Hay una institución democrática de la que sólo nos ocupamos para exigirle resultados o para cuestionarle duramente los errores, a la que culpamos de la acción de los enemigos de la patria aunque contribuyamos por acción o por omisión en la ejecución de sus ataques, pero de la que no recordamos en su momento expresar gratitud y reconocimiento aun cuando sabemos que gozamos de todas las garantías y derechos por su sacrificio, que comporta muchas veces la vida misma de sus integrantes, hablo del Ejército Nacional de Colombia.
Desde el calor de nuestros hogares, la comodidad de los despachos o el jolgorio de la taberna, es fácil asumir como cierta la insidiosa propaganda sucia que a diario maneja el enemigo y sus apologistas a través de los medios más interesados en la comercialización de sus productos que en la difusión de la verdad, que como cajas de resonancia amplifican y magnifican los errores reales o las falsas denuncias del narcoterrorismo y sus aparatos políticos buscando minar la fe de los ciudadanos en sus instituciones y quebrantar así la moral de combate de nuestros soldados.
Sería tonto y se faltaría a la verdad pensar que nuestro Ejército Nacional está conformado por ángeles o santos; hay un universo inmenso de hombres y mujeres que hacen parte de él y en su gran mayoría, son hombres y mujeres que representan los mejores valores de nuestra nacionalidad, honestos, trabajadores y sacrificados en el cumplimiento de su deber. En silencio y en soledad transitan todos los caminos, trochas, montañas y selvas de la agreste geografía colombiana con un solo objetivo: que los principios fundamentales del Estado social de derecho se cumplan fundados en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas en esa búsqueda común del interés general.
Hay unos pocos que no honran el uniforme, los principios y valores de la institución y se apartan para incurrir en las sendas del delito abusando de su autoridad y de la confianza que la patria ha depositado en ellos. Esos malos elementos son responsables de que los enemigos de la patria hayan encontrado un filón para explotar y pretender dañar la imagen y la integridad de nuestro Ejército señalando como crimen toda acción en que las armas se convierten en la razón para mantener la prevalencia del orden y de la ley.
Desafortunadas decisiones administrativas del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General privaron a los soldados de la defensa constitucional garantizada en el art. 221 de la Carta, creando una figura inexistente en nuestra legislación, una presunción de culpabilidad hábilmente explotada por el enemigo para presentar como delito de lesa humanidad toda situación de combate y logrando que la Fiscalía dicte medidas de aseguramiento privativas de la libertad a quienes son señalados sin pruebas suficientes; hoy más de 3.000 hombres de la Fuerza Pública se encuentran en una absurda interdicción pues no se les define su situación jurídica con la misma celeridad con que se les priva de la libertad y son convertidos en carne de escarnio público sin pruebas de la materialidad de los hechos que se les imputan o de responsabilidad en su comisión.
Los llamados “falsos positivos” han golpeado duramente el espíritu de nuestros guerreros; si hay casos de daño doloso motivado por execrables ambiciones personales de sus autores, pero no representan ni siquiera el 0.01% del universo de hombres en armas; hay otros casos que no buscaban provecho personal alguno, que fueron motivados por un exceso de celo en el combate al enemigo y en los que se recurrieron a las mismas armas innobles que el narcoterrorismo utiliza, estos hombres olvidaron que el fin no justifica los medios y se apartaron de la Constitución, la ley y los reglamentos propios de la institución, pero su culpa debe ser atenuada por las circunstancias mismas de una guerra asimétrica en las que conductas similares o más protervas del enemigo no sufre la misma condena legal y social que la del soldado.
Es desmoralizante que altos magistrados de nuestro poder judicial, afines al narcoterrorismo por sus creencias ideológicas y sin base alguna, lleguen a conceptuar impunemente que el Ejército es una empresa criminal mientras a las fuerzas narcoterroristas se atreven a calificarlas como altruistas que delinquen para que otros vivan mejor, como si la legitimidad de nuestra institución militar no estuviera dispuesta históricamente desde hace más de 200 años y recogida en la Constitución que es el contrato social que debe unificar a la sociedad colombiana.
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Hay una institución democrática de la que sólo nos ocupamos para exigirle resultados o para cuestionarle duramente los errores, a la que culpamos de la acción de los enemigos de la patria aunque contribuyamos por acción o por omisión en la ejecución de sus ataques, pero de la que no recordamos en su momento expresar gratitud y reconocimiento aun cuando sabemos que gozamos de todas las garantías y derechos por su sacrificio, que comporta muchas veces la vida misma de sus integrantes, hablo del Ejército Nacional de Colombia.
Desde el calor de nuestros hogares, la comodidad de los despachos o el jolgorio de la taberna, es fácil asumir como cierta la insidiosa propaganda sucia que a diario maneja el enemigo y sus apologistas a través de los medios más interesados en la comercialización de sus productos que en la difusión de la verdad, que como cajas de resonancia amplifican y magnifican los errores reales o las falsas denuncias del narcoterrorismo y sus aparatos políticos buscando minar la fe de los ciudadanos en sus instituciones y quebrantar así la moral de combate de nuestros soldados.
Sería tonto y se faltaría a la verdad pensar que nuestro Ejército Nacional está conformado por ángeles o santos; hay un universo inmenso de hombres y mujeres que hacen parte de él y en su gran mayoría, son hombres y mujeres que representan los mejores valores de nuestra nacionalidad, honestos, trabajadores y sacrificados en el cumplimiento de su deber. En silencio y en soledad transitan todos los caminos, trochas, montañas y selvas de la agreste geografía colombiana con un solo objetivo: que los principios fundamentales del Estado social de derecho se cumplan fundados en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas en esa búsqueda común del interés general.
Hay unos pocos que no honran el uniforme, los principios y valores de la institución y se apartan para incurrir en las sendas del delito abusando de su autoridad y de la confianza que la patria ha depositado en ellos. Esos malos elementos son responsables de que los enemigos de la patria hayan encontrado un filón para explotar y pretender dañar la imagen y la integridad de nuestro Ejército señalando como crimen toda acción en que las armas se convierten en la razón para mantener la prevalencia del orden y de la ley.
Desafortunadas decisiones administrativas del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General privaron a los soldados de la defensa constitucional garantizada en el art. 221 de la Carta, creando una figura inexistente en nuestra legislación, una presunción de culpabilidad hábilmente explotada por el enemigo para presentar como delito de lesa humanidad toda situación de combate y logrando que la Fiscalía dicte medidas de aseguramiento privativas de la libertad a quienes son señalados sin pruebas suficientes; hoy más de 3.000 hombres de la Fuerza Pública se encuentran en una absurda interdicción pues no se les define su situación jurídica con la misma celeridad con que se les priva de la libertad y son convertidos en carne de escarnio público sin pruebas de la materialidad de los hechos que se les imputan o de responsabilidad en su comisión.
Los llamados “falsos positivos” han golpeado duramente el espíritu de nuestros guerreros; si hay casos de daño doloso motivado por execrables ambiciones personales de sus autores, pero no representan ni siquiera el 0.01% del universo de hombres en armas; hay otros casos que no buscaban provecho personal alguno, que fueron motivados por un exceso de celo en el combate al enemigo y en los que se recurrieron a las mismas armas innobles que el narcoterrorismo utiliza, estos hombres olvidaron que el fin no justifica los medios y se apartaron de la Constitución, la ley y los reglamentos propios de la institución, pero su culpa debe ser atenuada por las circunstancias mismas de una guerra asimétrica en las que conductas similares o más protervas del enemigo no sufre la misma condena legal y social que la del soldado.
Es desmoralizante que altos magistrados de nuestro poder judicial, afines al narcoterrorismo por sus creencias ideológicas y sin base alguna, lleguen a conceptuar impunemente que el Ejército es una empresa criminal mientras a las fuerzas narcoterroristas se atreven a calificarlas como altruistas que delinquen para que otros vivan mejor, como si la legitimidad de nuestra institución militar no estuviera dispuesta históricamente desde hace más de 200 años y recogida en la Constitución que es el contrato social que debe unificar a la sociedad colombiana.
http://colombiaopina.wordpress.com/2013/12/19/la-noche-de-los-heroes/
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