Hasta la saciedad he escrito sobre la inconveniencia de la JEP: desde los albores de ese esperpento impresentable, he venido llamando la atención sobre los riesgos que aquella entraña para la institucionalidad y la democracia. Y es que nada bueno podía salir de un bodrio preparado por la misma guerrilla y sus oscuros asesores, entre los que se cuentan el “chapetón” Santiago y el “criollo” Leyva. Juan Manuel Santos, con tal de sacar adelante el negociado de La Habana, terminó por aceptar la imposición de las Farc. Eso es la JEP: una condición inamovible de la guerrilla para firmar el parapeto al que llaman “paz”. El tartufo Santos, De la calle y demás apátridas que gestaron el arrodillamiento del Estado ante el terrorismo nada hicieron para impedir lo que a todas luces era inviable; por el contrario, se plegaron a los violentos, dándoles la espalda a las víctimas y, de suyo, a la sociedad en pleno.

Insisto: la JEP fue creada, por una parte, para exculpar todos los crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos por los bandidos de las Farc, y, por otra, para perseguir a los enemigos históricos de esa banda terrorista, que, desde la institucionalidad, los hemos enfrentado. La idea es humillar y someter a miembros de la Fuerza Pública, políticos de centro derecha que no han callado las barbaridades perpetradas en 50 años de horrores, opinadores, representantes de víctimas y todo aquel que se atreve a levantar su voz contra tamaña injusticia. Ahí están sentados en el Congreso, muy orondos y frescos, asesinos de la peor calaña, fungiendo de padres de la patria y guías morales. Ver a los depravados de “Catatumbo”, “Lozada”, “Calarcá” y demás engendros del mal despachar, impunes, desde el hemiciclo del Congreso, produce dolor y rabia, pues es la muestra de que los derechos humanos para nada importaron al momento de darles semejante concesión.

En manos del presidente Iván Duque está la posibilidad de enmendar tantos despropósitos juntos: la ley de la JEP debe ser objetada. A las tantas razones jurídicas expuestas con suficiencia por connotados juristas, se suman otras de orden político y de conveniencia nacional. Es un buen momento para hacerlo, justo después que ha sido descubierto un entramado de corrupción en el interior de la JEP: uno de sus fiscales fue capturado en flagrancia recibiendo una gruesa suma para evitar la extradición de Santrich, que entre otras cosas no se ha dado, por las trabas que le ha puesto la JEP, pese a que no tiene competencia legal para impedirla.

El presidente, en esta coyuntura, tiene la oportunidad inmejorable de convocar una amplia coalición de las fuerzas vivas, políticas y sociales del país, que habrá de rodearlo, con ardentía, en las decisiones que adopte sobre la JEP. La primera de ellas debería ser objetar el cuerpo íntegro de esa malhadada ley: hay que extirpar el tumor de raíz. Es menester también crear un sistema de justicia real para las Farc; no hacerlo es la mejor manera de que resulten impunes, como actualmente ocurre. Hay que darles un alivio jurídico, pero bajo ninguna circunstancia la elegibilidad para cargos públicos y el narcotráfico, como delito conexo, pueden ser materia de discusión. La pena alternativa solo podrá aplicarse a aquellos que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas, entreguen recursos mal habidos y se comprometan expresamente a no repetir dichas acciones. Lo que más se parece a lo que propongo se encuentra en la Ley 975, que se les aplicó a los paramilitares, ¿por qué no hacer uso de ese mecanismo?

La JEP es una cueva de Rolando que hay que sacar del ordenamiento legal colombiano no solo porque es fruto de una estafa electoral, sino también porque, entre sus miembros, hay defensores de la ideología de izquierda (lo que desestima cualquier actividad judicial) y corruptos que venden decisiones al mejor postor; pero – y esto es lo más importante- porque es muy inconveniente su existencia para la salud de la República y el Estado de Derecho.

¡Presidente, salve usted la patria! Monte esta misma semana a “Santrich” en un avión y despáchelo de una buena vez a los Estados Unidos. Sería esta una decisión política para sentar precedentes, tal como la que, en su momento, tomó el presidente Uribe al ordenar el bombardeo sobre el campamento de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano.

La ñapa I: Gran labor de la Fiscalía General, al destapar la olla podrida de la corrupción en la JEP. Ya se van dando cuenta por qué los [[Editado por el sistema]] y la guerrilla odian tanto al fiscal Néstor Humberto Martínez.

La ñapa II: Yo creo que los dólares que estaba recibiendo el fiscal de la JEP eran parte del pago de una gestión ilegal que ya venía siendo ejecutada de tiempo atrás. A lo mejor, todo se sepa cuando el fiscal y sus cómplices sean extraditados y le cuenten al departamento de justicia norteamericano lo que saben. Lo cierto es que la JEP ha venido impidiendo la extradición de Santrich; por ello hay que seguir esa pista y verificar qué funcionarios han participado en ese asunto, pues es evidente que ese funcionario corrupto no estaba solo en ese entuerto: debe haber peces gordos involucrados. ¡También caerán!

La ñapa III: El Consejo de Estado mantiene la investidura del narcotraficante alias “Jesús Santrich”. Solo dos palabras para describir lo que siento ante semejante dislate: vergüenza y asco.

La ñapa IV: La única locura de Petro que amerita psiquiatra es el haberse comido el cuento de que podía escabullirse de la diligencia que tenía en la Corte Suprema, dizque por incapacidad médica, para pasarse el día en el Senado dando lora, sin que nadie se enterara de ello.