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EL PORTE DE ARMAS EN COLOMBIA Y EL DEBATE SOBRE SU CONTROL Y PROHIBICIÓN

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Editado Thu, 23 August 2012
en Artículos #1
Autor: Erich Saumeth, Colombia


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Se ha renovado el interés público –y político- en Colombia, frente al tema del porte legal de armas en manos de particulares.

A raíz de la propuesta del recién posesionado Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el sentido de restringir de manera absoluta el porte de armas, comenzó a suscitarse una nueva controversia sobre el tema y a nivel nacional, pues diversos mandatarios locales y regionales se mostraron en pro o en desacuerdo de lo anunciado por el Alcalde de la Capital de este país.
El gobierno colombiano también ha entrado a terciar en la polémica, con una iniciativa que pretende presentar al Congreso de la República, y que busca restringir la tenencia y el porte de armas por parte de los particulares. El mismo, fue preparado por la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad Ciudadana y por el Ministerio de la Defensa Nacional y tiene como uno de sus objetivos reformar de manera integral el régimen de armas de fuego, municiones y explosivos, que se encuentran reguladas en el Decreto-Ley 2335 de 1993 y en la Ley 1119 de 2006, entre otras normas.

La intención –aparentemente- es la de desestimular la tenencia de armas por parte de ciudadanos como meta de la Política Nacional de Seguridad. Por ello el gobierno colombiano, ha manifestado que el porte de armas debe ser excepcional, que los controles y requisitos para permisos deben ser más estrictos y que los mismos no sean solo expedidos por las autoridades militares, sino, por los Consejos de Seguridad Municipales, Distritales y Departamentales, de acuerdo a los perfiles y antecedentes de los solicitantes, así como a estudios de seguridad personales previos; adicionalmente el proyecto busca también la implementación definitiva del registro de la huella balística de todas las armas en propiedad de particulares.

Sin embargo y a partir de estas iniciativas, se hace necesario entrar a determinar o establecer si las mismas tendrán –y a corto y mediano plazo- impactos positivos en la reducción de hechos violentos en las principales ciudades del país. Y es que solo en el año 2011 se registraron casi doce mil homicidios por arma de fuego, incautándose durante el mismo periodo cerca de treinta y ocho mil armas, de las cuales veintisiete mil (72% del total) no tenían salvoconducto. De igual forma, y según el Ministerio de la Defensa colombiano, en el país hay cerca de un millón trescientas mil armas con permiso, pero alrededor de cuatro millones ilegales, lo que sin duda se convierte en un factor generador de violencia e inseguridad para esta nación.

Estas cifras han sido precisamente las que han formado opiniones a favor y en contra de la iniciativa del gobierno, pues algunos Alcaldes y Gobernadores creen que es fundamental la prohibición para la reducción de la criminalidad –y de la inseguridad- es especial de la generada a partir de la acción delictiva de las bandas criminales organizadas (BACRIM); pero de igual forma, otros mandatarios opinan que no puede dejarse a la ciudadanía, y en especial al gremio de comerciantes, desarmados y desprotegidos ante una evidente falta de seguridad en las ciudades colombianas, pidiendo por ello mayores y mejores controles policivos y de la fuerza pública en general.

El debate pues se ha iniciado, siendo evidente que el gobierno colombiano por fin comienza a tomar las medidas para tratar de –comenzar también- a combatir aquellos hechos generadores de niveles preocupantes de inseguridad, hacia los cuales están y estarán dirigidos muchos de los futuros esfuerzos que desplegara la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, programa bandera de esta administración. Pero es vital que tanto gobierno como mandatarios antes de proceder tengan en cuenta la opinión de la ciudadanía en este aspecto, pues es necesario tanto para el desarrollo como para el despliegue de un proyecto de estas características, contar con el apoyo y el interés de la población, que en estos momentos percibe que la inseguridad es uno de los principales problemas a resolver. En la solución pues, deben participar todos.

FOTO: Pistola Jericho PSL, INDUMIL

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