Pícota pública

TOLEDO
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Sargento Mayor

Hola a todos los compañeros foristas.

 

Respondiendo a las diferentes peticiones que me han hecho he creado este espacio en el cual expondremos todas aquellas informaciones y denuncias sobre corrupción o malos manejos por parte del gobierno nacional, del ministerio de defensa o de los mismos integrantes de las FFAA, y que se constituye en escándalos que terminan afectando no solo los intereses económicos del país sino que también afectan la vida y honra de sus integrantes.

 

Sirva este espacio como medio de presión pública sobre estos funcionarios corruptos, sus asociados y amigos, que aprendan que no todo el pueblo es tonto o ignorante del tema y que de nuestra parte los mantenemos vigilados.

 

Este espacio nace de la frustración y la rabia que sentimos aquellos que nos duele nuestra patria y que estamos cansados de ver como se la roban, por eso mismo les invito a que la información dada en este hilo de denuncia sea retransmitida por todos los medios que tengamos disponibles, ya sea virtualmente, ya sea persona a persona, debemos recordar que mientras más gente se entere es mejor pues va a ser más difícil que estos sujetos oculten sus movimientos a la luz pública.

 

Y a todo esto dejo una reflexión para que todos la tengamos en cuenta:

Una nación le pertenece al pueblo, no a los dirigentes, ellos trabajan para el pueblo no al revés, por algo se les llama "servidores públicos", y por lo tanto son los que deben estar más sujetos al escrutinio de la nación, y así como el pueblo tiene la responsabilidad de elegir a estos personajes, así mismo tiene el deber de censurarlos cuando lo considere pertinente.

 

Eso sí, les invito a que, por más sentimientos negativos que nos produzca este hilo, nos ABSTENGAMOS de utilizar un lenguaje vulgar y soez, y por sobretodas las cosas les invito a no convertir este espacio en una guerra entre foristas, recuerden que en esto hay que estar unidos porque a fin de cuentas la nación somos todos y en este asunto todos estamos perdiendo.

Y una cosa extremadamente importante y de la cual advierto desde el principio para que se tenga siempre en cuenta y luego no haya quejas al respecto:

Aquí solo se traerán noticias de dominio público, de temas que ya hayan sido denunciados y puestos en conocimiento de la luz pública a través de otros medios, todo ello en consideración que americamilitar no es un ente investigativo judicial, y por lo tanto no somos nosotros los llamados a hacer pronunciamientos sin ninguna prueba que comprometan a americamilitar y en consideración a eso advertir que cualquier acusación que se haga desde hilo sin ninguna prueba o justificación quedará expuesta a ser editada por los moderadores de la página o el EMC y se podrá hacer sin previo aviso.

Todo esto quiero que sea claro pues lo que se juega aquí también es el buen nombre de americamilitar y ese es el que más tenemos que defender

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Comentarios

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor

    El calvario de 11 años del coronel Carlos García


     






     


    La historia del coronel (r) Carlos Alberto García Sierra es la de un hombre perseguido por denunciar la corrupción enquistada en la contratación del Ejército. Con una hoja de vida impecable, con más de 82 felicitaciones en su carrera militar, experto en inteligencia técnica y en desarrollo de plataformas de espionaje electrónico, el coronel García Sierra fue uno de los gestores de programas para romper los sistemas de criptografía de varias organizaciones ilegales. No obstante, a pesar de su rutilante ascenso, terminó humillado, exiliado, con una orden de captura a cuestas y señalado como espía del gobierno de Hugo Chávez Frías.


     


    Nacido en Zipaquirá en diciembre de 1961, Carlos Alberto García pronto se interesó por la vida militar. En febrero de 1979 ingresó a la Escuela de Cadetes y con los años se especializó en inteligencia técnica. En ese contexto, participó en la creación de plataformas aéreas de inteligencia, ofició como director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, fue uno de los creadores de una unidad especializada de inteligencia electrónica dotada con polígrafos, espectrógrafos y radiolocalizadores, entre un largo etcétera de proyectos de espionaje especializado que terminaron por desequilibrar la balanza a favor del Estado en la lucha contra la guerrilla.


     


    Fueron tan contundentes sus resultados técnicos, que se ganó la confianza del alto mando militar. De hecho, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Jorge Enrique Mora Rangel —hoy negociador en La Habana con las Farc—, lo designó para que participara en los comités técnicos de contratación de los equipos de comunicación. Ahí empezó su infierno. El teniente coronel García Sierra empezó a percatarse de que en muchos procesos licitatorios las cuentas simplemente nunca daban. Después de su paso como director de Proyectos Especiales de la Central de Inteligencia Militar, en 2002 fue nombrado como director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército. Y allí fue testigo de cosas peores.


     


    Fue entonces, como escribió él mismo en un documento de julio de 2006, cuando evidenció “el altísimo grado de corrupción de algunos miembros de la institución”. Sin concesión alguna, y con la convicción de que eso que llaman solidaridad de cuerpo en las Fuerzas Armadas no incluye mirar hacia otro lado cuando los dineros públicos se despilfarran a manos llenas, el coronel Carlos Alberto García documentó uno a uno los yerros en contratación, las anomalías en millonarias licitaciones en su despacho, los amiguismos de algunos contratistas con ciertos oficiales y, cómo no, empezó a llegarle abundante información sobre coimas y ‘engrases’ generosos.


     


    En principio denunció irregularidades en dos contratos por un valor de más de $13.000 millones para la adquisición de equipos de radio portátiles y de seguridad de voz. Según sus estudios, inexplicablemente la firma Meltec había ganado esos contratos a pesar de no cumplir algunas especificaciones técnicas. Incluso, señaló presuntos favorecimientos a esa empresa por parte de un coronel. Denuncias que se sumaron a otras que ya había hecho en contratos para adquirir geoposicionadores, baterías para radios militares y presuntos malos manejos de un laboratorio técnico, en donde salió a relucir el nombre de otro oficial que fue su antecesor en la dirección de la Escuela de Comunicaciones del Ejército.


     


    El coronel Carlos Alberto García denunció estos hechos ante la secretaria general del Ministerio de Defensa, Ketty Valbuena, y ante el comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina. Poco pasó con sus hallazgos. Se abrieron unas indagaciones que no tardaron mucho en ser archivadas. En junio de 2006 salieron libres de toda responsabilidad los oficiales que denunció. En cambio, el coronel García empezó un largo calvario judicial de 11 años, pues resultó acusado, paradójicamente, de supuestas irregularidades en contratación. Pasó de súbito de ser un ejemplar analista de inteligencia con una prometedora carrera militar, a ser un paria al que sindicaron de venderle información privilegiada al gobierno de Venezuela.


     


    Todo empezó a cocinarse en 2003, cuando García Sierra señaló públicamente presuntos actos de corrupción en el Ejército. Primero, resultó él mismo procesado. Luego, en octubre de ese año, no fue llamado a curso de coronel. Las ‘culebras’ que tocó con sus denuncias truncaron su carrera. Finalmente, un mes después pasó al retiro. Parte de sus pesquisas, sin embargo, sirvieron para ventilar, en un acalorado debate en el Congreso, promovido por Gustavo Petro y Guillermo Santos, las supuestas anomalías que reinaban en la contratación castrense. Decepcionado por la suerte que le tocó correr, el coronel García se dedicó a recoger más pruebas de sus hallazgos.


     


    Acudió al Programa Anticorrupción de la Presidencia y ante otras instancias. Esperó pacientemente los avances de la justicia, pero en la trasescena se iban fraguando los montajes en su contra. Fue denunciado ante la justicia penal militar por quienes él denunció. Lo señalaron del delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por cuenta de un convenio interadministrativo firmado entre el Sena y la Escuela de Comunicaciones por un valor de $685 millones. Lo peor aún estaba por llegar. Con base en el testimonio de la abogada Martha Chacón Patiño, se le inició un proceso con cargos de espionaje. En esencia lo acusaron de robarse información de inteligencia sobre las Farc para llevársela a emisarios del gobierno de Hugo Chávez.


     


    Chacón Patiño, paradójicamente, había sido abogada del coronel García Sierra en otros casos. Esas versiones sobre la supuesta venta de información clasificada a otro país trascendieron a los medios. Desesperado, el coronel García pidió protección a otro país y se asiló allí durante casi una década. Entre tanto, los procesos en su contra siguieron su curso. La justicia ordenó su captura y el coronel García llegó a ser en su momento el único oficial de las Fuerzas Militares buscado en el mundo entero por la Interpol. La génesis del expediente que le abrieron como espía se dio en 2005, cuando la abogada Chacón contó que había sido testigo de cómo García viajó hasta Venezuela para ofrecerle a ese país documentos clasificados.


     


    Según su relato, supuestamente lo acompañó desde Bogotá a Cúcuta el 21 de marzo de 2004 y en esa ciudad, añadió la declarante, dos venezolanos los abordaron preguntándoles si traían la información requerida. En su versión, Chacón dijo que esos papeles y otros medios electrónicos hacían parte de un envío de Gustavo Petro al presidente Chávez. Años después la justicia encontró serias contradicciones en esa historia, al punto que la abogada Chacón estaba en Bogotá en esa fecha. Sin embargo, no fue hasta que el expediente pasó a la Fiscalía que realmente se descubrió el entuerto. El 6 de mayo de 2009 un fiscal delegado contra el Terrorismo archivó el proceso en favor del coronel García.


     


    Según concluyó el funcionario, las denuncias de Chacón al parecer fueron en represalia por problemas pasionales e “insatisfacciones amorosas” con un hermano del coronel. Nunca se probó que García fuera el espía aquel del que tanto se habló en su momento, ni mucho menos que hubiese extraído información reservada de los computadores del sistema de inteligencia del Ejército. En síntesis, el fiscal del caso criticó que en su momento la justicia penal militar hubiese desplegado tal velocidad para procesar a un condecorado coronel con apenas el testimonio de una denunciante. Cerrado ese capítulo de espionaje, todavía pesaba una orden de captura en su contra por las denuncias de corrupción.


     


    Finalmente, el 18 de marzo de 2013 la coronel Claudia Patricia Rentería, en calidad de fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar, absolvió al oficial retirado al concluir que nunca hubo intención del coronel García de defraudar al erario, que sólo se trató de un convenio que buscaba el beneficio del Ejército y que por cuestiones legales dicho contrato terminó siendo anulado por una instancia superior para corregir los formalismos propios exigidos en ese momento. La fiscal Rentería canceló las órdenes de captura contra el coronel García. Sus abogados le hicieron saber en el extranjero que después de 11 años su nombre por fin había quedado libre de cualquier mancha y que podía regresar a Colombia como un hombre libre e inocente.


     


    Así lo hizo, pero en el entretanto perdió a su esposa, quien se residenció en otro país después de sufrir un atentado que por poco le cuesta la vida. También perdió a sus amigos, se llenó de deudas, aguantó hambre en tierras extranjeras, jamás pudo acreditar trabajo alguno y vivía siempre bajo el temor de que sus enemigos pudieran encontrarlo y terminar con su vida. Ya libre de cualquier sospecha, volvió a Colombia hace pocos meses y con una pensión modesta trata de sobrellevar las deudas y de recomponer su vida. Sin embargo, hasta hace poco todavía figuraba en los sistemas judiciales esa orden de captura que lo atormentó por más de una década.


     


    Se vio obligado a entutelar aquí y allá para reivindicar su nombre. Hoy trata de espantar los fantasmas de su pasado, pero le han advertido que tiene que cuidarse, porque sus enemigos acechan. Después de semejante calvario, por fin se atrevió a contarle a un medio de comunicación todas las vicisitudes de su tragedia. No se arrepiente de haber denunciado porque, dice, “esos corruptos le hacen más daño al Ejército y al país que los guerrilleros en la selva”. Según él, pasó mucho tiempo antes de que se derrumbaran los montajes auspiciados por quienes quisieron callarlo, pero tiene la conciencia aún más tranquila desde que saldó sus cuentas judiciales. Eso sí, todavía teme. Cómo no. Qué fácil le resultó al sistema enlodarlo.


     

    La carrera militar del coronel García

     


    Carlos Alberto García Sierra estuvo casi 25 años en las filas militares. En la institución castrense obtuvo títulos como profesional en ciencias militares, administración de empresas y telecomunicaciones. Recibió las distinciones José María Córdova, Antonio Nariño, San Gabriel y el mérito educativo Rafael Reyes. En total, obtuvo 82 felicitaciones de sus superiores, la mayoría de ellas entre 1992 y 2002, cuando se dedicó por completo a desarrollar plataformas de inteligencia técnica y a modernizar el espionaje electrónico de las Fuerzas Militares con el fin de desarticular las guerrillas y los grupos ilegales.


     


    En un documento enviado a las autoridades norteamericanas en el año 2006, el coronel García sostuvo que “el narcoterrorismo en Colombia me odia porque produje cambios sustanciales en inteligencia y en operaciones que les han hecho inmenso daño en esta lucha frontal que adelanta nuestra patria contra tales males atroces”. Al final recalcó que la corrupción es tan cercana al terrorismo “como quiera que por ganar multimillonarias cifras en sobornos y ‘coimas’ se adquieren equipos que ponen en peligro la vida de nuestros soldados”.


     


    elespectador.com


  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor
    Connor Sunraider escribió:


    Caballero Negro escribió:

     Al final recalcó que la corrupción es tan cercana al terrorismo “como quiera que por ganar multimillonarias cifras en sobornos y ‘coimas’ se adquieren equipos que ponen en peligro la vida de nuestros soldados”.

     
     


    En esto se resume muchos de los programas de compras del estado, ¡gracias por el aporte Caballero Negro!...

    Connor pk este ítem no aparece en el inicio del foro? no me aparece ni siquiera como si existiera ya que cuando algún tema se mueve aparece en amarillo que hay nuevos mensajes, para entrar tengo que ir al enlace que dejaste en el tema de futuro caza para la FAC. 

    Bueno en fin, les voy a dejar otra perlita más preocupante todavía que leí hace mucho, estoy desempolvando cositas bien preocupantes, y la peor a mi juicio es esta que voy a publicar

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor

    Los documentos secretos del Ejército Nacional






    Desde hace varios meses existe una gran preocupación en la cúpula del Comando General de las Fuerzas Militares y la Central de Inteligencia del Ejército. El motivo del desvelo tiene que ver con un asunto que puede comprometer la seguridad nacional si llega a manos equivocadas. Decenas de documentos confidenciales que debían ser conocidos únicamente por un muy reducido grupo de altos mandos terminaron en poder de civiles que nada tienen que ver con las Fuerzas Militares. Parte de esa información fue usada con fines políticos pero mucha quedó volando e incluso alguna de esa información estratégica está en poder de gobiernos extranjeros. 

     

    SEMANA tuvo acceso a decenas de esos documentos, informes, mapas y fotografías clasificadas. Esta revista se abstiene de publicar la mayoría de esos documentos por tratarse de asuntos que comprometen seriamente la seguridad nacional. Otros de esos documentos filtrados contienen información extensa, detallada y muy confidencial sobre la guerrilla. 


    Uno de estos es un extenso informe de 533 hojas en donde hay detalles y fotos sobre decenas de jefes y mandos medios de la guerrilla. Los archivos contienen información sobre cada una de las estructuras de las Farc, sus finanzas, componentes militares, políticos y áreas de influencia. También contiene datos reveladores, información sobre centenares de subversivos, desde los comandantes hasta los más rasos pasando por los mandos medios de ese grupo. El extenso documento tiene datos clasificados sobre el ELN, sus estructuras, jefes, entre otros y, en menor medida, sobre bandas criminales.


    Otro de los documentos a los que tuvo acceso esta revista y que guarda el carácter de reservado tiene 76 páginas y se titula ‘Análisis cuantitativo y cualitativo de las capacidades críticas de agresión’. Fechado el 16 de septiembre de 2013 contiene un completo estudio no solo del estado de algunas estructuras de las Farc sino de las debilidades de unidades del propio Ejército denominado ‘zonas grises’ y ‘límites jurisdiccionales donde se presentan vacíos operacionales’. Se trata de un escrito altamente confidencial, elaborado por analistas de la Central de Inteligencia Militar, pues contiene observaciones precisas sobre fortalezas y debilidades de los subversivos y del propio Ejército. Estos documentos anteriores tienen rótulos de reservado y contienen los logos del Comando General de las Fuerzas Militares.


    Otro de los informes es una lista de documentos elaborados por las Regionales de Inteligencia Militar, conocidas como Rimes, y que orgánicamente dependen de la Central de Inteligencia Militar. Uno de estos, de la Rime 4 y de 48 hojas de extensión, está titulado ‘Dispositivo-composición-fuerza enemigo, cuarta división’. Se trata de una presentación en donde está la estructura del bloque oriental de las Farc.


    Contiene varios ‘mapas de guerra’ en donde se muestran cuáles son las áreas consolidadas por el Ejército y ‘las áreas de confrontación e información estratégica sobre el enemigo’. Tiene además mapas tácticos en todo el territorio que muestran dónde se mueven diferentes frentes de las Farc y el ELN, así como quiénes son los jefes en cada zona y con cuántos hombres cuentan.


    Otros datos clave de inteligencia militar que se filtraron tienen que ver con una serie de fotos aéreas tomadas desde aviones de reconocimiento del Ejército. Ese tipo de imágenes son utilizadas también para planear operaciones sobre terreno y para diseñar los planes de movimientos y ataque de las tropas del Ejército. SEMANA se abstiene de dar más detalles para no entorpecer las operaciones militares. 


    De igual forma los archivos completos de varios computadores, USB o memorias extraíbles que han sido incautadas en diferentes operaciones militares también terminaron en la calle.   


    Soldado advertido…


    Los anteriores son tan solo algunos de los documentos en poder de SEMANA. Los informes son de varios años y van desde 2008 hasta finales de 2013. A pesar de que algunos son antiguos no por eso pierden su carácter de clasificados y secretos pues contienen información valiosa. No solo sobre la guerrilla sino sobre las propias Fuerzas Militares y el Ejército. Legalmente ninguno de esos documentos puede, ni debe, ser conocido y mucho menos terminar en manos de cualquier civil. Esa fuga de información ocurrió entre octubre del año pasado y mediados de este año.


    Parte de dicha fuga se descubrió pocos días después de la captura del hacker Andrés Sepúlveda el pasado 5 de mayo. La Fiscalía en ese entonces reveló que Sepúlveda tenía documentos reservados de inteligencia militar, aunque aquella vez no aclaró cuáles. No obstante, SEMANA estableció que incluso desde antes del episodio del hacker, en marzo y abril de este año, altos mandos en el Comando General de las Fuerzas Militares recibieron informes confidenciales en los que los alertaban sobre la fuga de información clasificada.


    Aunque inicialmente la identidad de quien alertó en el interior de las Fuerzas Militares sobre la fuga era desconocida, en poco tiempo salió a la luz pública una pista de quién podría haber prendido las alarmas. Se supo gracias a una rueda de prensa que dio el comandante de la Fuerza Aérea, general Guillermo León, pocos días después del arresto de Sepúlveda. En un acto inusual el oficial ‘quemó’ a uno de sus agentes de Inteligencia al contar quién era y confirmar dónde trabajaba. El hecho causó sorpresa entre la comunidad de inteligencia, especialmente porque el propio León fue jefe de Inteligencia de la FAC. El hombre que quedó en la picota por cuenta de esto fue Yesid González. “…Es un agente de Inteligencia que es civil y miembro de la Fuerza Aérea, pero tiene funciones en el Comando General de las Fuerza Militares… Pertenece a la Fuerza Aérea, pero su trabajo se desarrolla en el Comando”, dijo el general el 21 de mayo pasado. 


    González es un analista en seguridad informática y en ese mundo es conocido como Bambino. SEMANA estableció que González fue enviado en comisión al inicio de este año a una unidad elite conocida como Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec), adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares, cuyos blancos cubren aspectos y objetivos por fuera de las fronteras del país. SEMANA intentó, infructuosamente, buscar a González en el Comando General y en la FAC en donde inicialmente dijeron que estaba en comisión en el Ejército y había salido con unos días de permiso. Y en otras llamadas sencillamente dijeron que no lo conocían, ni sabían quién era. En las comunidades de hackers y expertos en informática tampoco dan razón de su paradero.


    Lo cierto del caso es que pese a las múltiples advertencias poco se hizo por controlar la fuga o determinar cómo y quiénes filtraron datos secretos que acabaron, entre muchas otras manos, en las del tristemente célebre hacker. Curiosamente tal vez la única medida que se intentó y que demuestra que el alto gobierno sabía de la fuga de información fue el decreto 857 el pasado 2 de mayo. En este se fijaron las pautas a los jefes de la inteligencia en el país sobre el manejo de la información, las fuentes, los agentes y la confidencialidad.


    Lo único cierto es que los informes filtrados son documentos con estricto carácter confidencial y que solo deben conocer un puñado de personas, entre las que están el comandante de las Fuerzas Militares, el jefe de Inteligencia del comando, conocido como J2 y los jefes y directores de las diferentes centrales y regionales de Inteligencia. Parte de esos documentos fueron conocidos por el ecuatoriano Daniel Bajaña, que trabajaba con Sepúlveda, y quien mantenía contactos con miembros de la Inteligencia de Ecuador. 


    La fuga de información que tiene que ver con la Central de Inteligencia Militar coincide con el periodo en el cual se desempeñó como jefe de esa unidad el general Mauricio Forero. En febrero de este año, el nombre de este oficial salió a la luz pública a raíz del escándalo de interceptaciones ilegales en la llamada sala gris, que estaba en esas instalaciones militares. Ese escándalo fue simultáneo con el de la fachada Andrómeda, revelados ambos por SEMANA. Como consecuencia de la denuncia fueron relevados de su cargo el general Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia en ese momento, y el general Jorge Andrés Zuluaga, jefe de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec). Aunque Forero había resultado involucrado no fue relevado de su cargo, y por el contrario fue ascendido como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, cargo que actualmente desempeña.


    Otra gran parte de los documentos secretos perdidos salieron del Comando General de las Fuerzas Militares. Desde febrero de este año, esa comandancia está a cargo del general Juan Pablo Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñó como comandante del Ejército. 


    Voceros de las Fuerzas Armadas informaron que no responderían ninguna pregunta porque, según ellos, “violaban la reserva sumarial y se trataba de asuntos de seguridad nacional”


    Resolver el misterio de cómo un gran cúmulo de información confidencial de seguridad nacional terminó prácticamente en la calle, es una de las razones por las cuales el pasado 12 de septiembre el Ministerio de Defensa anunció una comisión especial liderada por el vicealmirante César Augusto Narváez y generales de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía. 


    Este episodio es un palpable campanazo de alerta para que se revisen todos los protocolos de seguridad que se necesitan para proteger la información de Inteligencia de la fuerza pública. Para nadie es un secreto la importancia táctica y estratégica que significa el trabajo de inteligencia y el valor de esa información para luchas contra flagelos como la guerrilla, el narcotráfico, las bandas criminales, el contrabando, etcétera. En un mundo globalizado, lleno de hackers mercenarios, y de enemigos tratando de ganar espacios, es crucial blindar y proteger la información de inteligencia. Eso permitirá que el Estado tome mejores decisiones y que los ciudadanos puedan dormir más tranquilos. 


     


    Fuente: semana.com


  • Loneagle
    Loneagle Forista
    Forista
    Soldado de Primera

    Una total verguenza todo esto que ha venido sucediendo en el Ejercito y eso solo es la punta del iceberg, pero es que viendo lo que les sucede a los que se atreven a denunciar es muy difícil combatir ese cancer que se come a la fuerza, porque si eso le sucede a un Teniente Coronel, ahora imagínese al resto de oficiales y a los suboficiales que no son pocos los que saben y conocen las redes corrupción que se tejen en la institución.

     

     

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor

    Por acá les dejo otro caso muy doloroso, que supongo la mayoría de ustedes ya conocen

    ¿De héroe a villano? Coronel Mejía relata sus años de gloria y dolor



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    La suya, la historia que el coronel Hernán Mejía Gutiérrez acaba de recoger en un libro aún no publicado, bien podría ser tema de una película o de una novela capaz de atrapar al lector desde el primer capítulo.



    De niño soñaba con ser arquitecto. Pero un día su anhelo fue otro. Era un 20 de julio y su padre lo había cargado en hombros para que pudiera presenciar un vistoso desfile militar. Hubo un instante, solo un instante, en que la mirada del oficial que marchaba al frente se cruzó con la suya. El pequeño lo vio como un héroe dispuesto a dar su vida por la patria y, a partir de ese momento, quiso ser un soldado como él.



    Tiempo más tarde, cuando adelantaba diligencias para ingresar a la Escuela Militar de Cadetes, su padre descubrió sus intenciones y no estuvo de acuerdo. “Hijo –murmuró con ronca inquietud–, esa profesión que estás escogiendo para tu vida solo te brindará cicatrices y medallas”.



    Tenía 15 años de edad cuando ingresó en la academia José María Córdova. Soportó durante cuatro años una férrea disciplina lejos de su familia, con duchas heladas al amanecer, trotes e interminables guardias nocturnas. “El entrenamiento debe ser tan fuerte, que la guerra para usted le va a parecer un descanso”, le dijo alguna vez su instructor.



    Ascendido a subteniente de Artillería en medio de banderas, estandartes y uniformes de gala, el protagonista de nuestra historia sintió que había cumplido su sueño. Lleno de orgullo regresó a casa de su padre que seguía viéndolo con una especie de triste resignación. No imaginaba que su primera experiencia como militar iba a convertirse en una terrible y trágica pesadilla.



    Bautismo de fuego



    El seis de noviembre de 1985 estaba dictando una clase de artillería cuando se oyeron por todas partes sirenas de alarma. Su curso fue interrumpido por el anuncio de que el M 19 se había tomado el Capitolio. De inmediato recibió la orden de desplazarse con dos camiones militares rumbo a la Plaza de Bolívar. Solo al llegar allí descubrió que la edificación asaltada era el Palacio de Justicia.



    Fue una terrible experiencia que duró 27 horas. Después de acceder al Palacio de Justicia dos veces, con grandes riesgos y algunas bajas, para rescatar heridos o personas retenidas, recibió la orden de tomar el tercer piso ocupado por la guerrilla. Estaba logrando su cometido, cuando fue alcanzado por dos disparos que lo lanzaron contra una ventana. Sus soldados lo dieron por muerto.



    Recogido al fin, era llevado por la carrera séptima en una camilla cuando una ráfaga de disparos obligó a los hombres a correr para ponerse a salvo. Quedó abandonado en el pavimento. Nunca supo en qué momento fue milagrosamente rescatado por una ambulancia que lo llevó al Hospital Militar. Dos días después recibió la visita en su habitación del propio presidente de la República, Belisario Betancur. “Teniente –le dijo–, la patria y la democracia han quedado en deuda con usted: bienvenido a la vida”.



    En los siguientes años, luego del holocausto del Palacio de Justicia, se impuso seguir todos los cursos enfocados a la lucha contra el terrorismo. En cada uno de ellos se trataba de llegar al nivel de resistencia más extremo. Los continuó luego en el Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, donde eran formados militares de 108 países.



    Fue tal su desempeño en los cursos de Operaciones Especiales que obtuvo una medalla de honor. La última operación, para la cual tuvo a su lado los mejores oficiales del curso, cubrió diez semanas de combate individual y peligrosas maniobras de paracaidismo.



    Estas experiencias lo convirtieron en uno de los colombianos mejor preparados para enfrentar al terrorismo. Gracias a este reconocimiento, fue enviado a nuestra embajada en Washington como asesor diplomático en guerras de contrainsurgencia.



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    Un año y medio después, el panorama de su vida cambió radicalmente cuando de regreso a Colombia fue designado comandante de una unidad táctica y enviado a regiones del Putumayo dominadas por la guerrilla. Así, una semana después de haber abandonado su confortable oficina en Washington, se encontró en una pequeña carpa en medio de la selva y con la cercana y amenazante presencia de las Farc.



    El municipio más cercano a este lugar era La Hormiga, centro neurálgico del tráfico de droga. En tiempos de la cosecha cocalera recibía más de quince mil visitantes para los cuales se habían abierto 57 prostíbulos de todos los niveles, además de discotecas y bares. Todas las noches había muertos. Cuando Mejía llegó allí con sus hombres, fue recibido por la guerrilla con una ráfaga de ametralladoras. Un soldado cayó muerto a su lado.



    Sobrevivir allí parecía un milagro. Pero nuestro personaje, apertrechado en su campamento, logró ubicar, gracias a un estudio de inteligencia técnica, los tres grandes grupos armados que tenía la guerrilla en el sur del Putumayo. De modo que no tardó en dividir a los 326 hombres de su batallón para adelantar acciones simultáneas en tres frentes, comandados por oficiales bajo su mando. Fue una confrontación cruda y sin límites que culminó con toma de poblaciones y desalojo de la guerrilla. Esta última, como recurso extremo, decidió tomarse La Hormiga.



    Mejía Gutiérrez se preparó para el combate. Temiendo que lo esperaba una muerte segura llamó a su esposa para despedirse de ella. Sus superiores le habían negado todo refuerzo. Tendría que arreglárselas solo con los hombres que tenía. Pues bien, como lo cuenta en su libro, tras feroces combates en los alrededores del pueblo, a las cinco de la mañana la guerrilla emprendió la retirada. Las pérdidas en sus filas fueron diez veces mayores a las de su batallón. Tras haber logrado esta victoria, Mejía pudo regresar para reunirse con los suyos.



    Un milagro en el Cesar



    Disfrutaba, al fin, de un periodo de vacaciones junto a su familia y se alistaba a recibir el mando de un batallón de artillería en la capital, cuando un nuevo aviso le dio un viraje inesperado a su vida. Era un martes, salía con su esposa y sus niños en auto hacia el norte de la ciudad cuando una llamada del general Jorge Mora Rangel, comandante del Ejército, le informó que estaba destinado ahora al Cesar, departamento donde la guerrilla, reina en la región, días atrás había asesinado a la exministra de Cultura Consuelo Araújo.



    Minutos después, el propio presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, le confirmaba que esta decisión había sido tomada por él días después de haberle entregado a Mejía Gutiérrez el premio como el mejor soldado de América. “Esta designación en el Cesar –le dijo Pastrana– le dará la oportunidad de mostrar nuevamente sus calidades de líder y soldado. Estoy seguro de que no defraudará a sus compatriotas”.



    En su libro Mejía Gutiérrez cuenta cómo se reunieron con él los personajes más sobresalientes del departamento para comunicarle su alarma por el auge alcanzado allí por la guerrilla con ataques, secuestros, hurtos y desalojos. Muchos pobladores habían huido abandonando sus casas y sus fincas.



    Al mismo tiempo, ninguna confianza inspiraba el estamento militar, pues la guerrilla había logrado infiltrarlo a fin de conocer con anticipación las operaciones en su contra, y algo más grave: recibir armas, municiones y uniformes a cambio de dinero. Para cortar de raíz con estas anomalías, Mejía Gutiérrez tomó la decisión de relevar a los encargados de los depósitos, hacer el inventario de material y adelantar fulminantes investigaciones.



    “Haber descubierto y desenmascarado a los cabecillas de esta rampante corrupción acabó arruinando mi vida”, escribe hoy Mejía Gutiérrez. Su tragedia, según él, fue haber llevado ante la justicia al sargento Edwin Manuel Guzmán, jefe de la banda criminal.



    Los resultados operacionales que obtuvo Mejía durante los dos años que permaneció como comandante del Batallón La Popa fueron deslumbrantes. Desde su primera acción en el corregimiento de Aguas Blancas logró el rescate de muchos secuestrados.



    Con la creación de dos pelotones especiales, gran parte del piedemonte de la Sierra Nevada pudo ser recuperado. Su operación Tormenta fue citada como ejemplo por los altos mandos militares. También los episodios vividos por su tropa en las estribaciones de la serranía del Perijá, donde tuvo lugar una dura batalla con un grupo de las Farc en la que estuvo a punto de morir.



    El vehículo en que se desplazaba recibió una bomba. “Yo, volaba por los aires, no sentía nada, la muerte me envolvía” –narra Mejía–. A su lado había soldados heridos. Despertó en una clínica de Valledupar donde lograron salvarle la vida.



    Tras los éxitos obtenidos por Mejía, no es extraño que el 8 de agosto del 2002, un día después de haber asumido el poder, Uribe Vélez llegara al Cesar para servirse del milagro ocurrido allí como ejemplo de lo que iba ser su política de Seguridad Democrática.



    Mejía fue visto como el mejor militar del país. Al final de su misión en el Cesar, 24 meses después de haber llegado, ganaderos que habían sido rescatados por él, autoridades y todos los personajes que dos años atrás lo habían recibido para comunicarle su alarma, lo despidieron con inmensa gratitud.



    Mejía Gutiérrez había realizado 600 misiones en las cuales murieron 23 soldados y 62 quedaron heridos o mutilados. En el aeropuerto de Valledupar fue despedido por el gobernador y el alcalde y un gran número de habitantes de la región que batían pañuelos blancos.



    Sus proezas no terminaron ahí. Como jefe de operaciones en la Brigada Trece de Bogotá, fue encargado de la operación Kenia, encaminada a combatir al jefe guerrillero ‘Marcos’ –lugarteniente del temible ‘Romaña’–, que operaba en las montañas y senderos que rodean el norte y oriente de la capital.



    Con episodios dignos de una novela o una película, el peligroso jefe guerrillero cayó en manos de la tropa. Fue otro de los grandes logros de Mejía.



     

  • Caballero Negro
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    y la segunda parte.

    La inesperada pesadilla del coronel Mejía Gutiérrez



    "El ministro Santos, en rueda de prensa, le hará acusaciones", le dijo el comandante del Ejército.



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    ¿En qué momento este militar, visto como un héroe en todas las regiones donde combatió por igual a los grupos armados ilegales, se convirtió en villano?



    Fue algo inesperado. Era el mes de enero de 2007. El coronel Hernán Mejía Gutiérrez disfrutaba junto a su esposa, su madre y sus hijos de unas tranquilas vacaciones en el club militar Las Mercedes, en Melgar, cuando recibió una apremiante llamada del comandante del Ejército, el general Mario Montoya Uribe. Le dijo que debía regresar de inmediato a Bogotá, y para ello le envió un helicóptero. Montoya lo recibió en su despacho.



    Con una sombría expresión le dijo en voz baja: “Hernán, en pocos minutos el ministro Santos convocará una rueda de prensa en la que hará terribles acusaciones contra usted”.



    Oyendo aquello, a Mejía se le heló la sangre. No entendía qué cargos podía hacerle el ministro cuando en su entorno todos lo consideraban un héroe militar, citado siempre como ejemplo.



    Las acusaciones



    Su desconcierto fue mayor al escuchar al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, denunciándolo por vínculos con ‘Jorge 40’, además de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.



    Estas aseveraciones fueron difundidas con gran estrépito en radio y televisión. “Era como estar en un campo de batalla recibiendo ráfagas imprevistas de ametralladora”, escribe Mejía en su libro (que será publicado próximamente).



    Al día siguiente, el diario EL TIEMPO titulaba en la primera página: “Cae el coronel estrella del Ejército”. Y la revista Semana traía como portada un retrato suyo con un terrible título: ‘De héroe a villano’.



    En sus páginas, un supuesto testigo, cuyo nombre no era revelado, afirmaba haberlo acompañado a una entrevista con los jefes paramilitares ‘Jorge 40’, ‘Omega’ y ‘39’.



    Testigos falsos



    Según este testigo, Mejía Gutiérrez había convenido con ‘Jorge 40’ recibir un sueldo mensual de 30 millones de pesos.



    Además habría aceptado realizar una purga para eliminar a 19 hombres del grupo ilegal, los cuales serían presentados luego como guerrilleros del ELN muertos en combate.



    Solo tiempo después, el coronel Mejía Gutiérrez sabría que el famoso testigo clave era Edwin Manuel Guzmán, el sargento que había hecho detener en Valledupar al descubrir que vendía armas y municiones a la guerrilla y a los ‘paras’. Se trataba sin duda de una venganza suya. Tras las acusaciones contra Mejía, que le permitieron al sargento Guzmán eliminar sus años de cárcel para ser puesto en libertad y ser considerado como testigo protegido, otros dos reclusos, en busca de iguales beneficios, decidieron tres años después seguir sus pasos confirmando lo dicho por él.



    Estos falsos testigos fueron John Jairo Hernández, alias Daniel Centella y Guillermo Hoyos Gutiérrez.



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    Nadie le responde



    Nunca entendió Mejía cómo se le daba crédito a Guzmán cuando este jamás estuvo presente ni antes, ni durante, ni después de los supuestos hechos denunciados por él.



    Desde el primer día de este escándalo, Mejía buscó hablar con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Tardó diez meses en ser recibido por él. Santos aceptó que podía haber ocurrido un error con la información que se le había suministrado y le ofreció, una vez regresara de un viaje a los Estados Unidos, aclarar la situación.



    Mejía intentó también entrevistarse con el viceministro Sergio Jaramillo, pero este jamás lo recibió. Quien le dio pistas para saber por qué había sido acusado fue el otro viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.



    “Mi coronel –no tuvo reparo en decírselo–, su cabeza fue negociada. Se requería aliviar la presión internacional por el tema de los derechos humanos”.



    “A partir de aquel día –escribe Mejía en su libro–, comprendí que era víctima de una absurda pero poderosa componenda”.



    Lo peor para él no tardó en llegar. Quedó detenido mientras se adelantaba un juicio en su contra.



    La condena



    Finalmente, seis años después, el juez Alejandro Díez Pedraza lo condenó a veinte años de prisión y a pagar una multa de siete millones de dólares.



    “Este hombre –escribe Mejía Gutiérrez–, sin conocer una hoja del voluminoso expediente construido con más de cien mil folios, descargó contra mí y mis subalternos esta atroz sentencia”.



    De nada sirvió que lugartenientes de ‘Jorge 40’, en vez de presentar a Mejía como amigo de su jefe, declararan bajo juramento que éste había dado la orden de asesinarlo.



    Y lo que es aún más desconcertante: dos hechos que dejan sin piso los cargos contra Mejía Gutiérrez no han sido tomados en cuenta por la justicia.



    El primero, cuando el fiscal Iguarán, en su momento, calificó al sargento Guzmán de falso testigo.



    El segundo y más reciente corre por cuenta del fiscal Eduardo Montealegre, quien hizo el mismo señalamiento a John Jairo Hernández, alias Centella, y a Hoyos Gutiérrez, los otros dos testigos que sirvieron de base para condenar a Mejía.



    De esta manera, el héroe convertido en villano ha sufrido una pesadilla que lleva más de 2.600 días. Hoy, con la cabeza blanca de canas por todo lo que ha padecido, Mejía recuerda la frase de su padre cuando supo su decisión de ser militar:

    “Hijo, esa profesión que estás escogiendo para tu vida solo te brindará cicatrices y medallas”.



    Y así fue.

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
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    Sargento Mayor
    Connor Sunraider escribió:


    "Su cabeza fue negociada", confirmado por el todavía ministro Pinzón, fue negociada como se negocia un carro, una casa o cualquier vil juguete, así se negocia la vida de los héroes de la patria, ojalá pronto se haga justicia en estos hechos y se le retorne al señor Coronel su libertad, su vida y su honra

     

    Difícil Connor, este hombre desde una entrevista que le hicieron en los informantes es virtualmente inaccesible, no lo dejan hablar, los propios mandos militares no quieren que sea escuchado, a mi parecer este héroe de la patria primero muere antes de poderse volver a manifestar ante un medio de comunicación. Socavaría intereses de muchos estamentos de poder incluyendo militares, empresarios y clero.

     

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
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    Escándalo: mil armas perdidas en guarniciones militares

    Cientos de fusiles, una ametralladora M60 y tres toneladas de explosivos, muestran que algo anda mal en la custodia del arsenal incautado.

    [El Batallón Landazábal, al sur de Bogotá, el San Mateo en Pereira, la tercera brigada en Cali y el fuerte de Tolemaida son algunas de las unidades en donde se han perdido armas y explosivos.]

     El Batallón Landazábal, al sur de Bogotá, el San Mateo en Pereira, la tercera brigada en Cali y el fuerte de Tolemaida son algunas de las unidades en donde se han perdido armas y explosivos.

    Que un delincuente cometa crímenes usando armas de fuego ilegales adquiridas en el mercado negro es de por sí un problema grave; pero que el arma que use para asesinar, secuestrar o extorsionar provenga del arsenal incautado custodiado en guarniciones militares es una vergüenza trágica.



    Eso es lo que venía ocurriendo en dos de las unidades castrenses más importantes del suroeste colombiano, que tienen más de 22.000 armas incautadas en sus depósitos. La Fiscalía y la unidad de contrainteligencia del Ejército investigaron los casos y salpicaron a la Tercera Brigada con sede en Cali, Valle, y el Batallón San Mateo de Pereira, Risaralda. Solo en esas dos guarniciones los faltantes suman 869 armas entre pistolas, revólveres, escopetas y fusiles.



    Y como si esos escándalos no fueran suficientes, en los últimos meses el país supo de otras armas perdidas en la Policía y el Congreso, y de tres toneladas de explosivos desaparecidas de un depósito militar en Bogotá. Es decir, en menos de dos años se han extraviado 957 armas de fuego pese a que estaban bajo la custodia de una autoridad.



    Para empeorar las cosas, todo indica que buena parte de ese arsenal perdido fue a parar a manos de temidos delincuentes y hay serios indicios que estos las usaron para cometer homicidios, con lo que configuraron un perverso carrusel de la muerte. Preocupa, además, que el fenómeno se esté repitiendo en otras regiones, sobre todo porque no existe un inventario real de las armas incautadas y en custodia en las 31 brigadas que hay en todo el país.



    Se estima que más del 80 por ciento de los asesinatos cometidos cada año (en 2014 fueron 13.258) involucran armas de fuego. Y el panorama empeora si se tiene en cuenta que según un estudio de la Universidad del Rosario, si en Colombia hay por lo menos 1.800.000 armas de fuego legales, las ilegales duplicarían ese monto. Porque pese al esfuerzo que hacen las autoridades por sacar de las calles ese arsenal, estas retornan a manos criminales en complicidad con algunos agentes del Estado.



    También causa alarma que hasta ahora el problema se concentre en guarniciones localizadas en el suroeste del país, una región con serios problemas de seguridad debido a la influencia del narcotráfico, bandas criminales y el conflicto armado. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 en Cali se incautaron 4.615 armas ilegales, de las cuales 143 eran fusiles. Todo ese arsenal a cargo de la Brigada.



    Según un investigador de la Policía experto en el tema, “no es fortuito que el carrusel se presente justamente en la zona donde se mueven toda clase de organizaciones delictivas”. El general William Torres, comandante del Comando Conjunto Suroccidente del Ejército, comparte esa tesis: “Donde hay demanda, aparece la oferta y en esa tentación criminal han caído algunos de nuestros hombres”, dice, y hace énfasis en que se trata de algunas manzanas podridas.



    Pero la verdad es que en no pocos casos las autoridades documentan la participación de miembros de la fuerza pública. El 29 de abril, en el caso más reciente y doloroso para las Fuerzas Militares por el grado de infiltración, la Policía y la Fiscalía descubrieron en una operación conjunta un complot que involucró a uniformados de la base de Tolemaida y otras seis guarniciones del país.



    Como consecuencia fueron detenidos ocho militares activos (siete suboficiales y un soldado profesional) vinculados a una red que hurtaba material de guerra que iba a parar a los frentes 6, 10 y la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Según reconoció el Ejército en un comunicado, la red estaba integrada por 20 personas y durante dos años “logró comercializar cien mil cartuchos de diferentes calibres, mil granadas y diferentes armas, entre las que se destacan 30 fusiles y 10 ametralladoras M-60”.



    Tres meses atrás el propio Ejército había dado otro golpe a otra red que abastecía a la Teófilo Forero, en Florencia, Caquetá. Pero lo que realmente sorprendió a las autoridades es que al frente de esa banda estaba un mayor del Ejército.



    En los escándalos de Cali y Pereira que investigó la Fiscalía, los militares implicados son de bajo rango. El proceso judicial de la Tercera Brigada involucra a seis personas (dos militares, un exsuboficial y tres civiles). El caso estalló cuando el Gaula del Ejército capturó, en agosto de 2013, a una mujer que salía de la guarnición con siete revólveres en su cartera. Lo particular del asombroso hallazgo es que se las habían entregado en el armerillo, donde el inventario extraviado asciende a 466 armas.



    En el caso de Pereira, el proceso, conocido en enero de este año, se documentó con audios gracias a la interceptación de 52 líneas celulares, lo que permitió establecer que algunas de las 403 armas robadas terminaron en manos de una red criminal del Eje Cafetero y del norte del Valle vinculada a la temida banda La Cordillera.Lo insólito de ese escándalo es que un año atrás el defensor del pueblo de Risaralda, Freddy Plazas, había denunciado el problema en un comité de Policía judicial, “allí conté que un arma incautada tiempo atrás apareció nuevamente en otro allanamiento”, confirmó el funcionario a SEMANA.



    Hace unos días esta revista denunció la insólita desaparición de tres toneladas de explosivo Anfo de un depósito del Batallón Fernando Landazábal del Cantón Sur en Bogotá. De esa misma bodega se perdieron 4.500 estopines usados para activar las cargas explosivas. Todo quedó registrado en un artículo titulado ‘La caja de pandora’, que narra la historia del oficial que denunció esos hechos de corrupción, pero irónicamente terminó amenazado y en el exilio.



    El 5 diciembre pasado la Policía sufrió una vergüenza similar cuando descubrió que 17 armas de fuego (14 pistolas y tres fusiles) desaparecieron del depósito de la Escuela de Carabineros de la institución en Bogotá. La indignación por ese hecho fue tal que la cúpula de la entidad montó una operación que dio frutos y las armas aparecieron 18 días después en una bodega de la ciudad.



    En julio de 2014 el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, reportó la pérdida de 31 armas de fuego asignadas a esquemas de seguridad de los congresistas. La entidad maneja un inventario de 148 pistolas y el tema está en investigación.



    Para rematar, días antes que estallara el escándalo por las armas perdidas en el batallón de Pereira, un pelotón reportó que un grupo de indígenas embera chamí los agredió con palos y piedras mientras cumplían labores de registro y control en los municipios de Condono y Brisas de Bagadó, zona fronteriza entre Chocó y Risaralda, y que en ese incidente “fue hurtada un arma larga de dotación de la unidad militar”. El arma perdida era una ametralladora M60 y todo indica que está en poder de la guerrilla, porque la robó un miliciano que aprovechó un descuido del soldado.



    Otro aspecto a tener en cuenta es que las armas que llegan a los depósitos militares permanecen allí varios años a la espera de que avancen las investigaciones judiciales en las que están implicadas, “y eso hace que los inventarios se acumulen en los armerillos y no se puedan desechar como sería lo debido”, señaló el general William Torres.



    El oficial también explicó que uno de los problemas del sistema de custodia de armas es que llegan de la Fiscalía en cajas cerradas y no se pueden abrir para verificar el contenido, “por eso decidimos que no se recibirán embaladas, sino visibles para que se puedan contar”.



    Por todo ello, los esfuerzos que las autoridades hacen por controlar el tráfico ilegal de armas a través de las fronteras son insuficientes frente a lo que realmente se mueve en el mercado negro local. Un fiscal que investigó esos casos dijo jocosamente que en materia de custodia de amas incautadas en el país, “pareciera que el ratón es quien cuida el queso”.

    Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-mil-armas-perdidas-en-guarniciones-militares/431151-3

  • Shogun23
    Shogun23 Forista
    Forista
    Sargento

    Y despues hay algunos descriteriados que se oponen a la pena capital y a la cadena perpetua  en Colombia , un pais con crimenes cafres tiene que tener penas cafres , carceles cafres , justicia cafre , no una penitas como si fueramos Suiza y unas carceles donde si se tiene ''plata'' se pueden comer a la carta todos los dias , dormir en suites , meter meretrices  y prepagos , celulares , licores , drogas , cigarrilos , armar fiestas , salir a la calle etc etc etc , si los que se supone nos tienen que defender estan podridos hasta la medula vendiendo armas a grupos terroristas y a lo sumo le caen unos años de carcel con todas las comodidades asi no hay nada que hacer el pais esta hace rato en el camino de la podredumbre , si a esos militares de las armas robadas se les fusilara como se hace en los US o se les metiera en una mazmorra de por vida les garantizo que no les quedaran mas ganas a los otros de robarse ni un bala.

    Colombia necesita una nueva justicia , nuevos jueces , nuevos fiscales , nuevo sistema penal ,  nuevas carceles , incluida la reapertura de la prision de la isla de Gorgona , instaurar una carcel en Malpelo , tener varios barcos prisiones y meter alli por largos años o de por vida  a toda la escoria que emponzoña Colombia y pasar por las armas a la mitad , como ya no habria corrupcion o seria reducida a limites minimos se podria tener unas FF.MM como toca y parar el macho a paises forajidos , se exterminaria a la FARC/ELN/BACRIM , nada de dialogos , nada de sometimiento nada de nada exterminio puro y duro , es mas si tuvieramos unas FF.MM solidas para enfrentar a Venezuela ya mismo mandaba un par de cazas con PGM y bombardeaba el sitio de los tales dialogos pero cuando estuviera toda esa carroña reunida  en la Habana y cortaba de raiz ese cancer metastasico  ; seguro que Colombia seria un mejor pais , tendriamos una nueva sociedad con nuevos y mejores valores eticos y morales , seguramente en una sociedad asi muchos Colombianos si quisieramos vivir en la actual ? no gracias.

    Saludos

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor

    ¿Quién es corrupto en Colombia?

     

     

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor

    Exfiscal Mario Iguarán ofreció excusas al almirante Gabriel Arango Bacci



    El exjefe del ente investigador reconoció la existencia de testigos falsos en el proceso que se adelantó por vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.



    Foto: David Campuzano

    Almirante Gabriel Arango Bacci.



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    El exfiscal General, Mario Iguarán Aldana ofreció excusas al almirante Gabriel Arango Bacci por las irregularidades que se presentaron en el proceso penal en su contra en el cual fue vinculado con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.



    El exjefe del ente investigador reconoció la existencia de testigos falsos en la investigación que, sin embargo en un principio, le dieron toda la credibilidad para acusar a Arango Bacci de facilitar el tráfico de drogas en la costa.



    “A riesgo que me llamen la atención, sea la oportunidad para pedirle excusas públicas en nombre de la Justicia colombiana al almirante.Excúseme. Mi conciencia y mi deber y ahora que leo esto tan triste del 'Cartel de Falsos Testigos' que nos invita a revisar los procedimientos de los funcionarios que pueden estar promoviendo estas personas, me veo obligado a ello", aseguró.



    El exfiscal, quien declaraba como testigo en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se dirigió al almirante quien se encontraba entre el público en la sala de audiencias.



    Al final de la misma reconoció ante los medios de comunicación el valor de este gesto, asegurando que esto es parte del reconocimiento que se debe tener en la justicia colombiana sobre el daño que produce el denominado cartel de los falsos testigos.



    “Él me lo había dicho, que habían cometido conmigo un error muy grande. Le acepté sus disculpas pero, sin embargo, todo el país sabe que le dañan la carrera y la vida a un ciudadano común y corriente y es lo que estamos viendo en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos", señaló.



    Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ecio-excusas-al-almirante-gab-articulo-567820

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
    Forista
    Sargento Mayor
    Las pruebas contra los soldados presos por la masacre de las Farc

    Su comandante los acusa de alterar las coordenadas del ataque que afectó los diálogos en La Habana.



    Por: UNIDAD INVESTIGATIVA | 



    7:16 p.m. | 28 de junio de 2015 

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    Foto: El TIEMPO



    En dicho ataque de las Farc fallecieron 21 soldados.



    Durante al menos 24 horas, el Ejército dio por muertos al sargento viceprimero Rodolfo Díaz Donoso y al cabo Alfonso Carvajal, pertenecientes a la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, que opera en el Cauca.



    Sus superiores creían que por la sevicia del ataque de las Farc al corregimiento de Timba, la medianoche del martes 14 de abril, ambos habían caído al lado de sus 10 soldados y de un suboficial. En ese mismo episodio, que alcanzó a afectar los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las Farc, quedaron heridos 21 soldados. (Lea aquí detalles sobre el ataque de las Farc).









    Pero Díaz y Carvajal, cabezas del contingente, aparecieron vivos y hoy completan una semana detenidos en el Batallón de Ingenieros n.° 3, Agustín Codazzi, por delitos que les podrían significar más de 20 años de cárcel.

    El jueves circuló la versión de que la Justicia Penal Militar estaba indagando si Díaz y Carvajal estaban evadidos del sitio del ataque y ebrios.



    Pero EL TIEMPO estableció que los cargos en su contra son mucho más complejos. El propio comandante del Batallón de Combate Terrestre (Bacot) 110, mayor Andrés Celemín Celis, los está acusando de haber entregado coordenadas incorrectas del lugar del ataque guerrillero.



    Cargos por homicidio



    La juez 52 penal militar, Eliana Figueroa Botero, busca establecer qué llevó a los uniformados a alterar información y documentos oficiales, incurriendo en falsedad ideológica en documento público.



    Todo indica que querían ocultar que estaban en un sitio no autorizado (en la cancha de microfútbol del pueblo), incumpliendo órdenes de sus superiores.



    “Hasta ahora no hay evidencia de complicidad con las Farc –como ocurrió en el ataque a La Gorgona, en noviembre de 2014–, pero sí de su omisión”, dijo una fuente castrense. Pero ese es el señalamiento de menor gravedad.



    A Díaz y a Carvajal también los van a procesar por homicidio culposo y lesiones personales de sus subalternos.

    En el expediente, al que reporteros de este diario tuvieron acceso, se advierte que su conducta impidió que sus hombres dieran una respuesta militarmente adecuada al sangriento ataque de miembros de la columna móvil Miller Perdomo de las Farc. (Lea también: Procuraduría investigará 9 militares por masacre de las Farc en Cauca)



    Según testimonios de los sobrevivientes, los atacaron primero con granadas y explosivos, y luego con ráfagas de fusil, reduciendo su capacidad de respuesta.



    Para probar la presunta responsabilidad de los oficiales, se están pidiendo copias del diario operacional y del libro que llevaba el comandante de pelotón, el sargento Díaz.



    Esto permitirá establecer si se incumplieron órdenes operacionales y maniobras tácticas dadas por radio y por escrito, impidiendo que los soldados respondieran a la emboscada.



    Diaz y Carvajal también deberán explicar por qué llevaban tres días acampando en el mismo lugar.

    Para sus superiores no hay duda de que esa decisión permitió el avasallamiento por parte de las Farc y la pérdida de vidas y de material y pertrechos militares. Sin contar las consecuencias que esta acción tuvo en La Habana y en el ánimo del país.



    De hecho, el mayor Celemin asegura que los dos suboficiales desobedecieron la orden expresa de pernoctar en un predio protegido, lo que facilitó la emboscada de los subversivos.



    Hay más investigados



    El 23 de abril se abrió investigación formal contra los dos uniformados y contra un tercero: el sargento Diego Molina Benavides, quien murió a causa de las graves heridas de fusil. Por eso, la causa penal en su contra cesó de inmediato.

    Ese mismo día se decretó la práctica de varias pruebas. Entre ellas, escuchar la versión del radio-operador del batallón, Ibachi Molina y del escribiente del libro de programas del comando.



    También, se le ofició a la Procuraduría General para que adelantara las investigaciones disciplinarias del caso, además, para que el Ministerio Público evitara una posible obstrucción a la justicia por parte de los investigados.



    Para darle celeridad al caso, el 18 y 19 de junio, la juez Figueroa escuchó en indagatoria a los sindicados y, luego de tres horas de diligencia, ordenó privarlos de la libertad. (Lea: Once militares muertos en el Cauca tras ataque de las Farc)



    EL TIEMPO se contactó con allegados de uno de los investigados, quienes negaron las sindicaciones y manifestaron que es falsa la versión de que estaban ebrios. Y así lo reiteró Díaz en la indagatoria.



    Sin embargo, hace 72 horas, tanto Díaz como Carvajal fueron cobijados con medida de aseguramiento.

    Y la Procuraduría parece estar yendo más allá. Además de investigar a los dos uniformados, profirió auto de apertura de investigación en contra del coronel Pedro Antonio García Vásquez, comandante de la Brigada Móvil n.° 17; y los comandantes de la compañía coloso: cabo primero Wilder Aguilar, Merbyn Jaramillo y Diego Montes.



    En el expediente, a cargo de los procuradores María Eugenia Gómez Carreño y Juan Carlos Novoa, también se está investigando el mayor Andrés Celemin, comandante del Batallón de Combate Terrestre 110, cuyo informe originó los procesos contra Díaz y Carvajal, quienes insisten en su plena inocencia.



    De hecho, sus familias dice que fueron calificados como héroes por resistir al ataque con explosivos y ahora son los villanos de la cruel masacre de las Farc.



    La defensa de los uniformados



    Catalina Sánchez, pareja del sargento Rodolfo Díaz, calificó como injusto que él y el cabo Carvajal sean investigados por la masacre de las Farc. Dijo que Díaz fue uno de los heridos y que está anímicamente afectado por los señalamientos. “Él se siente orgulloso de pertenecer al Ejército y lleva más de 18 años”, dijo. Allegados de otros uniformados aseguraron que la tropa estaba en el polideportivo esperando el abastecimiento de provisiones y que “los están convirtiendo en la carnada de las Farc”. Por estrategia de defensa, los abogados de los investigados no hablarán, por ahora, con los medios.



    UNIDAD INVESTIGATIVA

    u.investigativa@eltiempo.com

     






     


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    Medida de aseguramiento contra cuatro "falsas víctimas" de Mapiripán

    Las hermanas Pinzón López aceptaron su responsabilidad en los cuatro delitos imputados por la Fiscalía General.



    Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las cuatro hermanas Pinzón López en el marco del proceso que se les adelanta por haberle mentido a las autoridades judiciales en el marco de la investigación que se adelantó por la masacre de Mapiripán, registrada entre el 15 y 20 de junio de 1997. 



    El funcionario judicial avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General, la cual fue apoyada por la representante de la Procuraduría y los abogados de las víctimas, quienes argumentaron la gravedad de los delitos imputados en la diligencia judicial celebrada este miércoles.



    Igualmente se manifestó que no cuentan con arraigo, hecho por el cual existe el riesgo que no se presenten a las citaciones de las autoridades judiciales afectando la administración de justicia. Las cuatro procesadas serán recluidas en la cárcel El Buen Pastro de Bogotá.



    A primera hora, ante la pregunta del juez las procesadas aceptaron su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falso testimonio, estafa agravada y enriquecimiento ilícito de particulares. Este último por recibir la indemnización que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras condenar al Estado.



    En dicho fallo, que tuvo en cuenta las declaraciones de las cuatro hermanas, se manifestó que existió una omisión por parte de los agentes del Estado que permitieron la incursión de los paramilitares comandados por Salvatore Mancuso al municipio del Meta pese a las advertencias y los llamados hechos por los pobladores.



    En sus relatos las hermanas aseguraron que sus familiares, esposos y allegados habían sido asesinados por los ‘paras’ en la plaza central del pueblo tras señalarlos de ser auxiliadores de la guerrilla. Sin embargo, se estableció que estas personas no murieron en la incursión paramilitar.



    Para la Fiscalía General con sus declaraciones hechas bajo la gravedad del juramento hicieron incurrir en un error a la administración de justicia, puesto que la demanda presentada ante el organismo internacional se “nutrió” de múltiples testimonios de víctimas, de los cuales algunos no eran ciertos.



    En este proceso se presentaron como víctimas el Ministerio de Defensa y el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán.



    Por estos hechos ya fueron condenadas otras tres personas quienes reconocieron haber mentido para obtener un provecho económico de las decisiones de la justicia .



    Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...ntra-cuatro-falsas-victimas-d-articulo-592767


     






     


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    La carta de un coronel desata alerta sobre contratación militar

    Le denunció al comandante del Ejército supuestas licitaciones amañadas y alteración de documentos.

    El coronel César Henry Rodríguez Giraldo tuvo a su cargo, durante varios años, una de las áreas más sensibles del Ministerio de Defensa: la Dirección de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que les provee bienes, servicios y obras a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército por montos que superan el billón de pesos al año.

    Por su experiencia, en enero fue nombrado director de la recién creada Central Administrativa y Contable (Cenac) de Ingenieros del Ejército, que maneja la inversión y la contratación de al menos seis dependencias, como la Policía Militar, el Batallón Baraya, la Escuela de Ingenieros, la Jefatura de Ingenieros Militares y la Brigada de Construcción.

    Pero el curtido oficial tan solo duró cuatro meses en el cargo. Algunos de sus compañeros dicen que fue trasladado al Comando General de las Fuerzas Militares “por problemas de entendimiento entre funcionarios” y rumores de que venía siendo investigado por contrainteligencia.

    De hecho, hace un par de semanas, cuando pidió la baja, el propio oficial dijo que lo estaban investigando por supuestamente vivir en un búnker blindado de más de 3.000 millones de pesos y rodar en un convertible último modelo.

    Lo concreto es que, semanas después de su salida de la Cenac de Ingenieros, Rodríguez le hizo llegar una carta al general Alberto Mejía, comandante del Ejército, en la que señala con nombre propio a oficiales, contratistas y abogados externos que, según él, estarían inmersos en irregulares vinculadas a la entrega de contratos por más de 8.000 millones de pesos.

    ¿Un cambiazo?

    En el documento, de 27 páginas, asegura que su segundo a bordo, el coronel John Neftaly Vargas, ordenador del gasto, dirigía las licitaciones y entregaba datos reservados a personal externo. Incluso, afirma que descubrió información adulterada en un millonario proceso de suministro de materiales de construcción para los alojamientos especiales en la Decimoquinta Brigada, en Chocó; en la Brigada de Comunicaciones, situada en Facatativá, y en el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá). Según el oficial, las dos ofertas que se presentaron incurrían en causal de rechazo y la licitación, tasada en 3.000 millones, debió declararse desierta. Pero, asegura, se alteraron los documentos para que ganara la empresa Soluciones Integrales Unión S. A. S. (SIU).

    “La oferta económica presentada el día del cierre (de la licitación) por SIU es CAMBIADA (la mayúscula es del original), ya que no es la misma que reposa actualmente en la carpeta maestra del proceso”, argumentó Rodríguez. Y agregó que la asesora jurídica de la Cenac Ingenieros, la cabo primero Carolina Castaño, revisó las ofertas y puede dar fe de que estaban inmersas en causales de rechazo.

    El general Alberto Mejía, comandante del Ejército, le dijo a EL TIEMPO que de manera inmediata trasladó la denuncia a la Inspección de esa fuerza y relevó a todo el personal de la Cenac de Ingenieros.

    Rodríguez fue enviado a una dependencia del Comando General y a Vargas lo dejaron a disposición de la jefatura de operaciones.

    De manera paralela, el general Jairo Salguero, inspector del Ejército, delegó a dos coroneles para que verifiquen, punto por punto, las denuncias que contiene la carta. Lo que se busca establecer es si el coronel Rodríguez, con el apoyo de un oficial retirado, intenta anticipársele a una posible investigación en su contra, y si es cierto que varios de los procesos de contratación fueron dirigidos para favorecer a uno de los proponentes. No se descarta que se estuvieran registrando ambos escenarios.

    Lo que llama la atención es que a la Fiscalía acaba de llegar otra denuncia, del empresario Jorge Enrique Gallego, quien sostiene que en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares también se habría favorecido al mismo contratista: SIU. Gallego, que radicó la misma denuncia ante la Contraloría, no quiso hablar sobre el tema. Este diario buscó a los coroneles Rodríguez y Vargas para conocer su versión, pero no respondieron sus celulares.

    La versión de SIU

    Felipe Useche, abogado de SIU, aseguró que desconocían los señalamientos en contra de su firma. “Parece ser una manifestación temeraria, que deberá ser probada ante los organismos competentes”, dijo. Y aseguró que sí cumplieron con los requisitos para ganarse la licitación.

    “El coronel Rodríguez debió haber dicho que la oferta no cumplía, pero no lo hizo y se continuó con el trámite normal del proceso de contratación hasta la adjudicación”, explicó Useche.

    Y dijo que SIU lleva más de 20 años participando en procesos de contratación con entidades públicas, que no siempre ganan y que, al competir con otros interesados, se asume el riesgo de ser denunciado por cualquier circunstancia. “Generalmente denuncian los que no ganan y lo que buscan es enlodar nuestro nombre”, puntualizó.

    Esta semana se conocerán los primeros resultados de las investigaciones internas y se sabrá si el coronel Rodríguez miente o si tiene pruebas para soportar las denuncias de las que habla en la carta. De ser así, el caso pasaría a la justicia ordinaria.

    ‘En el Ejército no vamos a tolerar la corrupción’, dice su comandante

    El general Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército, le dijo a EL TIEMPO que para su institución es estratégico potenciar el tema de la transparencia.

    Y explicó que, en casos como el denunciado por el coronel César Rodríguez, lo primero es relevar a todo el personal de la unidad involucrada.

    “Después, procedimos a establecer una comisión que verifique cuál es la realidad, ya que tenemos información de que hay intereses para tratar de hacer un daño institucional. Aquí no vamos a tolerar ningún acto de corrupción”, afirmó el alto oficial. Y agregó que, la semana pasada, reunió a los directores de las 13 centrales administrativas (Cenac) que hay en el país y a sus contadores, y que él mismo les dio directrices sobre transparencia. Además, ordenó que los jefes de esos estamentos sean sometidos a pruebas de polígrafo cada semestre. La Inspección del Ejército, por su parte, ordenó auditorías a esas dependencias sobre todos los procesos de contratación. Y la Jefatura de Logística llevará un registro de cumplimientos de metas. A eso se suma que el Ejército acaba de crear una jefatura especial de lucha por la transparencia, que recogió los 70 puntos del manual de la Otan para que los ejércitos puedan ser certificados al nivel de las grandes potencias. “Ese manual entrará a regir de manera obligatoria a partir del primero de enero del 2016”, explicó Mejía.

    Además, los jefes de estado mayor ejecutivos y ordenadores del gasto deben pasar un curso sobre normativa de contratación antes de asumir esos cargos.

    UNIDAD INVESTIGATIVA

    u.investigativa@eltiempo.com

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
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    Sargento Mayor
    Connor Sunraider dijo: ¿será que al fin sí se verá que hay plata para comprar material estratégico pero que esta se pierde en los bolsillos de los de siempre?. ¿será?...

    Pues amanecerá y veremos Connor, hay que tener en cuenta que las leyes, los reglamentos, los procedimientos, las medidas y en general las buenas intenciones que se orientan en conjurar esta tragedia de la corrupción, hay que aterrizarlo a la cultura de la ilegalidad que socava todas las Instituciones de la República y el tejido social desde el estrato 1 hasta el estrato 6, en Colombia hecha la ley hecha la trampa, y una Institución que se vigila a si misma siempre es propensa a las malas prácticas si no hay rigurosidad y probidad de los miembros de la organización.

    Por eso lo procedente es que haya tanto controles horizontales como verticales dentro de la estructura orgánica del Ejército, y controles interinstitucionales, deberían existir procurador y contralor cuya única función sea vigilar la contratación y el desempeño funcional de las FFAA.

  • Caballero Negro
    Caballero Negro Forista
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    Sargento Mayor

    Acá les dejo un artículo de un periodista amigo que por fin me hizo caso frente a varias cosillas que le conté, y decidió hacer esto con información suministrada pero que posteriormente corroboró. No sé si el artículo ya fue publicado o está por salir. Lo voy a dejar en el ítem de picota pública y del ministerio de defensa.

    La obsoleta artillería aérea de Colombia para defenderse de Venezuela

    Mientras Nicolás Maduro cuenta con más de 20 modernos aviones Sukhoi Rusos, Colombia opera con aviones Kfir de segunda mano y que se han accidentado consecutivamente en los últimos años. Las diferencias en el sistema de defensa aéreo también son abismales y el ministro Luis Carlos Villegas fue citado en el Congreso.

    Hugo Chávez dejó a Venezuela preparada militar y tecnológicamente para una guerra. Le compró al presidente ruso Vladimir Putin 24 aviones Sukhoi equipados con última tecnología, entre otros equipos con los que modernizó su máquina de guerra aérea y su sistema de defensa llamado CODAI, el mejor de América, por encima del de los Estados Unidos, que le impuso un veto para ponerle límites a sus planes bélicos. En contraste, en Colombia se han invertido importantes recursos, pero en aviones no tan modernos.

    Los Sukhoi Su-30MK2 con los que cuenta Venezuela son unos de los aviones de guerra más poderosos del mundo

    De otro lado, la Fuerza Aérea Colombiana FAC sigue operando con los viejos aviones Kfir comprados a Israel en el año 1988 durante el gobierno de Virgilio Barco, que invirtió cerca de US$ 200 millones en 12 monoplazas versión C2 y un Biplaza versión TC 7. Estos aviones de segunda mano ya habían cumplido su vida útil en la fuerza aérea de ese país.

    Sin embargo, pese a los reclamos que en ese entonces se registraron por parte de la Fuerza Aérea por la compra de aviones usados, autorizada por el Congreso, la historia se repitió en febrero de 2008 durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.

    El entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció un acuerdo con el gobierno de Israel para la compra de otros 13 aviones Kfir y para la modernización de 11 Kfir versión C7 del primer lote adquirido a finales de los años 80 a Israel. Ésta segunda inversión se duplicó y fue cercana a los US$ 400 millones

    En Colombia solo quedan 20 de los 24 aviones Kfir adquiridos al gobierno de Israel.

    El rendimiento de estos aviones no ha sido el más óptimo.  En los últimos cuatro años,  se han accidentado cuatro Kfir a causa de fallas técnicas en sus motores y en sus sistemas operativos.  El último de ellos el pasado 18 de febrero de 2014 cuando una falla en el motor del Kfir TC12 cobró la vida del piloto a bordo.

    Las últimas incursiones de aviones Venezolanos en el espacio aéreo Colombiano tienen en alerta a la Fuerza Aérea de Colombia que permanentemente realiza ejercicios técnicos de simulacro en un eventual conflicto con Venezuela o Nicaragua, las dos potenciales amenazas en las prioridades de la seguridad nacional.

    Sin embargo, en la Escuela de Guerra en Bogotá donde se hacen simulacros, los oficiales e incluso los Generales, saben que estamos en desventaja técnica.

    En el papel, Colombia tiene un Sistema de Defensa Aérea (SISDAN), pero la realidad es que este no estaría operando ni tendría los misiles necesarios para hacerlo funcionar.

    Se trata de un sistema diseñado por la Fuerza Aérea que se compone tres anillos aéreos protegidos por radares y misiles cómo funcionan estos sistemas en todo el mundo. Sin embargo, Colombia no cuenta con los misiles necesarios para que este sistema funcione: Los de corto alcance referencia MANPADS y los de largo alcance referencia SAM.

    Uno de los planes de Colombia para modernizar su Sistema de defensa Aérea se vio frustrado  cuando la Corte Constitucional no autorizó la instalación de siete bases militares de Estados Unidos  en Colombia, acabando con un acuerdo mediante el cual Estados Unidos se comprometía a realizar una fuerte inversión en la modernización de este sistema de defensa.

    La preocupación ya llegó al Congreso de La República. Congresistas de la Comisión Segunda, encargada de los asuntos internacionales y de seguridad nacional, en cabeza de Mauricio Lizcano, citaron al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas que rinda un informe sobre el actual estado del sistema de defensa, de la Fuerza Aérea y de la capacidad del conjunto de las Fuerzas Militares para enfrentar un  eventual conflicto con Venezuela a raíz de las recientes incursiones de sus aviones sobre cielo Colombiano. Villegas faltó a la primera cita pero el llamado del congreso esta vigente.

    El amigo de Santos presente en la contratación del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea ¿Qué pasa con el mantenimiento de las aeronaves?

    Los ojos están puestos en la empresa del empresario antioqueño Felipe Jaramillo encargada del mantenimiento de algunos de los helios siniestrados.

    Pero, ¿Quién es este hombre cercano a Juan Manuel Santos y favorito en la contratación del sector Defensa?

    Felipe Jaramillo Samper tiene le negocio de armas en las venas. Desde el final de la II Guerra Mundial, su abuelo General y ministro de defensa de la época, fue el encargado de hacer el empalme con la comisión de los ‘’aliados’’ que llegaron a Colombia a vender los desarrollos tecnológicos para la guerra, cimentando un negocio que se ha manido en manos de su familia por tres generaciones.

    Entre 2006 y 2013 tres de las firmas de Jaramillo, -Helicentro Ltda, Alfonso Jaramillo & Cía y Ancla Ltda- han participado en la contratación del sector defensa con 21 contratos por valor cercano a los $55 mil millones, en su mayoría para realizar el mantenimiento y reparación de los helicópteros de combate y para compra de diferente tipo de armamento.

    De echo fue el intermediario para la adquisición de 121 mil pistolas tipo Sig Sawer, de las cuales el 6% llegaron defectuosas y cuyas irregularidades contractuales, generaron investigaciones vigentes en Alemania, en Estados Unidos y en Colombia.

    Jaramillo está nuevamente en la mira. La caída en los últimos meses de un aviones y helicópteros, como el Black Hawk que se siniestro en el Urabá, al parecer por fallas técnicas y que cobró la vida de 27 oficiales de la Fuerza Aérea, han despertado las preguntas en la Fuerza Aérea por el atraso y los presuntos incumplimientos de su firma en algunas de las Aeronaves.

    La empresa encargada del mantenimiento  y reparación de estas aeronaves es Helicentro SA, una firma de Felipe Jaramillo, señalada por los mismos jefes de la Fuerza Aérea por incumpliendo en el mantenimiento de las aeronaves.

    Mediante un informe de 15 páginas elaborado por la Jefatura de Aviación del Ejército fechado en diciembre de 2013 los oficiales ya le advertían al entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre el incumplimiento por parte de Helicentro en el mantenimiento de aviones y helicópteros.

    Presidente Juan Manuel Santos

    Felipe Jaramillo Samper es una persona cercana al presidente Santos. Su amistad trasciende al plano familiar  como contó en el 2009 el periodista Gerardo Reyes en esta investigación para el periódico El Nuevo Herald titulada: “Investigan por favoritismo a ex ministro de Defensa”.

     Se trata de una cercanía que Jaramillo ha visto reflejado las cifras de sus balances financieros en últimos años: entre 1998 y 2005 su firma Helicentro obtuvo ganancias por $572 millones, pero desde 2006 esas utilidades se multiplicaron alcanzando ganancias cercanas a $3.447 millones.  Otro de sus negocios, la sociedad Alfonso Jaramillo y Cía., aumentó en 324% sus ingresos en los mismos periodos -2006-2012- incrementando en 1464% sus utilidades.

    Posterior al informe de advertencia de la Jefatura de Aviación del Ejército, conocido por el exministro Juan Carlos Pinzón y el Presidente Santos, Jaramillo continuó con éxito en la contratación:  ésta misma empresa ganó tres contratos más  por valor de $5.900 millones, también para el mantenimiento y reparación de aeronaves.

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    Una coronel denunció cargos fantasmas en la Policía

     

     

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    Así funcionaba la red de tráfico de armas en el Ejército

    Un suboficial activo y otro retirado, tres exintegrantes de la Policía y dos particulares fueron capturados.



    • Ejército: nuevo caso de tráfico de armas
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     Un nuevo escándalo enfrentan este martes las Fuerzas Militares, al conocerse que varios militares y civiles están involucrados en el tráfico de material de guerra que terminaba en manos de las FARC y el Clan Úsuga.

    Todo empezó por procesos judiciales que se iniciaron en el 2012 y que llevaron a una operación el año pasado en la que se capturaron 14 integrantes de una organización criminal de tráfico de armas, entre los que se encontraban el teniente coronel (r) Róbinson González del Río.

    La operación militar permitió la captura de ocho personas, un suboficial activo del Ejército, un suboficial retirado y tres exintegrantes de la Policia y dos particulares.

    Para sacar las armas del inventario de las Fuerzas Militares, los hombres manipulaban el Sistema de Aplicación y Producción de Procesamiento de Datos (SAP), en el que emitían conceptos falsos de pérdida de material como armas y municiones.

    Señalaron también que luego de que el material bélico salía de las unidades militares, era almacenado en viviendas particulares. De allí, los responsables sacaban el material en pequeñas cantidades y lo enviaban a grupos delincuenciales a través de empresas de transporte público o encomiendas.

    "En el allanamiento realizado a la propiedad de uno de los capturados en Bogotá se halló un taller para el acondicionamiento de fusiles, lanzagranadas MGL y ametralladoras; allí se encontraron repuestos para estas armas y una sastrería con gran cantidad de tela de uso privativo de la fuerza pública", señaló el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo.

    Las detenciones se llevaron a cabo en Bogotá, Barrancabermeja, Villavicencio y Funza. Los detenidos, que serán trasladados a Bogotá para las audiencias de legalización e imputación de cargos, serán inculpados por los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir.

    Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/ejercito-nuevo-caso-de-trafico-de-armas/451800-3

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    En riesgo suministros a comedores y centros de abastecimiento de las Fuerzas Militares

    Después de 8 años y de invertir $12.002,3 millones, la entidad no cuenta con un Sistema Integrado de Información.

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    Foto: Archivo

    Se evidenció deficiencias en las cantidades y calidades de insumos suministrados a los centros de abastecimiento.

    En riesgo está la sostenibilidad financiera de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por el déficit operacional de 9.413 millones de pesos que presentan 5 de sus 12 unidades de negocios: Centros de Abastecimiento, Raciones de Campaña, Comedores de Tropa, Contratos y Haciendas.

    Un informe de la entidad de control de las finanzas públicas indica que el déficit operacional señalado se origina en una reducción del 6.9% en la utilidad bruta de estas unidades de negocios, porcentaje que no alcanza para cubrir los gastos operacionales que ascienden al 8.49% de los ingresos.

    La situación descrita puede generar incumplimiento de los objetivos propuestos y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad, precisa el informe de prensa.

    Resalta la contraloría General que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares atiende su objeto misional a través de la suscripción de convenios interadministrativos y de cooperación con otras entidades, para la atención de proyectos de abastecimiento, suministro o ejecución de obra pública.

    El examen efectuado a la firma y posterior ejecución de dichos convenios concluyó que se presentan deficiencias en los estudios previos que soportan los procesos, situación que se refleja en constantes prórrogas y modificaciones a las especificaciones requeridas, lo que afecta la oportunidad que debe en la aplicación de recursos públicos.

    Se destacan las conclusiones obtenidas del análisis a dos convenios suscritos entre la Agencia, la USPEC, el INPEC y la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional, cuyo objeto era aunar esfuerzos para la generación de cupos en los establecimiento carcelarios de Tierralta – Córdoba y La Pola en Guaduas – Cundinamarca.

    Los convenios citados se pactaron a finales del año 2013 con un plazo inicial de 7 meses y un monto inicial de $47.358 millones, de los cuales se giraron 50% a la Agencia Logística, e incluían como parte del objeto contractual la definición de los diseños y el presupuesto definitivo.

    Luego de sucesivas prórrogas que ubican como plazo final el 31 de diciembre de 2015 (tres veces el plazo inicial), se fijó un presupuesto final por 64.478 millones de pesos. Se han ejecutado 2.176 millones de pesos y no se ha generado ningún nuevo cupo carcelario, con lo que no se disminuyó el hacinamiento de estos establecimientos, objetivo principal de los acuerdos.

    Otras contrataciones materia de examen fueron los convenios de cooperación suscritos por la Agencia en su condición de operador logístico, encaminados a atender los planes de inversión de los recursos que transfieren las empresas de los sectores Energético Minero, telecomunicaciones y de Infraestructura a las Fuerzas Militares a través del ministerio de Defensa Nacional.

    Por deficiente planeación, los recursos comprometidos quedan congelados en el tiempo y las Fuerzas siguen sin cubrir las necesidades que motivaron los desembolsos.

    Se evidenció parálisis en la ejecución de los recursos transferidos, destinados a la obtención de bienes y servicios prioritarios para la Fuerza Pública, como se concluyó de la inactividad de 7.508,9 millones de pesos desde 2013, correspondiente a anticipos de convenios suscritos en las vigencias 2009-2012, o saldos pendientes de legalizar por 1.030 millones de pesos, lo que redundó en baja ejecución de dichos convenios y gestión ineficiente de los recursos administrados.

    En visitas realizadas por la Contraloría a los comedores de tropa administrados por la Agencia se evidenció deficiencias en las cantidades y calidades de insumos suministrados para la atención de los mismos, lo que impacta negativamente el servicio de alimentación de las unidades militares encargadas contractualmente a la entidad. 

    Adicionalmente se detectaron deficiencias en el manejo y registros en el aplicativo CONAL y administración de productos y materia prima en los Centros de Abastecimiento y Distribución - CAD y Comedores de Tropa, consistentes en incumplimiento de los procedimientos establecidos para el almacenamiento, debilidades de control y monitoreo al manejo de inventarios e insuficientes labores de supervisión contractual.

    Luego de 8 años y 12.000 millones de pesos, la Agencia continúa sin Sistema Integrado de Información, resalta el informe de prensa.

    A la fecha y después de 8 años, el proyecto de inversión de la Agencia no ha cumplido a cabalidad con el objetivo de contar con un sistema integrado de información.

    Se evidencia que se han ejecutado 12.002 millones de pesos, de los cuales el mayor porcentaje se ha dedicado al fortalecimiento de la infraestructura física y de conectividad, pero en lo correspondiente a la implementación del sistema ERP sólo se cuenta con el módulo HCM, que presenta algunas deficiencias en su operatividad e interactúa sin establecer interfaces con otros aplicativos pre-existentes en la entidad

    Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...es-y-centros-de-abastecimient-articulo-605538

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    Sargento que vendía a bancos datos secretos de servidores de Fuerzas Militares aceptó cargos

    La sentencia se proferirá el próximo 15 de febrero.

    Ante un juez de garantías, el considerado líder de la organización al margen de la ley dedicada a vender datos secretos de los servidores y funcionarios de las Fuerzas Armadas de Colombia, sargento Carlos Andrés Erazo Santacruz, aceptó ser el responsable de los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales agravado y continuado, cohecho propio y utilización indebida de información oficial privilegiada.

    Con base en comunicaciones anónimas allegadas a la Fiscalía General, un grupo de investigadores determinó que varios uniformados del Ejército Nacional se dedicaban a la venta de información confidencial a entidades bancarias y a particulares mediante el servicio de códigos de acceso a las redes informáticas del Ministerio de Defensa Nacional.

    “Usaban programas remotos, USB y CD, ofrecía puntos de acceso fijos a la base de datos para consultar la nómina de las Fuerzas Armadas con la instalación de un nodo mediante un software denominado Team Viewer comúnmente llamado Lobo”, sostuvo el fiscal que asumió el caso.

    Agregó que “usaba información de seguridad nacional que puso en riesgo la integridad de los funcionarios y la de sus familias”.

    Entre tanto, el juzgado de garantías a cargo del estudio del proceso establecerá si el allanamiento a los cargos cumple con los requisitos de ley y de esa manera un juez de conocimiento profiera sentencia el 15 de febrero próximo.

    Fuente: http://www.elespectador.com/noticia...tos-secretos-de-servidores-de-articulo-610717

  • Caballero Negro
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    Contraloría reveló que existe riesgo financiero en la agencia de logística de las Fuerzas Militares

     

    https://www.youtube.com/watch?v=FXVAOZO8X7c

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    Reportaje: Acusan en Colombia a Ángela Buitrago, del GIEI, de prevaricación

     

    https://www.youtube.com/watch?v=5s9QG7RqeOI

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    Quienes están en la mafia están muertos de la risa y no les ha pasado nada: Ortega

    Juan Ricardo Ortega señaló que las verdaderas mafias al interior de la Dian.

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    La naviera francesa de contenedores CMA-CGM anunció que arribará con una frecuencia semanal a la terminal de contenedores del Puerto de Santa Marta operada por la empresa filial SMITCO, asunto que conectará a la ciudad y los productos nacionales con los mercados internacionales por medio de 200 rutas, 400 puertos, pertenecientes a 150 países donde opera CMA-CGM, generando con ello desarrollo, ingresos y empleo para los samarios.

    La llegada de CMA-CGM confirma que Santa Marta está en la mira de las navieras más influyentes del mundo, en gran medida por el nivel de carga, las eficiencias demostradas, las bondades naturales del terminal con su profundidad natural de más de 120 pies en el canal de acceso y la vocación agro industrial del Magdalena, así como la posibilidad de reactivar en el mediano plazo el transporte de carga por modo férreo hasta La Dorada, Caldas, lo que de concretarse redundará en importantes descensos en los costos logísticos.

    Para Mauricio Suárez Ramírez, presidente del grupo empresarial Puerto de Santa Marta, el logro de la entrada de CMA-CGM es muy importante. “Hoy estamos en la mira de las navieras más importantes e influyentes del mundo, una excelente oportunidad para conectar, los productos nacionales con muchos más mercados internacionales”, dijo.

    Por otra parte, el Puerto de Santa Marta presenta un importante crecimiento en el primer bimestre de 2016 y cierre final del 2015, evidenciando un aumento total en el movimiento de cargas por el terminal del 37% con respecto al mismo periodo del año anterior.

    Este crecimiento esta soportado principalmente en las siguientes cifras: La carga de contenedores de banano de exportación cuya cifra en el año 2015 sobrepasa los 170 mil TEU, la importación de más de 1.7 millones de toneladas de graneles, la llegada al país de más de 35 mil unidades de vehículos y 90 mil toneladas de aceite de palma vegetal que fueron exportadas a través del Puerto de Santa Marta.

    A lo largo del 2015 el puerto registró récords nacionales de eficiencia en el desarrollo de todas las operaciones mencionadas.

    Para el2016, el terminal samario adelanta dentro del plan de inversiones convenido con el gobierno nacional por 127,4 millones de dólares, la construcción de 4 silos nuevos de almacenamiento de graneles limpios por 5.3 millones de dólares; infraestructura en muelle para almacenamiento de líquidos por 4.5 millones de dólares y el refuerzo del muelle número 5 por valor de 300 mil dólares. 

    Fuente: http://www.wradio.com.co/noticias/r...s-grande-del-mundo/20160315/nota/3084476.aspx

     

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    El fin del carrusel de las Fuerzas Militares

    Un botín de más de 50.000 millones de pesos logró la red de militares y médicos que perpetraron un gigantesco fraude con indemnizaciones y pensiones en las Fuerzas Militares.

    [​IMG] El fin del carrusel de las Fuerzas Militares Foto: Javier De La Torre

    Hace pocos días la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía y la Policía les quitó 50.000 millones de pesos a los integrantes de una compleja red, que por años estuvo enquistada en el sistema de salud y pensiones de las Fuerzas Militares.

    Junto con integrantes de la Dijín, el 4 de mayo miembros del CTI y fiscales incautaron más de 20 lujosas casas, fincas, apartamentos, vehículos y establecimientos de comercio que adquirieron los integrantes de esta banda en ciudades del país como Bogotá, Villavicencio y Popayán. Se trató de la primera operación de este estilo, en donde la Justicia recupera parte del botín de uno de los mayores fraudes al sistema pensional de las Fuerzas Armadas.

    La historia de esta operación comenzó en julio de 2013. En ese entonces una auditoría de la Dirección de Sanidad del Ejército descubrió un déficit en sus balances de pensiones e indemnizaciones. La irregularidad fue denunciada por los militares ante la Fiscalía que, junto con la Dijín, comenzó a investigar el tema sin saber que estaba por descubrir una gigantesca olla.

    Los investigadores encontraron la primera pista en las afueras del Batallón de Sanidad del Ejército en Bogotá. Allí varias personas repartían volantes que ofrecían “asesoría para el trámite de pensiones”. Un agente encubierto de la Dijín, simulando ser un militar, llamó a los números que aparecían en ese papel. Al otro lado de la línea le contestó un sargento retirado que le informó que debía consignar 2 millones de pesos para iniciar el proceso y al finalizar tenía que entregar otros 20 millones.

    Tan solo un par de días más tarde el infiltrado fue citado al consultorio de una psiquiatra con el rango de teniente coronel. En cuestión de minutos le entregó un certificado según el cual tenía una discapacidad. De esa oficina pasó rápidamente a otra, de una coronel, también psiquiatra, que ratificó el concepto de su colega. Con una velocidad impresionante visitó a un traumatólogo y a un ortopedista, con rango de mayor, quien le entregó un tercer certificado que ratificaba los otros dos conceptos.

    Una semana más tarde, el infiltrado recibió una llamada de un capitán de la oficina de prestaciones sociales en la que le notificaba que podía pasar a reclamar los 45 millones de pesos que le habían liquidado por sus “incapacidades”. Sin el menor esfuerzo, y sin ningún tipo de derecho legal a recibir indemnización alguna, el infiltrado obtuvo ese generoso cheque. Esa fue tan solo la punta del iceberg.

    Los investigadores descubrieron que la red aplicaba ese modus operandi también en otras ciudades como Fusagasugá, Neiva, Ibagué, Bucaramanga, Yopal y Medellín. El sargento retirado coordinaba con un abogado que se encargaba de conseguir los médicos en varios lugares del país a quienes les consignaba 5 millones de pesos por cada dictamen irregular. Los investigadores inicialmente detectaron más de 200 casos de pagos por falsas incapacidades. La situación llegó a ser tan aberrante que incluso varios exmilitares condenados y detenidos por los llamados falsos positivos recibieron millonarios pagos. Esa, sin embargo, no era la única modalidad de estafa.

    Otra de las ‘opciones’ que ofrecía la banda tenía que ver directamente con las pensiones. A cambio de pagarle a la red 40 millones de pesos, sus miembros se comprometían a alterar los sistemas para reconocer pensiones a personas que aún no tenían la totalidad de las semanas de servicio para acceder a ese derecho. En algunos casos, por 20 millones adicionales la banda lograba que la liquidación fuera más alta al anexarle certificados médicos según los cuales el beneficiario sufría de discapacidades graves y permanentes por cuenta de lesiones en supuestos combates o como consecuencia de actos del servicio. De ese modo, alguien que iba a recibir el 70 por ciento del salario de su rango pasaba a obtener el 90 y hasta el 100 por ciento.

    Después de meses de una investigación que contó con el apoyo de contrainteligencia del propio Ejército, las autoridades establecieron que 35 personas conformaban la red, que actuaba en prácticamente todo el país. De ellos 14 eran militares activos de varios rangos y 15 retirados que se encargaban de ‘ofrecer los servicios’ a sus colegas. Cinco médicos y un abogado completaban la banda. En abril de 2015 arrestaron a todos ellos en una operación simultánea. En ese momento la Fiscalía estimó que el desfalco rondaba los 25.000 millones de pesos. No obstante, las pesquisas no terminaron en ese momento.

    Durante los siguientes 12 meses los investigadores se dedicaron a rastrear los bienes obtenidos ilegalmente por cada uno de los integrantes de la red. Ese minucioso trabajo terminó hace pocos días. Tras los análisis contables se logró establecer que el verdadero monto del desfalco llegaba al doble de lo calculado inicialmente y alcanzaba la astronómica suma de 50.000 millones de pesos.

    Incautaron e iniciaron el proceso de extinción de dominio a todos los bienes y propiedades adquiridos para tratar de recuperar el dinero y eventualmente reintegrarlo a las arcas de las Fuerzas Militares. Este episodio es importe porque no solo se trató del primer caso que terminó con todos los responsables del carrusel tras las rejas, sino porque la Justicia logró quitarles lo que adquirieron con la estafa.

    La Fiscalía adelanta este modelo de investigación actualmente contra los integrantes del llamado carrusel de reintegros en la Policía Nacional, en el cual están involucrados periodistas, oficiales activos y retirados, abogados, jueces y magistrados, quienes mediante argucias han logrado devolver a las filas de esa institución a algunas manzanas podridas, las cuales, adicionalmente, han recibido millonarias indemnizaciones. Solo el tiempo dirá si la Justicia logra acabar con ese cartel, tal y como acaba de ocurrir con el carrusel de indemnizaciones y pensiones en las Fuerzas Militares.

    Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/fin-a-carrusel-de-pensiones-en-las-fuerzas-militares/473507

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