesto”, señala el propietario de una tienda.
“La vez de la ‘cilindradera’ dura –agosto del 2012– hicimos después la marcha de las mujeres de blanco. Los policías jovencitos nos pedían que hiciéramos fuerza para sacarlos porque ellos también se quieren ir”, rememora una de las participantes. Para los pobladores, la responsabilidad de lo que les ocurre, además de las Farc –“a los que no podemos decir nada porque nos matan”– está en Bogotá.
“El culpable es el Gobierno, que los manda aquí a morir pendejamente –increpa un vecino–. Que dejen solo al Ejército, si quieren, pero en las montañas, que tampoco venga al pueblo, que nos pone en riesgo.”
En el jardín infantil del ICBF, que acoge a diario a sesenta niños de entre 6 meses y 5 años, el miedo es patente. Cuenta con un centro amplio, bonito, acogedor, pero muy vulnerable porque las balas y explosivos pasan por encima. “Los niños quedaron con un problema psicológico; cualquier ruido los pone en alerta. Cada vez que hay combate, saben que deben seguir las flechas rojas que los guían al último salón, donde los ubicamos por ser más seguro. Pero a los bebés los tenemos que cargar y somos solo cinco madres comunitarias.”
Las compensaciones que reciben del Estado los afectados por los daños en sus negocios y casas no solo son insuficientes –dos salarios mínimos–, sino que no siempre llegan. “La última vez fue la Cruz Roja Internacional la que nos regaló hojas de zinc. Uno agradece, claro, pero me regalaron 20 hojas y en el solo salón se me van 47. Ahora estamos tranquilos por el verano, pero cuando llueve tenemos que poner ollas hasta en la cama porque todo se enlaguna. La vida es muy dura”, dice una madre de dos niños.
El empresario Omar Montilla se cansó de esperar ayudas e interpuso una demanda contra la Nación porque acabaron con sus medios de vida, todos situados junto a la base del Encar. A su panelera, que abastecía al pueblo y empleaba a diez trabajadores, la destrozaron 17 granadas de fusil y un cilindro, y también perdió el cultivo de caña; la ladrillera, que operaba desde el 87, sufrió otro tanto, y la casa familiar de su esposa recibió nueve cilindros.
“Demandé por 320 millones porque perdí en equipos y edificaciones ochenta, a lo que hay que sumar que todo lo tengo parado desde el 2010”, afirma. Y no es el único. Cada vez son más los que recurren a los tribunales, siguiendo la estela de otro corregimiento situado a una hora por carretera destapada, como todas las que hay en el municipio.
En El Plateado, un corregimiento más grande que la propia Argelia, y con mayor valor estratégico que El Mango, de calles de tierra, un centro de salud sin médico, entre otras infinitas carencias, los numerosos grafitis y pasacalles de las Farc y el Eln recuerdan que ambos son los dueños del área.
También en el 2007 se instaló la Policía Nacional, pero en el 2009 los lugareños los echaron y solo queda un contingente del Ejército en una cumbre boscosa cercana. Apenas los soldados patrullan el pueblo y son diana de frecuentes hostigamientos.
“Sacamos a la Policía a puro golpe de demanda; les pusimos más de cien con la ayuda del Colectivo de Abogados Isaías Cifuentes de Popayán”, señala Sory Gaviria, una veterana líder local de carácter decidido, que lleva décadas, incluso antes de que llegara la guerrilla, luchando por sus ideas. Es miembro de Ascamta, la asociación campesina que marca el rumbo de El Plateado y que algunos asocian con las Farc. “Somos muy organizados; no nos gusta lo que hace el Gobierno, y a la Policía, desde que llegó, no le perdonamos ni una de todo lo malo que hacía, hasta que los aburrimos. En El Mango son diferentes, no hay líderes, viven conformes con el Gobierno y no son unidos”, dice.
Ahora sus siguientes objetivos son expulsar al Ejército y lograr la zona de reserva campesina.
De regreso a El Mango supe que la guerrilla descargó unos cilindros en el barrio las Brisas del Río, refugio de quienes abandonaron las cuadras de la línea de fuego. Allí mismo armarán los explosivos para lanzarlos a la Policía cualquier día. Los lugareños correrán entonces hacia las veredas cercanas, como La Primavera, para escapar del combate si les dan tiempo. “No nos hemos vuelto locos todos de milagro”, sentencia una mujer.
SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO
El Mango (Cauca).
http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/el-mango-es-el-poblado-con-mas-ataques-de-las-farc_12976381-4
ANNP 24/09/13. El Director de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, reveló hoy durante la jornada de rendición de cuentas que se desarrolló en Tolemaida, que gracias a la aplicación del Plan Corazón Verde, se han propinado importantes golpes a las diferentes modalidades del delito, entre ellos la intervención de 54 “ollas” en 20 ciudades del país.
“Por primera vez en la historia del país hemos visto en cabeza del propio Presidente de la República, dirigiendo lo que se denominó el derribamiento de verdaderos macro hitos de la criminalidad, unos nichos desde donde se venía no solamente distribuyendo estupefacientes, sino desde allí esta actividad criminal que se extendía a la recepción de lo hurtado y el alquiler de armas”, señaló el General Palomino.
El Director de la Policía Nacional, destacó además el fortalecimiento del Plan de Seguridad Comunitaria por Cuadrantes, que en la actualidad está presente en 760 municipios del país, con un cubrimiento del 84% de la población colombiana.
“Es un plan que incorpora dentro de su filosofía la necesidad de acercarnos al ciudadano, de rescatar la confianza que siempre deben tener en su Policía y que hemos fundamentado en efectividad, transparencia, confiabilidad y respeto por los Derechos Humanos”, aseguró el alto oficial.
El General Rodolfo Palomino anunció que como parte dela estrategia institucional de seguridad ciudadana, se activará en los próximo meses el Centro Integrado de Información e Inteligencia.
“Colombia verá nacer en los próximos días al servicio de los colombianos el Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, en donde la tecnología existente de última generación puesta en mano en nuestros hombres de inteligencia al servicio de la seguridad del ciudadano de a pie”, señaló el General Palomino.
Y agregó que en los próximos 12 meses se activarán las policías metropolitanas de Tunja, Manizales y Montería.
Finalmente, el Director de la Policía Nacional, reveló que como parte de la estrategia contra las bandas criminales en la madrugada de hoy se logró la captura de alias “Tayson”, cabecilla de las esas estructuras armadas que delinquen en el departamento del Chocó y considerado uno de los responsables de promover presuntamente el paro minero en esa región del país.
Cortesía www.mindefensa.gov.co
82 Asamblea General Interpol (Cartagena-Colombia)
Publicado el 17/10/2013
Cartagena, blindada para cumbre de Interpol
18 de Octubre de 2013
Un pie de fuerza humano y robotizado cuidará a Cartagena desde el agua, cielo, tierra e, inclusive, debajo de la tierra (en los registros de las alcantarillas), durante la 82 Asamblea General de Interpol.
Será un despliegue logístico de seguridad similar al que se realizó para la Cumbre de las Américas, con helicópteros tripulados y a control remoto, rondando cada rincón del Centro Histórico y sus alrededores, para cuidar las 190 delegaciones del mundo que aterrizarán en Cartagena.
Ningún detalle quedó al azar. Hasta las alcantarillas estarán controladas con equipos de última tecnología, para evitar ataques terroristas. Serán en total 2.500 hombres y mujeres los que custodiarán a 1.200 asistentes del 21 al 24 de octubre.
“Colombia fue elegida como sede de este evento por ser referente a nivel internacional por su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La presencia de los más altos funcionarios de la Interpol es un privilegio para el país”, afirmó el general William Salamanca, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía.
El evento contará con la presencia de Mireille Ballestrazzi, presidente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), y su secretario general, Ronald K. Noble.
En los hoteles, los funcionarios han sido sometidos a pruebas de vulnerabilidad y confiabilidad. Carros computarizados, como de película, rodarán por las calles del Centro, Crespo y Bocagrande para grabar cada movimiento y detectar vehículos que son buscados por las autoridades.
Por otra parte, el mayor Giovanni Riaño reveló que ya están en Cartagena las unidades de protección radiológica, biológica y química, para detección de elementos radioactivos en las entradas de zonas específicas.
“Con un vehículo se monitorearán todas las zonas para detectar radionúcleos que puedan ser letales contra las personas. Los mejores equipos que tenemos en el país los trajimos para controlar las entradas del aeropuerto, Centro de Convenciones y otros lugares”, explicó el mayor Riaño.
En total, serán 22 técnicos especializados en la detección y desactivación de artefactos explosivos.
Por Vicente Arcieri
Link:
http://www.elheraldo.co/region/bolivar/cartagena-blindada-para-cumbre-de-interpol-128924
Auf Wiedersehen.
Polémica por sentencia de Consejo de Estado que condena a la Nación por ataque de Farc en Arauca.
En un controversial fallo, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar los destrozos provocados por los cilindros bomba de las Farc en las edificaciones aledañas a la estación de Policía de Puerto Rondón (Arauca), a finales de los 90.
Al fallar una demanda del entonces obispo de Arauca, Arcadio Bernal, esa alta corte señaló que “en zonas en las cuales se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”.
Es una posición polémica porque responsabiliza civilmente al Estado por los efectos de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos armados ilegales, incluso en casos en los que no hubo negligencia o colaboración de agentes oficiales. Además pone en entredicho la presencia de la Policía en todos los municipios del país, que precisamente fue una de las claves en la mejoría sostenida del orden público y la seguridad en la última década.
Según la sentencia, la cual tumbó un fallo del Tribunal Administrativo de Arauca que había negado la demanda, “el riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal”.
Los magistrados Danilo Rojas, Stella Conto Díaz y Ramiro de Jesús Pazos (el ponente) señalaron que los destrozos en la iglesia del pueblo, la casa cural y el colegio La Inmaculada, producto de ataques desde abril de 1998 hasta marzo del 2000, no pueden considerarse “un ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, sino uno específico contra la Policía”.
Este lunes en la noche, en el Ministerio de Defensa se cumplía una reunión de alto nivel para analizar las implicaciones del fallo.
Fuentes señalaron que una posición semejante terminaría por afectar la seguridad de la población civil, cuya protección es la misión esencial de la Policía. El fallo también abre un boquete para nuevas condenas contra la nación, pues las Farc han destruido pueblos enteros con cilindros bomba.
Tras varias de sus acciones que han dejado muertos y heridos entre la población civil, las Farc han intentando eludir su responsabilidad señalando que son daños colaterales derivados de ataques contra unidades militares y policiales. Eso dijeron hace una semana, tras la motocicleta bomba contra la estación de Policía en Pradera (Valle) que dejó un muerto y cerca de 50 heridos.
La sentencia señala que los daños a edificios religiosos deberán ser asumidos por el Estado. Los magistrados se negaron a ordenar el pago de “perjuicios morales” que reclamaba el obispo Bernal por el “sufrimiento y aflicción” que supuestamente le provocó la destrucción de los bienes de la iglesia en Puerto Rondón.
En el 2012, una tutela de la Corte Constitucional también encendió el debate. El tribunal ordenó mover una base del Ejército
porque supuestamente había invadido territorio de una comunidad indígena del Guaviare.
REDACCIÓN JUSTICIA
http://www.eltiempo.com/justicia/consejo-de-estado-puestos-de-policia-pondrian-en-riesgo-a-poblacion_13388776-4
Una sentencia del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Ramiro Pazos advierte que es obligación del Estado adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado.
Por lo tanto advierte la corporación que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de Policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población a la población; La corporación advierte que no se trata de reubicar las estaciones sino que se proteja lo que esté alrededor de ellas.
Este pronunciamiento se da al condenar a la Policía Nacional al pago de los perjuicios ocasionados a la diócesis de Arauca por los daños a la iglesia, la casa cural y el colegio del municipio de Puerto Rondón durante los ataques de la guerrilla en marzo, septiembre y diciembre de 1999.
En el fallo se indica que el Estado debe proteger de manera especial las edificaciones religiosas, para “proteger el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa y cumplir con los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales”.
El Alto Tribunal recordó que la jurisprudencia ha señalado claramente que en zonas en las cuales con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña.
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/fallo-de-consejo-de-estado-no-ordena-reubicar-estaciones-de-policia/20140121/nota/2059487.aspx
General no cree que haya personas que quieran que la Policía se vaya de pueblos de alto riesgo.
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, asegura que “le duele” el fallo del Consejo de Estado que condenó a esa institución y al Ministerio de Defensa por los daños causados a la población en Puerto Rondón (Arauca), en un ataque de las
Farc en 1999.
Indicó que la Policía cumplirá el fallo, pero que está convencido de que los colombianos no quieren que las estaciones de Policía salgan de los cascos urbanos.
¿Qué opinión tiene del fallo del Consejo de Estado?
Lo que a nosotros nos corresponde es cumplir, tanto por convicción como por formación, los fallos judiciales. Este es un fallo que así nos duela hay que acatarlo, pero es importante señalar que hacia finales de los 90 el terrorismo de las Farc se ensañó contra Puerto Rondón. Fueron más de 6 atentados, en donde ni siquiera el templo, protegido y sagrado para la toda la comunidad, se salvó de la irracionalidad y salvajismo de las Farc.
¿El fallo plantea mover las estaciones cuando están en medio de poblaciones donde el orden público se altera frecuentemente?
Hasta donde conocemos el fallo, el Consejo de Estado no estaría obligando el desplazamiento de unas unidades; estaría invitando a que se evalúe el nivel de altísimo riesgo. Lo que sí es cierto es que nuestra vocación profesional y constitucional es proteger a la población.
¿La Policía ve posible que se retiren puestos o estaciones?
Lejos de salir corriendo, lo que nos toca es mantener una actitud completamente valerosa. Pienso que de abandonar las poblaciones estaríamos en riesgo de ser señalados como cobardes, por no estar protegiendo con el valor que corresponde. Nosotros, los policías de la Patria, como los soldados, estamos dispuestos a morir defendiendo a nuestra población.
¿Estratégicamente para la Policía no sería viable mover estaciones?
Los policías estamos, como lo están las Fuerzas Militares, formados para defender a la comunidad de esos riesgos a los que el terrorismo, a veces implacable y demencial, puede llegar a someter a la Fuerza Pública y a la población en general. No creo que pueda haber personas que quieran tener una actitud de indiferencia, de que si van a atentar contra la Policía nos digan ‘váyanse a otro sitio donde sólo los afecte a ustedes’. Hoy, Colombia suma esfuerzos inobjetablemente para ayudar a proteger a quienes protegen a la comunidad.
¿En un posconflicto tendría sentido esta posición?
Hoy, antes y en el futuro, el policía y el soldado son un colombiano, seleccionado dentro de los compatriotas dispuestos a morir por defender a cada ciudadano.
Magistrado explica en qué caso se deben mover las estaciones
El magistrado Ramiro Pazos, ponente del fallo del Consejo de Estado que condenó a la Policía y al Mindefensa, dijo que si se trata de una estación que está “puerta a puerta” con edificaciones civiles “hay que moverla”.
“El hecho de tener una estación de Policía, pared por medio, cuando se produce un ataque dirigido contra un objetivo estatal específico, obliga al Estado a responder por los daños”, señaló.
REDACCIÓN JUSTICIA
http://www.eltiempo.com/justicia/rodolfo-palomino-habla-de-fallo-que-deja-en-vilo-estaciones-de-policia-en-poblaciones_13393254-4
Polémica por condena a la Policía por ataque de la guerrilla en 1999
21 DE ENERO DE 2014
Gran controversia ha desatado la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado, en la que se condenó a la policía a indemnizar a la diócesis de Arauca por los daños que sufrió la iglesia, la casa cural y un colegio en Puerto Rondón, Arauca, en medio de un ataque de las Farc en 1999.
FUENTE.http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=435500&Itemid=29
Muros a la Policía
El artículo 90 de la Constitución de 1991 establece que "el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".
Reforzó, desde la cúspide de la pirámide normativa, el principio de responsabilidad objetiva del Estado. Aparte de que a este se le demuestre culpa o no, deberá responder por lo que hagan ya no sólo sus propios agentes, sino también cualquier persona, por el daño antijurídico causado a bienes o personas, cuando haya omisión en el deber de protección por parte de las autoridades.
Este principio de responsabilidad objetiva ha sido llevado a su máxima expresión por parte de la jurisprudencia nacional, particularmente la del Consejo de Estado.
Tenemos un Estado ineficaz, burocratizado, a veces parásito. Al cual se le exige, legal y jurisprudencialmente, una eficiencia y una perfección en el cumplimiento de todos sus ambiciosos fines, que ni siquiera muchos de los países más desarrollados del mundo estarían en capacidad de atender. Exigirle no está mal. Pero hay que tener en cuenta sus evidentes limitaciones.
Por eso, ante sus constantes fallas, por acción y omisión, se ve condenado diariamente a indemnizar por daños de toda índole. Un Estado que padece un conflicto armado interno, y que aparte de enfrentar la criminalidad que se esconde tras la careta de la subversión, tiene que responder patrimonialmente por los daños de esta, mientras los autores de los delitos gozan de impunidad.
La sentencia del Consejo de Estado, conocida esta semana que termina, que ordena indemnizar a una diócesis por los daños causados a una parroquia luego de dos ataques guerrilleros entre 1998 y 2000, no es la primera ni será la última. Dice que el Estado es responsable por los hechos de la guerrilla, por no haberlos evitado. Y que por ubicar estaciones de policía en cabeceras municipales, se puso en riesgo de daño a la población civil.
La guerrilla nunca ha respetado los principios del Derecho Internacional Humanitario. No está en su naturaleza el respeto a ninguna regla, ni legal ni de humanidad. Al Estado, en cambio, le son exigibles todas las normas, nacionales e internacionales, en materia de DIH y de toda naturaleza aplicable a los conflictos.
Si bien desde 1994 Colombia adquirió compromisos con el Protocolo II (y su Artículo 3 Común) Adicional a los Convenios de Ginebra, que obliga al Estado a buscar la máxima protección de la población civil, la realidad objetiva muestra a una guerrilla que acude al terrorismo para arrasar cuarteles militares y policiales ubicados en los cascos urbanos de cientos de municipios del país.
Mientras haya conflicto armado interno, debe procurar el Estado la debida identificación y distancia de los comandos militares y policiales de los bienes y áreas de habitación civil. Pero es mucho más exigible, hoy, en el contexto de las conversaciones en La Habana, y ante el cansancio y repudio social a los atropellos de Farc y Eln, que cesen los ataques con morteros, "tatucos", cilindros-bomba y demás artillería pesada, contra instalaciones de las fuerzas armadas oficiales contiguas a viviendas y demás inmuebles ocupados por población no combatiente.
El Estado debe proteger y reparar los daños, pero es la guerrilla la primera responsable de tan graves lesiones a la comunidad inerme. Los colombianos están cansados de su indolencia e inhumanidad y su desprecio al DIH.
CONTRAPOSICIÓN
Una cosa es la protección a la comunidad, y otra es generar riesgos
Por: Luis Fernando Álvarez
Expresidente del Consejo de Estado, decano de derecho de la UPB
La sentencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos es coherente con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado. Este fallo es, efectivamente, aplicación del principio de responsabilidad objetiva. Específicamente, hace relación al principio de distribución de cargas públicas: se supone que un ciudadano no tiene por qué sufrir cargas públicas exageradas frente a las que sufre el común de la gente. Si en situaciones de conflicto, el Estado pone una guarnición militar (o policial) cerca de la población civil, y el Estado sabe que esa guarnición tiene altas probabilidades de ser atacada por un grupo guerrillero, poniendo en peligro a los civiles, está imponiéndoles una carga desproporcionada, y de ahí deriva la responsabilidad estatal.
Hay que tener en cuenta que hay sentencias del sistema interamericano que exigen ir más allá de la jurisprudencia colombiana.
Ahora bien, la sentencia no prohibe que haya estaciones de policía en los pueblos o ciudades. Lo que dice el Consejo de Estado es que, al ubicarse, no se genere un riesgo desproporcionado a la población civil que habita la zona adyacente: es decirle a la Policía, deme seguridad, pero no se vuelva un problema de seguridad. Es difícil entenderlo, pero es así. Es un asunto de razonabilidad entre medios y fines
http://www.americamilitar.com/discussion/11/noticias-de-la-pnc#Item_82
Howdy, Stranger!
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